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Parana » ER 24
Fecha: 23/05/2025 00:02
Otro naufragio judicial del Fiscal Santiago Alfieri: cuando la ilegalidad arruina el trabajo fiscal Redacción La Caldera Una vez más, el fiscal Santiago Alfieri vuelve a ser noticia. No por el esclarecimiento de un delito, ni por una investigación eficaz, ni por el avance de una causa emblemática. Esta vez –como tantas otras– lo es por haber conducido un proceso penal hacia el naufragio, con consecuencias institucionales preocupantes y un daño irreparable al sistema de justicia penal de Entre Ríos. El caso reciente es el de un joven de Hernandarias, acusado de narcomenudeo. La acusación era grave: comercialización de estupefacientes fraccionados para el consumo, con prueba pericial, actas, y testimonios policiales. Pero el juicio terminó en una absolución categórica, no por inocencia probada sino por nulidades insalvables generadas por la propia fiscalía. El Tribunal de Juicio y Apelaciones, con criterio riguroso, no tuvo más opción que excluir toda la prueba recolectada al haber sido obtenida en flagrante violación a garantías constitucionales básicas. La policía, sin orden judicial ni intervención previa del Ministerio Público Fiscal, instaló una cámara para vigilar un domicilio, invadiendo la privacidad del imputado antes incluso de que se abriera una causa formal. Una investigación paralela, informal, sin respaldo legal. Un “expediente de hecho” cuya ilicitud contaminó toda la investigación posterior. Como sostuvo la defensa técnica, se vulneró la expectativa razonable de intimidad que protege el artículo 19 de la Constitución Nacional y el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Quién dirigía esa investigación irregular? Nadie. Porque el fiscal Alfieri, otra vez, no estaba. O estaba tarde. O no controló. O dejó hacer. Como en el caso Calleja, donde se improvisó más de lo que se esclareció. Como en el expediente por el crimen de Goyeneche, en el que Alfieri imputó policías cuando ya no podía reconstruir con seriedad el curso de los hechos. Como en las estafas financieras, donde decenas de víctimas aún esperan justicia mientras la causa avanza a ritmo de caracol. Como en los robos de medicamentos en el Hospital San Martín, donde la opacidad institucional fue la norma. Estamos ante un patrón: la repetición de errores graves que evidencian una falta de control, de liderazgo y de formación penal sofisticada. La actuación de un fiscal no puede limitarse a acumular papeles o actuar por reflejo tardío cuando todo está contaminado. El fiscal es el director técnico del proceso penal. Y en Entre Ríos, ese rol está siendo degradado por prácticas que remiten más a un Estado policial que a una república garantista. El problema no es Alfieri como individuo. El problema es lo que representa: una lógica de funcionamiento del Ministerio Público que confunde severidad con eficacia, y que sigue operando como si el fin justificara los medios, aún cuando la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana ha dejado en claro que las garantías no son obstáculos, sino límites al poder punitivo. La justicia no puede construirse sobre atajos. Si los fiscales no respetan la legalidad, los culpables quedan libres. Y si los fiscales repiten errores sin consecuencias, la confianza ciudadana se derrumba. La pregunta ya no es si Alfieri falló. Es cuánto más va a fallar el sistema antes de revisar seriamente su funcionamiento.
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