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» El Ciudadano
Fecha: 30/05/2025 01:20
Una importante protesta se llevó a cabo hoy, jueves 29 de mayo de 2025, en la Plaza San Martín, convocada por diversos sectores relacionados con los servicios de discapacidad. Trabajadores del transporte, profesionales, instituciones y familiares se congregaron frente a la sede de la Gobernación para exigir la aprobación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta manifestación sirve como antesala a una vigilia programada para el próximo miércoles, día en que se debatirá la ley en el Congreso Nacional. Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (ATRAES), resaltó la «gravísima situación» que atraviesa su sector. Explicó que la tarifa oficial del combustible para los transportistas es tres veces menor al precio real, lo que lleva a muchos a abandonar la actividad. «Estamos cerrando servicios porque no podemos sostenerlos», afirmó Bolego, enfatizando la importancia vital del transporte para muchas personas con discapacidad. Mariel Chapero, presidenta de APRIDIS y representante de las instituciones, afirmó que la «situación crítica abarca a todos: personas con discapacidad, profesionales, instituciones, transportistas. Es una cadena completa que está al borde de dejar de funcionar». Señaló que muchas organizaciones luchan por pagar salarios y mantener servicios básicos, con algunos profesionales experimentando retrasos de cinco o seis meses en los pagos. Chapero advirtió sobre nuevas medidas de fuerza la próxima semana si la ley no se aprueba. Gabriela Fernández, psicóloga y coordinadora del área de accesibilidad de la Facultad de Psicología de la UNR, describió la situación de manera contundente como un «genocidio, un exterminio». Lamentó la falta de cobertura y la desregulación del sistema, que pone en riesgo a todos. Fernández también destacó los desafíos que enfrentan las universidades públicas para apoyar a los estudiantes con discapacidad debido a la actual desfinanciación y la caída de los salarios, lo que ha llevado a un aumento en la deserción. El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, que se debatirá en el Congreso, busca salvaguardar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Esto incluye garantizar el acceso a servicios de salud, educación, empleo, pensiones no contributivas y protección social. El proyecto también busca fortalecer a los prestadores de servicios básicos y hacer cumplir las cuotas laborales para personas con discapacidad, ofreciendo incentivos a las empresas que las contraten. La próxima vigilia del miércoles coincidirá con una jornada nacional de acción que incluirá movilizaciones, actividades culturales y actos públicos en varias ciudades para visibilizar la crítica situación del sector de la discapacidad. La comunidad se mantiene en alerta, esperando la decisión del Congreso y la respuesta del poder ejecutivo si la ley es aprobada.
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