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Concordia » 7paginas
Fecha: 25/05/2025 09:44
Preocupaciones por la infraestructura y derechos humanos Uno de los principales cuestionamientos del dirigente vecinalista apunta a la ausencia de establecimientos adecuados en Entre Ríos para aplicar penas privativas de libertad a adolescentes. “La provincia no cuenta con espacios que cumplan con las condiciones necesarias para garantizar los derechos humanos ni promover la reinserción social de menores en conflicto con la ley”, advirtió Olivera. Según el referente político, este déficit podría generar serias complicaciones si se aprueba el nuevo régimen, ya que se pondría en riesgo el cumplimiento de estándares mínimos en materia de derechos y garantías para jóvenes infractores. Un régimen vigente que debe ser considerado Olivera también recordó que Entre Ríos ya posee un marco legal específico para el abordaje penal juvenil, establecido en la Ley Provincial N° 10.450. Esta norma regula el proceso penal para niños y adolescentes en el territorio entrerriano. En ese sentido, enfatizó la necesidad de que cualquier modificación del régimen nacional tenga en cuenta la legislación provincial vigente, a fin de evitar contradicciones y asegurar una implementación coherente. La propuesta nacional en debate El proyecto que se discute a nivel nacional busca derogar las leyes 22.278 y 22.803, en vigencia desde 1980, las cuales establecen que los menores de 16 años no son punibles. Con esta iniciativa, se busca instaurar un nuevo régimen penal juvenil que reduzca la edad de punibilidad a los 14 años, lo cual ha generado un amplio debate en todo el país. Llamado a un debate profundo y responsable Para Olivera, más allá del debate sobre la edad mínima de punibilidad, lo fundamental es garantizar que existan las condiciones materiales y humanas para aplicar la ley de forma efectiva. “No se puede avanzar en una reforma de esta magnitud sin antes evaluar la capacidad del sistema para contener, educar y reinsertar a los jóvenes en conflicto con la ley”, concluyó. Desde el Partido Vecinalista entrerriano se plantea la necesidad de un enfoque más integral, que no se limite solo al castigo, sino que priorice políticas públicas orientadas a la prevención, protección de derechos y rehabilitación de adolescentes en situaciones vulnerables. En definitiva, el proyecto de ley abre un debate necesario, pero también exige respuestas concretas a las falencias estructurales del sistema, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde las condiciones actuales distan mucho de ser las adecuadas para enfrentar un cambio de este calibre. Redaccion de 7Paginas
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