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» Santo Tome al dia
Fecha: 22/05/2025 02:41
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, el Gobierno nacional avanzó con una nueva regulación que amplía el listado de actividades consideradas esenciales e incorpora la figura de “actividades de importancia trascendental”, lo que implica una fuerte limitación al ejercicio del derecho a huelga en numerosos sectores. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei y buena parte de su gabinete. El decreto establece que, ante conflictos colectivos, los servicios esenciales deberán garantizar al menos el 75% de la prestación habitual, mientras que en las actividades de importancia trascendental ese piso será del 50%. La norma abarca un extenso abanico de rubros, desde el transporte de cargas y personas hasta la educación, las telecomunicaciones, industrias alimenticias, bancos, comercios, actividades exportadoras y medios de comunicación. La decisión del Ejecutivo generó un inmediato rechazo por parte de las centrales sindicales. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) denunciaron que “el Gobierno intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo” y anticiparon que recurrirán a la Justicia para frenar su aplicación. “La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender”, expresaron en un comunicado. También hubo críticas desde las dos CTA. Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, sostuvo: “Otra vez Milei con un decreto quiere llevarse puesto el derecho de huelga a pesar de que la justicia laboral ya lo declaró inconstitucional. Quieren a los trabajadores sometidos y sin derecho a defenderse. No lo vamos a permitir”. Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma, advirtió: “Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional”. El rechazo fue compartido también por la Asociación de Abogados Laboralistas. Su presidente, Matías Cremonte, sostuvo: “Es tan abierto el criterio que casi todo podrá considerarse esencial o trascendental, con lo que pierde todo efecto la huelga”. Desde ATE, su titular Rodolfo Aguiar calificó al decreto como “ilegal” y “un ataque a un derecho fundamental de los trabajadores”. “Rechazamos la posibilidad de que todas las actividades sean consideradas esenciales y es muy grave que exijan que se garantice el 75% de las prestaciones. De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto”, afirmó. La nueva normativa amplía el criterio tradicional establecido por la OIT, que hasta ahora reconocía como esenciales únicamente aquellas actividades cuya interrupción pudiera poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad pública. En cambio, el decreto incluye nuevos parámetros como el eventual impacto sobre metas de recaudación y políticas fiscales. Además, el DNU crea una Comisión de Garantías integrada por cinco miembros expertos, que podrá definir qué otras actividades pueden ser incluidas en las categorías establecidas.
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