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» Impactocorrientes
Fecha: 22/05/2025 19:10
Juez correntino vinculado a la cueva Pyramis integrará la Corte Suprema para fallar en causa “La Rosadita” La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) decidió recurrido a la figura del “conjuez” para analizar la emblemática causa conocida como “La Rosadita”, la cueva financiera vinculada al presunto lavado de activos que involucraría al constructor k Lázaro Báez y otros imputados resonantes. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Entre los “conjueces titulares” convocados por sorteo este lunes 19/05 por la CSJN está el actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Corrientes, Ramón Luis González; junto al representante de la Cámara de General Roca, Mariano Lozano. Y como suplentes el presidente de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo, y el presidente de la Cámara Civil y Comercial Federal, Guillermo Antelo. Estos conjueces fueron convocados porque los tres integrantes de la Corte -Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- no se ponen de acuerdo para sobre revisar las condenas (confirmar o revocar, en su totalidad o en parte), o directamente rechazar la revisión. Lázaro Báez está condenado por la causa de “La ruta del Dinero K” a 10 años de prisión; su hijo Martín, a seis años y seis meses, al igual que Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador del empresario, entre otros sentenciados. Casualmente, Ramón Luis González, fue uno de los anfitriones tuvo en Corrientes del presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que el pasado 15 de mayo estuvo en la Capital provincial para el cierre de las “Jornadas de Derecho Constitucional: Debates sobre Federalismo y Democracia” como parte del 70º aniversario de Facultad de Derecho de la UNNE. VÍNCULOS CON ADMINISTRADORES DE PYRAMIS DONDE BÁEZ GUARDABA CAPITAL Paradójicamente, Ramón Luis González, fue noticia hace un tiempo porque fiscales federales expusieron sus relaciones directas con ejecutivos de la famosa cueva financiera correntina Pyramis, que originó una causa federal y causas en la Justicia Provincial. Fue cuando el fiscal federal general de corrientes, Carlos Schaefer, planteó la recusación contra el juez Ramón Luis González por sus vínculos y amistades con los imputados Mario, Horacio y Lisandro Boschetti y César Gelmi que entre 2012 y 2015 crearon y administraron el banco ilegal (con formato de cooperativa) en el que grandes empresarios, mesas de dinero, proveedores del Estado, políticos e integrantes de la Justicia metieron capitales que luego no pudieron justificar. Otros directamente prefirieron no reclamar sus depósitos -en más de 200 cajas de seguridad incautadas por la Justicia-, para que no se indague el origen de esos bienes y fondos: dólares, euros, oro, cheques, títulos de propiedad, contratos de obra. Casualmente, en la “Causa Pyramis” los fiscales federales también descubrieron al constructor K Lázaro Báez, a través de una de sus empresas: Sucesión de Adelmo Biancalani, constructora chaqueña que había sido absorbida por Austral Construcciones, la firma estrella de Lázaro Báez. Sucesión de Adelmo Biancalani, comprada entonces por Lázaro Báez, tenía capitales y contratos de obras metidos en la cueva financiera Pyramis, una caja de seguridad que estaba a nombre de uno de los ejecutivos de la firma: Adolfo Siviero. Se trataban de contratos de obra para ejecutar arreglos de la Ruta Nacional 86, que conecta a General Güemes con Posta Cambio Salazar, en la provincia de Formosa. APARTADO POR VÍNCULO CON TRAFICANTES DE DIVISAS Tiempo atrás el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes -ahora conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas de Criminalidad Económica– también fue noticia porque durante escuchas judiciales -llamadas telefónica y mensajes de textos- a una banda de agentes aduaneros que se dedicaban al tráfico de divisas desde Uruguayana (Brasil) a Paso de los Libres (Corrientes), uno de los cabecillas contó que le cocinando asado a Ramón Luis González para compensarle favores judiciales. Luego de haber sido expuesto por fiscales federales y ante la contundencia de la prueba, Ramón Luis González reconoció su vínculo con el aduanero Carlos Martín Dubra y se inhibió de intervenir en la causa “a fin de garantizar la imparcialidad del tribunal como garantía constitucional”, se excusó. En aquella causa fueron imputadas y detenidas 13 personas, 8 de ellos empleados de la Dirección de Aduana, con asiento en Paso de los Libres; acusados de facilitar (y recibir beneficios por ello) el contrabando de bienes y divisas desde Brasil. Para argumentar la detención de Carlos Martín Dubra, el que le cocinaba asados a Ramón Luis González, los fiscales federales argumentaron que en libertad podría “entorpecer la causa” por las probadas “influencias judiciales que lo beneficiarían”.
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