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» Comercio y Justicia
Fecha: 22/05/2025 11:41
El decreto limita el derecho de huelga a nuevos sectores. Entre ellos amplía rubros en salud, transporte e incorpora educación y telecomunicaciones. En todos los casos, deberán garantizar una prestación de entre 50% y 75% del servicio, en caso de eventuales medidas de fuerza. La decisión derivó en el inmediato rechazo de los gremios y de la CGT,que calificó la medida de inconstitucional El Gobierno nacional, por medio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025 limitó el derecho a huelga, a partir de la ampliación de las actividades consideradas esenciales. Se trata de las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50% y 75% en caso de estar en medio de un conflicto sindical. “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, afirmó el artículo 3 de la normativa publicada en el Boletín Oficial. Y agregó que “en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor a 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Mientras que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor a 50%”. El nuevo decreto del Gobierno amplió el listado de servicios considerados esenciales que, hasta ahora, sólo reconocía como tal a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. A diferencia de lo que regía hasta ahora, la normativa incorporó actividades clave en sectores estratégicos como la salud, el transporte, la educación y las telecomunicaciones. Se incluyeron como servicios esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios; el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios; los servicios farmacéuticos; y la producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica. También, los servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales; y la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y demás servicios portuarios. Lo mismo para los servicios aduaneros y migratorios, y otros vinculados al comercio exterior; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, junto a los servicios conexos y operaciones costa afuera. La normativa, que forma parte de una serie de medidas de desregulación en el sector de la marina mercante, fue firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Iván Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado). Críticas Uno de los primeros representantes del sector sindical que salió a repudiar la medida fue el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien lamentó que el Gobierno “intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23 que ya ha sido declarado inconstitucional en dos instancias por la cámara laboral”. “Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir”, agregó en su cuenta de X. La CGT rechazó el reciente DNU del Gobierno que limita el derecho a la huelga y deslizó que judicializará la medida. “La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender”, sostuvo la central en un comunicado. Asimismo agregó que “el movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sean en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno”. Para la entidad de la calle Azopardo, el DNU “intenta borrar el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo”. “En la práctica, esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadores y trabajadoras”, insistieron en el texto. Por su parte, fuentes del Gobierno hicieron trascender a periodistas acreditados en Casa Rosada que el diálogo subterráneo con la CGT se mantiene y que, en ese marco, los popes de la central estaban al tanto de la medida que se venía. “No se enteraron hoy”, sentenció un funcionario. UEPC En ese contexto, el gremio docente de la provincia de Córdoba concretará hoy diferentes acciones de protesta. Las medidas que en rigor ya estaban pautadas desde hace una semana y como parte de un plan de lucha de CTERA por la falta de cierre de paritarias en numerosas provincias, ahora también tendrá como eje el rechazo al DNU que incluye a la educación como uno de los servicios esenciales alcanzados. En paralelo, desde la UEPC señalaron que también la protesta sumará la decisión del Gobierno de pasar a la órbita del Consejo Federal de Educación la discusión de la paritaria nacional docente. En la práctica, implica que sean las provincias las que debatan el salario mínimo para los educadores. Como fuere, todas las medidas de protesta que llevará a cabo hoy la UEPC en toda la provincia, incluirán radios abiertas, manifestaciones pero en ningún caso con afectación a la normal prestación de clases, toda vez que en Córdoba ya cerraron la paritaria anual.
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