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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 23/05/2025 09:31
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, a través del fiscal Gonzalo Ariel Badano, abrió una investigación para determinar si la obra social provincial, Iosper, pagó sobreprecios en la contratación de prótesis para sus cerca de 300 mil afiliados. Viernes, 23 de Mayo de 2025, 8:43 Redacción EL ARGENTINO El foco de la pesquisa está en el convenio firmado entre Iosper y la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier). El fiscal Badano solicitó al Tribunal de Cuentas que informe sobre el alcance de una auditoría especial realizada en la obra social, y si esta recabó datos relevantes respecto a dicho convenio, con el fin de avanzar en la causa. La investigación apunta a presuntas irregularidades que habrían derivado en dilaciones sistemáticas en la provisión de prótesis, lo que afectó a los afiliados con demoras y falta de entrega oportuna. Según la denuncia, estas fallas habrían generado gastos adicionales en amparos por mora, honorarios, costas y la compra de prótesis fuera del convenio establecido, beneficiando económicamente a Apocier en detrimento de Iosper. Una auditoría interna de Iosper, difundida recientemente, reveló que al 10 de diciembre de 2024 había 1.022 cirugías pendientes en el sistema por falta de entrega de prótesis o material protésico, sumando un total de 1.441 elementos sin proveer, pese a que hasta esa fecha se había abonado la cápita sin objeciones. La Comisión Fiscalizadora designada por el Poder Ejecutivo en Iosper había alertado al Tribunal de Cuentas sobre estas irregularidades, atribuyendo responsabilidades a la anterior conducción de la obra social y a la Asociación de Proveedores. La denuncia señala que el acuerdo entre Iosper y Apocier se enmarca en la resolución N°121/2016 del directorio de la obra social, que estableció la provisión sin límite de cantidad ni cupo mensual, con un plazo máximo de entrega de 48 horas para las prótesis solicitadas. El mecanismo de contratación bajo análisis fue el sistema “por cápita”, que implica un pago fijo mensual por el total de afiliados. Este sistema asume riesgos para ambas partes: si la demanda es baja, Iosper paga de más; si la demanda es alta, el prestador asume costos extras. Sin embargo, la investigación apunta a que los proveedores habrían utilizado esta modalidad para demorar intencionalmente la entrega a los afiliados, priorizando sus intereses económicos. El informe fiscal también detalla el procedimiento interno para la gestión de pedidos de prótesis. Una vez que el afiliado recurre a una institución sanatorial, esta carga la solicitud en el sistema, que clasifica el estado del pedido en “Iniciada” y luego en “En Observación” tras la auditoría médica. En esta etapa, la solicitud puede ser autorizada, rechazada o mantenerse en observación con motivos como “documentación faltante” o demoras sin justificación. El mantenimiento prolongado en estado de observación sin motivación clara habría facilitado dilaciones que beneficiaron económicamente a los proveedores, dejando sin respuesta a muchos afiliados. En algunos casos, se solicitaban cotizaciones al único prestador, lo que extendía el proceso y dificultaba el cumplimiento del contrato. Según los datos analizados, solo un 40% de los pedidos recibía cobertura mensual, lo que explica la acumulación de solicitudes pendientes. Además, las prótesis eran requeridas al prestador vía correo electrónico mientras el estado seguía siendo “En Observación”, retrasando aún más la entrega. Esta denuncia fue elevada ante el Tribunal de Cuentas, que deberá profundizar en las irregularidades detectadas para determinar responsabilidades y posibles perjuicios económicos al Iosper y sus afiliados. La investigación está en curso y podría derivar en sanciones y reformas en la gestión de la obra social provincial.
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