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» Diario Cordoba
Fecha: 29/05/2025 09:24
La jueza Inmaculada Iglesias ha concluido su instrucción y ve motivos para sentar en el banquillo a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, han informado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. En el auto en el que propone que sea juzgado, la jueza incide en que Alberto González Amador habría actuado siendo "conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria" y agrega que también encuentra indicios suficientes para procesar a sus socios por la facturación falsa empleada para perpetrar los delitos. Fue en marzo del pasado año cuando la Fiscalía de Madrid denunció al empresario por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil en relación con la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL. Le atribuía indiciariamente un fraude de 350.951 euros en relación con el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 a través de un entramado de facturaciones falsas y sociedades interpuestas. Posteriormente, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid a la que correspondió el asunto ha abierto una pieza separada, a instancias de las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Más Madrid, por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, para tratar de esclarecer si González Amador utilizó una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón. De forma paralela a estas investigaciones, el empresario interpuso una querella por revelación de secretos, tras la publicación en la prensa del contenido de un correo electrónico de su abogado instando a un pacto con la Fiscalía para tratar de evitar llegar a juicio por fraude, que ha terminado con el al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado ante el Tribunal Supremo. La jueza procesa a la entidad Maxwell Cremona y otras siete sociedades así como contra González Amador y otros cuatro empresarios de su entorno. Se trata de Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera, Agustín y José Miguel Carrillo que habrían colaborado en el fraude con la emisión de hasta quince facturas falsas desde las compañías de las que son responsables, que actuaron como pantalla. Autoliquidaciones "no veraces" En los razonamientos jurídicos de su auto, y tras describir los hechos delictivos --se alcanza el delito al superar el fraude los 120.000 euros anuales--, la jueza concluye que, como resultado de su conducta, el contribuyente González Amador, "conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria presentó autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades, por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces", dejando de ingresar "con su comportamiento fraudulento" una cuantía que suma algo más de 350.000 euros. Así, y "con la finalidad de reducir la tributación por el Impuesto de Sociedades" de dichos periodos, el empresario se dedujo indebidamente gastos en virtud de esa quincena de facturas "que no se corresponden con los servicios prestados" por las sociedades contra las que también se dirige el procedimiento. Principal cliente, Quirón Concreta asimismo que con la finalidad de reducir su tributación en 2021, Maxwell facturó algunos de sus servicios a su principal cliente Quirón Prevención a través de Masterman & Whitaker SL, cuyo socio y Administrador único es el propio González Amador, y que carecía de medios materiales para prestar los servicios. Con ello buscaba, según la juez, "generar bases imponibles negativas en Masterman SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener". Agrega la jueza Iglesias que los indicios de participación de los investigados en los hechos se desprenden de las actuaciones llevadas a cabo por los servicios de inspección de Hacienda y también en el elaborado por el Equipo Regional de Delito Fiscal y la documentación que se acompaña, que fueron ratificados por las peritos que emitieron los informes en sede judicial. De ello se concluye que Mawell Cremona se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas que se reputan falsas "puesto que, en esencia, no se han producido las operaciones comerciales referidas en los conceptos facturados". Por su parte, desde la defensa de González Amador se ha emitido un documentado anunciando la interposición del correspondiente recurso y denunciando la denegación por parte de la jueza de determinadas diligencias de prueba. "Partiendo de la irreparable lesión de derechos fundamentales operada en el procedimiento que nos ocupa desde antes de que existiera, las resoluciones conocidas en el día de hoy denegando la práctica de esas básicas diligencias de defensa profundizan en su lesión, impidiendo diligencias de instrucción elementales en cualquier procedimiento de esta naturaleza, por lo que esas resoluciones serán objeto de recurso", señala el abogado Carlos Neira. Por otro lado, ha quedado fuera del procedimiento el fiscalista Javier Gómez Fidalgo, que fue quien representó a la compañía ante Hacienda. El abogado, cuya citación fue solicitada por la Fiscalía de Madrid, fue el autor de las autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades ante Hacienda.
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