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» El Ciudadano
Fecha: 27/05/2025 15:50
La analogía no es perfecta pero sí ilustrativa. Si el propietario de una casa no la mantiene para «ahorrar», el precio del inmueble se desploma y al momento de reparar lo roto sin remedio y lo que quedó obsoleto, el costo termina siendo mucho mayor. Parecido ocurre con la obra pública que el Gobierno de Javier Milei frenó para alcanzar un equilibrio fiscal de dudosa sostenibilidad. No lo dice la oposición ni grupos de izquierda: con cálculos y cifras, lo expuso la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). El informe precisa que las rutas, hospitales, redes de agua y cloacas, escuelas y otros bienes estratégicos abandonados al deterioro pierden valor, en total, a un ritmo de 25 mil millones de dólares anuales. Y agrega: para reconstruir esa infraestructura deteriorada porque el Estado no cumple con sus obligaciones se necesitarán 1.4 billones de dólares. En términos del PBI, son 2,5 veces el valor de todo lo que produce el país en un año. Parece mal negocio para el desarrollo nacional. Lo «barato» sale muy caro El estudio de Camarco fue publicado este lunes por el portal LPO pero tiene fecha de diciembre del año pasado. Se titula El Capital de Infraestructura Pública en Argentina – Inversión, Stock y Depreciación de la Infraestructura. Lo elaboró el Área de Pensamiento Estratégico de la cámara empresaria. El informe, aun centrado en los intereses corporativos de las empresas del sector, da por tierra con los cortoplacistas planes oficiales enfococados en que cierre una plantilla de Excel a la que le faltan varios casilleros. Depreciación Infraestructura Publica informe de Camarco by Claudio de Moya Lo hace con elemental didáctica: «Ese stock de capital del país se deprecia a lo largo de la vida útil y debe ser reemplazado, para mantener la competitividad del país. Para la nueva construcción, debe erogarse el Valor de Reposición del bien». Y sigue, en modo de teoría básica ausente en los argumentos libertarios: «Aunque se realice un adecuado mantenimiento, el bien se deprecia por el paso del tiempo, hasta llegar al fin de su vida útil. A cada momento hasta entonces mantiene un Valor Actual o Remanente, neto de Depreciación. Según su estado, puede estimarse una Vida Útil Remanente». Sin pan para hoy, con hambre para mañana Camarco estima que el Valor de Reposición del Capital de Infraestructura de uso público en el país es de 2,56 veces el PBI. Y calcula que el Valor Actual de la Infraestructura de uso público depreciada es 1,14 veces el PBI. Según el informe, el 52% de esos activos estratégicos para la producción y el bienestar están hoy gestionados por concesionarios, prestatarios u operadores privados. Sin embargo, la propiedad continúa siendo del Estado, responsable de su mantenimiento y mejora. Y si no se obliga al privado a mejorarlos, el costo de la desidia, muy superior al declamado ahorra momentáneo, lo termina pagando el conjunto de la sociedad. En palabras libertarias, «con la nuestra». «A nivel país, Argentina tiene un stock de capital, compuesto por un lado por construcciones, equipos de producción y de transporte, privados, de uso privado. Por el otro lado, cuenta con activos de infraestructura de uso público como usinas, presas, redes eléctricas y de gas, redes de comunicación, caminos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, servicios de agua, saneamiento, desagües, equipamiento urbano, hospitales, escuelas, cárceles, etc. Ese bien, de uso público, puede haber sido construido, y ser operado, por el sector público o privado» señala el informe. Críticas desde adentro La poderosa Cámara, que conduce Gustavo Weiss, hace foco así en la creciente perdida de valor de la infraestructura nacional al compás de la destructiva motosierra. Y enfatiza, desde posiciones ideológicas afines al Gobierno y desde sus intereses sectoriales, que detonar la pública sale muy caro. Lo contrario del relato oficialista. Más allá de lo que mueve a las grandes constructoras, que defienden su actividad y ganancias, el abandono de la obra pública se traduce en mayor siniestralidad vial por las rutas destruídas, peor calidad educativa por falta o desmejora de edificios escolares, atención riesgosa en hospitales por condiciones edilicias fuera de mínimos estándares sanitarios y otros aspectos que la «mirada macro» desprecia.
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