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» Comercio y Justicia
Fecha: 23/05/2025 09:55
El Gobierno profundiza su política desreguladora. Esta semana, a través del Decreto 339/2025, eliminó una serie de programas destinados a las PYMES, creados mediante las leyes 24.467 y 25.872, al considerar que eran “distorsivos de los precios”, que impedían “la dinámica natural del libre mercado” y que iban en contra de lo ordenado mediante el Decreto 70/23. “Deviene necesario avanzar hacia un modelo económico que promueva la desregulación y la eliminación de barreras e incentive el libre mercado”, fundamentó el Ejecutivo, con base en aquella norma y las facultades otorgadas en la Ley Bases. En esa línea, el texto oficial expuso que, en el contexto actual, en el que las políticas del Gobierno Nacional se enfocan en reducir la intervención estatal y en maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, resulta imperioso revisar aquellas funciones que “puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal”, asegurando así que “los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva”. Con la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía Luis Caputo, se dejaron sin efecto los artículos 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 105 de la Ley 24.467 y sus modificatorias y los artículos 1 al 9 y 12 al 14 de la Ley 25.872. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elogió la decisión en su cuenta de la red social X. Aseguró que los programas eran “ineficientes, discrecionales y estériles” y que implicaban “un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados”. En este sentido, reveló que entre ellos había agencias que nunca se desplegaron, programas sin ejecución, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, vínculos forzados entre PYMEs y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad, apoyo tecnológico e internacionalización “que no lograron nada” y “una burocracia costosa sin impacto”. Al respecto, puntualizó que un caso ilustrativo es el programa “Promoción de la Competitividad PYME, el Desarrollo de los Emprendedores y la Economía del Conocimiento”, que en el proyecto de presupuesto 2025 preveía asistir a 150 empresas cuando en Argentina existen más de 500.000 pequeñas y medianas firmas. Sostuvo que era “un modelo para pocos (el 0,03% de las PYMES), quizás amigos del poder y seguramente de CABA”. En ese marco, planteó que la regulación también era “eminentemente antifederal”. Postuló además que una política PYME “no son programas vacíos ni planes marketineros”, sino que “se construye con una macro estable, menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir”. Cancelados Los programas cancelados son: -Sistema de información MIPyME. Operaba mediante agencias regionales, con el objetivo de recolectar y difundir información comercial, técnica y legal. -Red de Agencias de Desarrollo Productivo. Diseñado con el fin de brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y “coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional” para alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región. -Programa de Desarrollo de Proveedores. Motorizado para optimizar la vinculación entre PYMES proveedoras y grandes empresas. -Consorcios de empresas PYMES. Se promovía su constitución con énfasis en los vinculados con la exportación. -Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las PYMES. -Comisión Especial de Seguimiento. Estaba encargada de evaluar el impacto de la ley sobre el empleo, el mercado de trabajo y la negociación colectiva, como así también de intervenir como mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de la aplicación del capítulo laboral de la norma, y que las partes interesadas decidieran someterle. -Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. El organismo fue designado como autoridad de aplicación de la Ley 25.872.
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