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Parana » ER 24
Fecha: 28/05/2025 02:25
Denunciarán penalmente al exjuez Walter Carvallo por conceder una probation ilegal a empresarios vinculados al poder político El recientemente jubilado juez Walter Carvallo será denunciado penalmente por haber concedido una probation en condiciones manifiestamente ilegales a un grupo de empresarios acusados de fraude con fondos públicos. La medida, sostenida por los fiscales Santiago Alfieri y Álvaro Piérola —exyerno de la exministra Rosario Romero—, se dictó pese a que no se daban los requisitos legales para acceder a ese beneficio. La causa había llegado hasta el Superior Tribunal de Justicia, donde la Sala Penal presidida por Daniel Carubia —el juez más antiguo del alto cuerpo, ingresado en 1988 durante el gobierno de Jorge Busti— ordenó la revisión de la negativa original. Ese aval judicial fue clave para que Carvallo, en plena cuenta regresiva hacia su jubilación, firmara el beneficio que liberó de toda responsabilidad penal a los empresarios. El trasfondo del caso deja al desnudo una lógica perversa: mientras los empresarios zafaron del juicio, los funcionarios municipales que les exigieron completar la obra pública —agregando siete cuadras más de asfalto al proyecto original— fueron perseguidos penalmente. La obra, que había llegado desde Buenos Aires como un “paquete cerrado” con precios y condiciones que, según fuentes, eran manejadas directamente por el entonces ministro Adán Bahl, fue observada por el municipio por su elevado costo. Frente a esto, las autoridades locales impusieron mayores exigencias técnicas y una ejecución más amplia. El resultado fue grotesco: los que hicieron cumplir la ley terminaron acusados, mientras que los beneficiados por los contratos originales quedaron impunes gracias a la intervención de Carvallo, con la complicidad fiscal y la bendición del Superior Tribunal. Durante años, el Jurado de Enjuiciamiento se negó a investigar el accionar del juez. Recién ahora, consumada su jubilación, se presentará una denuncia penal que busca que el exmagistrado rinda cuentas por su rol en un proceso que huele a arreglo judicial al más alto nivel. Aunque la expectativa institucional es baja —en un sistema que rara vez investiga a sus propios miembros—, la presentación puede escalar hasta la Corte Suprema o incluso a organismos internacionales, como ejemplo de impunidad estructural en la justicia entrerriana. Cuando los que exigen transparencia son perseguidos y los que arreglan por detrás son premiados, el problema no es el sistema: es quiénes lo manejan.
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