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» Comercio y Justicia
Fecha: 23/05/2025 10:42
El gremio de los empleados públicos votará hoy la propuesta negociada con la Provincia. La oferta, según fuentes del Ejecutivo, no se aparta de los recursos afectados para afrontar, por ejemplo, el convenio con la UEPC. Incluye blanqueos de sumas no remunerativas, cláusula gatillo por inflación y avanzar en la puesta en vigencia de la Ley de Equipos de Salud, reclamo que fue el que más dificultades generó, por el costo fiscal de la medida. Con los judiciales ahora en una mesa de diálogo, la Provincia neutraliza un conflictivo inicio de año y se asegura paz social para 2025 Por Alfredo Flury El gobernador Martín Llaryora cerrará finalmente en las próximas horas un frente clave que había derivado en un prolongado conflicto con los gremios estatales por reclamos salariales, al acordar con las autoridades del SEP la paritaria por los próximos 12 meses. El acuerdo con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que se terminó de definir ayer por la tarde y que hoy será votado por un plenario del gremio, se alcanzó luego de más de un mes de medidas de protestas. Tras el acuerdo firmado con la UEPC a principios de año y después de dos paros, quedaban pendientes las paritarias de gremios habitualmente más dóciles a la hora de acordar. Sin embargo, la situación económica cambió, la inflación recrudeció en marzo, el Gobierno nacional devaluó y el contexto complicó la discusión con el SEP y otros gremios que aún no habían negociado su acuerdo salarial. En ese marco, y luego de un largo conflicto que incluyó asambleas y movilizaciones, la Provincia terminó por darle forma ayer al acuerdo con el gremio que conduce Sergio Castro. Los detalles El texto que se votará hoy en el plenario del SEP, incluye un acuerdo por un año de plazo, en línea con el que suscribieron los docentes. En ese marco, el Gobierno accedió a blanquear en parte las cifras no remunerativas que reclamaba el sindicato para fortalecer el básico. En tanto, el convenio contempla la aplicación de una cláusula gatillo por inflación mensual y revisión de la marcha de la paritaria para, eventualmente, corregir los porcentajes de aumento. Al mismo tiempo, incluye un tema muy sensible para los empleados del sector salud y que el SEP reclamaba pero que, por el costo fiscal de su aplicación, la Provincia pretendía dejar de lado por ahora. Se trata de la puesta en vigencia de la Ley Nº 10889 de Salud y su decreto reglamentario que, en los hechos, implica un aumento salarial de peso para los equipos de salud de los diferentes hospitales públicos. De hecho, ese punto fue el principal escollo para cerrar un acuerdo antes. Desde la Provincia aducían que no iban a firmar una paritaria con el SEP que implicará destinar más fondos que el acordado con la UEPC. O sea, que el costo fiscal por empleado, no superara el que firmaran los docentes. Sin embargo, finalmente el gobernador Llaryora resolvió poner en marcha esa norma a través de un decreto reglamentario que la convierta en operativa. Las modificaciones de la norma que impulsaron entre otros el ex titular del SEP y entonces legislador José Pihén, apuntaron a unificar el régimen laboral de todos los empleados del Ministerio de Salud de la Provincia. Además de actualizar los requisitos de formación del personal de los hospitales públicos provinciales. Esa normativa, en la práctica, se traduce en una sustancial mejora salarial para determinados sectores del área Salud. De hecho, en reclamo de la puesta en vigencia de esa norma, motivó movilizaciones en el Polo Sanitario. De cualquier manera, la activación de la ley no implicará en lo inmediato un aumento en los ingresos de los equipos de salud. “El Gobierno se tomará su tiempo para hacerla efectiva”, indicó una fuente a Comercio y Justicia. Por lo demás, si el SEP acuerda hoy, se sumará a la UEPC y a la Unión Personal Superior (UPS) que representa a los jerárquicos y que, en líneas generales, respeta el espíritu de la paritaria suscripta con los docentes. El convenio con el gremio que conduce Sergio Castro incluirá el pago de un retroactivo al mes de abril, toda vez que la paritaria anterior venció el 31 de marzo. De firmarse ese acuerdo, Llaryora se habrá asegurado paz social con los estatales hasta el año próximo, tema no menor en función de cómo había comenzado el año y en el marco de un 2025 que incluye elecciones nacionales en octubre próximo. En cuanto a los judiciales, el lunes mantendrán una primera reunión con autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) convocada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, para intentar encaminar un diálogo hasta ahora interrumpido (ver pág. 4A). Suoem Párrafo aparte para el Suoem. El gremio de los empleados de la Municipalidad de Córdoba mantiene desde hace tiempo un plan de lucha por mejoras salariales, por ahora sin respuesta por parte de la administración de Daniel Passerini. La conciliación obligatoria es una herramienta que cada vez cobra más fuerza como alternativa para desactivar, al menos de manera momentánea, un conflicto que no parece tener una salida en lo inmediato.
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