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» Diario Cordoba
Fecha: 23/05/2025 07:05
El Gobierno y las grandes eléctricas habían abierto ya vías de comunicación directa para explorar un posible aplazamiento de los cierres de las centrales nucleares. El gran apagón ha intensificado el debate sobre la conveniencia de retrasar las clausuras de las plantas, pero también lo ha distorsionado y politizado pese a los intentos de unos y otros (con más o menos impostura) por separar ambos asuntos. Las compañías eléctricas trabajan en una propuesta formal para reclamar al Gobierno aplazar primero el cierre de la central de Almaraz (cuyos reactores están previstos que se desenchufen en 2027 y 2028) y luego del resto de plantas, pero todo acompañado con una rebaja de impuestos que las energéticas consideran imprescindible y que el Ejecutivo rechaza de plano. Y en esta batalla -en la que unos y otros tambien buscan ganarse a la opinión pública- las eléctricas redoblan la presión para apurar sus opciones. Las tres grandes eléctricas vienen defendiendo públicamente mantener operativo el parque nuclear más allá del calendario de cierre previsto. Un calendario que contempla clausuras escalonadas entre 2027 y 2035, y que fue pactado entre las propias compañías hace algo más de un lustro. “Pero es que entre 2019 y 2025 han pasado muchas cosas y ahora tiene mucho sentido que entre todos repensemos un nuevo calendario de cierre y unas nuevas condiciones del mapa de generación en España”, subrayó este jueves el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, en una jornada organizada por Expansión y en la que coincidió con los primeros espadas de las otras grandes energéticas. Las energéticas critican que España va a contracorriente del resto de Europa en el debate nuclear, revivido y replanteado tras la crisis energética. “No hay un documento de la Comisión Europea en los últimos doce meses que no hable de la necesidad de tener energía nuclear. Cuidado con los pasos que damos hoy día y con las consecuencias para España en el futuro”, alertó el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle. Choque por los impuestos "¿Nosotros vamos a cerrar 7.300 megavatios (MW) de nucleares? ¿Las bajos a dejar a cero? ¿Vamos a enterrar 50.000 millones de euros de inversiones porque no los necesitamos? Parece que algo las necesitamos. Tengamos un debate sosegado, técnico, económico, para poder buscar la mejor solución”, ha reclamado Ruiz-Tagle, que se queja de que el problema que encuentran las eléctricas para seguir con las nucleares abiertas “no es de manenimiento u operación, sino netamente económico”. Las eléctricas llevan años quejándose de la alta fiscalidad que soportan las nucleares y advirtiendo que los impuestos y las tasas las hacen inviables. “Es imposible que un negocio resista un incremento del 70% de los impuestos en cinco años” como las nucleares, indicó el CEO de Iberdrola España. “Las nucleares en este momento no son viables económicamente” y, según las energéticas, no lo son sólo por alta imposición que asumen, por lo que exigen al Gobierno una revisión a la baja de los impuestos como condición indispensable para aplazar los cierre. La posición de las eléctricas es casi un ultimátum en la negociación en ciernes. “Sentémonos. Y si no las quieren, pues las cerramos”, sentenció el directivo de Iberdrola. “Quitando los impuestos, la nuclear es mucho más barata que las renovables”, llegó a proclamar el consejero delegado de Endesa, José Bogas, una de las voces que más claramente ha defendido la necesidad de mantener las centrales en funcionamiento desde hace tiempo. “Es la energía más competitiva y no es rentable. Eso no tiene ningún sentido. Y es por las cargas fiscales que tiene. Si puede ser bueno que continúe para la competitividad de la industria, reivindicamos ajustar esas cargas”. Una propuesta formal “más temprano que tarde” El CEO de Endesa confirmó que todas las eléctricas (que como accionistas de las centrales nucleares han de tomar las decisiones estratégicas por unanimidad con independencia del peso accionarial de cada una) presentarán “más pronto que tarde” una propuesta formal al Gobierno para abordar un nuevo calendario de cierre de las nucleares, pero reclamando ese “ajuste” de las cargas fiscales. El primer paso que deben afrontar las eléctricas es ponerse de acuerdo y presentar una propuesta concreta para aplazar el cierre de la central cacereña de Almaraz, la primera en el calendario de clausuras. Iberdrola, Endesa y Naturgy -que comparten accionariado en la central cacereña- tendrán a principios de junio una cita clave para aprobar el plan de inversiones millonarias necesarias para mantener abierta la planta más allá de la fecha de cierre prevista, garantizando tener combustible nuclear suficiente, todo el personal necesario contratado y garantizar su seguridad. Iberdrola, accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital de la planta, convocará a Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) a una junta de administradores de la central a principios de junio. En ese cónclave se pretende aprobar este programa de inversiones y más adelante, tras seguir negociando con el Gobierno sobre qué hacer con el conjunto de parque nuclear español, se estudiará la opción de presentar la solicitud de prolongación de la autorización de explotación de Almaraz. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, defendió este jueves solicitar una ‘miniprórroga’ de dos o tres años para Almaraz, alargando el funcionamiento hasta 2030. Una solución que permitiría alargar la vida de la central cacereña un poco, que es fácil de ejecutar porque la planta cuenta con los informes de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para diez años y éstos se cumplirían en 2030, y que permite ganar tiempo para renegociar el calendario de clausura del resto de reactores. Las condiciones de Moncloa En plena batalla pública por la nuclear, Moncloa reclama a las eléctricas que primero se pongan de acuerdo entre ellas y presenten una propuesta consensuada para ampliar los años de funcionamiento de las centrales. “Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto que prorrogue la vida de estas centrales nucleares más allá del año 2027, nosotros les escucharemos”, ha admitido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Gobierno se abre estudiar una ampliación de las nucleares, pero con condiciones: “Que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarios de los centrales nucleares (…) Que lo paguen las empresas, no el contribuyente pagando más factura de la luz”, sentenció el presidente. La advertencia de Sánchez ha hecho saltar las alarmas en los cuarteles generales de las grandes eléctricas, empeñadas en los últimos meses en que el debate se centrara en cómo garantizar la viabilidad económica de las plantas. Las compañías propietarias de las centrales nucleares, agrupadas en la patronal Foro Nuclear, denuncian que el sector “soporta una tributación gigantesca”, mucho mayor que la de otras tecnologías de producción de electricidad por los múltiples tributos específicos aplicados a la actividad de los reactores. Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh) tras las últimas subidas. En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros por tributos y tasas durante 2025, por encima de los 1.426 millones abonados el año pasado (en el que la subida del 30% aprobada por el Gobierno de la denominada ‘tasa Enresa’ se aplicó sólo en la segunda mitad del ejercicio). Desde el sector se alerta de que con este escenario fiscal es imposible asegurar la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales.
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