24/05/2025 03:01
24/05/2025 03:00
24/05/2025 02:59
24/05/2025 02:58
24/05/2025 02:57
24/05/2025 02:56
24/05/2025 02:53
24/05/2025 02:53
24/05/2025 02:51
24/05/2025 02:50
» Comercio y Justicia
Fecha: 23/05/2025 22:10
“La actuación directa de un órgano especializado resulta conveniente con el objetivo de garantizar una defensa más eficiente, evitando dilaciones innecesarias frente a plazos procesales perentorios y, con frecuencia, exiguos. Esto se torna especialmente necesario en pleitos de trascendencia institucional y patrimonial”. Bajo esa premisa, la Corte Suprema resolvió asumir de manera progresiva la representación legal de sus propios intereses en las causas judiciales en las que es parte como actora o demanda. Hasta ahora, la tarea estaba a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación. La medida busca reforzar la independencia funcional y orgánica del Poder Judicial. La decisión se tomó a través de la resolución 931/2025, que habilita a los abogados de la Dirección de Asuntos Contenciosos (DAC) de la Corte a ejercer su representación en ámbitos judiciales, extrajudiciales y administrativos. Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se tomó para garantizar una defensa más eficiente, a fin de evitar demoras; en especial, en procesos de alto impacto institucional o patrimonial en los que la Corte es parte. “A fin de ir asumiendo de forma progresiva y coordinada las funciones precedentemente descriptas sin afectar el ejercicio del derecho de defensa del Tribunal, resulta necesario requerir al Ministerio de Justicia de la Nación que, por medio del área que corresponda, comunique de forma inmediata a la Dirección de Asuntos Contenciosos del Tribunal la iniciación de todo juicio en que esta Corte sea parte, así como de los demás actos procesales que requieran su intervención”, dispusieron los jueces. Aclara que los abogados de la DAC podrán desempeñar su función manteniéndose bajo el régimen de incompatibilidades previsto por el decreto-ley 1285/58 y el Reglamento para la Justicia Nacional. Además, precisa que que no percibirán honorarios por su labor en juicio, ya que se trata de agentes públicos con remuneración fija. La Corte facultó al titular de la Secretaría Jurídica General a otorgar poderes generales a los letrados de la DAC y lo instruyó a dictar las disposiciones operativas necesarias para el funcionamiento efectivo de la dependencia. Con la intervención en los juicios, la Corte asumirá la totalidad de los costos de la actuación profesional de sus abogados, lo que incluye el pago de impuestos, tasas, contribuciones, matrícula profesional y cualquier otro gasto derivado de su intervención en juicio. También se dispuso que los honorarios que pudieran regularse como parte del proceso judicial deberán transferirse a una cuenta oficial de la Corte Suprema. Los abogados de la DAC podrán matricularse en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal para intervenir en causas dentro de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, la Oficina de Matrícula de la Corte se encargará de gestionar las inscripciones necesarias para que los letrados puedan litigar en los tribunales federales de cada una de las provincias del país. “La independencia orgánica y funcional del Poder Judicial de la Nación, que se sustenta en el principio republicano de la división de poderes, requiere acciones positivas por las que se ponga de manifiesto el rol de esta Corte Suprema como cabeza de dicho poder”, señalaron los supremos.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por