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Parana » AIM Digital
Fecha: 01/06/2025 13:54
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, alertaron que la falta de insumos y la desinformación ponen en riesgo la salud y autonomía de cientos de mujeres y personas con capacidad de gestar. “Según la última medición de Amnistía Internacional han subido un 275 por ciento las denuncias por barreras al aborto”, dijo a AIM Luciana Basso, comunicadora social, docente e investigadora. Sobre si ha habido aumento de denuncias por no poder acceder al aborto legal, Basso señaló a esta Agencia: “No hay datos oficiales, no están producidos por parte del Estado. La que ha habido en estos años ha sido por medio de organizaciones sociales y feministas que trabajan en relación a salud sexual ha hecho”. Destacó que: “El último informe de Amnistía Internacional en relación con el cumplimiento del aborto en Argentina dice que hay una gran ofensiva por parte del Estado nacional en relación con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Esa organización internacional tiene a disposición de la gente un observatorio en el que se pueden radicar las denuncias. Según la última medición han subido un 275 por ciento las denuncias por barreras al aborto”. El informe de Amnistía Internacional “se llama Es Por Vos, hay allí algunos datos que hablan de lo que la organización puede relevar en su medición propia”. En la implementación del derecho al aborto legal “el retroceso es bastante importante, porque junto con la falta de estos índices en relación a lo que ha ocurrido, también se han relevado algunos otros datos por parte de organizaciones que hablan de falta de insumos, de desigualdad territorial en el acceso, de falta de información sobre el derecho al aborto, de que la línea 0800 de salud sexual es inaccesible para muchas personas, y que también destacan barreras que tienen que ver con la existencia de consejerías que desinforman o pretenden disuadir a las personas gestantes que deciden una interrupción voluntaria del embarazo, que hay dilaciones y retardos injustificados en ese acceso, que llegan a ser contados por Amnistía Internacional en casi un 60 por ciento, y que hay muchas personas que reciben malos tratos por parte del personal de salud, lo cual desalienta cualquier práctica”. Basso señaló: “Es importante poder destacar que casi el 80 por ciento de las provincias argentinas en el último año han visto reducida la cantidad de métodos anticonceptivos, falta de stock de misoprostol y desabastecimiento de mifepristona y del combipack, tratamientos que están indicados en relación a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)”. En Entre Ríos se pasó de recibir en 2023 1.125.138 métodos anticonceptivos a 249.740 en este año. Los retrocesos en las políticas de acceso a la IVE “afectan a los sectores más vulnerables, las personas que menos acceso tienen a cuestiones de salud son quienes más se recientes. De hecho, en el informe de Amnistía Internacional que se conoció el 28 de mayo aparecen algunos relatos que tienen que ver con nuestra provincia donde las mujeres indican que, por ejemplo, frente a la falta o desabastecimiento de material medicinal en relación a poder llevar adelante un aborto en un servicio de salud le sugirieron que si ella quería llevar adelante la práctica debería comprar ella misma el medicamento; esta persona no tenía esas posibilidades, porque recordemos que las obras sociales también están obligadas por la ley 27610 a cubrir el acceso a la IVE y a la ILE”. “Esto afecta a las personas que menos tienen, sobre todo porque según la ley la función de proveer estos medicamentos es indelegable y es del Estado nacional. A la vez, esa provisión debe ser equitativa en insumos que son esenciales y poder dar garantía de estándaremos mínimos en materia de derechos para reducir esas brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Aquí eso no está ocurriendo”, remarcó Basso. “El aborto es ley en la Argentina, no está derogada, sí es cierto que estamos viendo muchísimos problemas y barreras para la implementación. Tenemos derecho a que eso se cumpla”, concluyó.
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