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» Diario Cordoba
Fecha: 20/05/2025 23:35
El Gobierno impulsa la séptima regularización extraordinaria de migrantes de la democracia. Este tipo de medidas fueron habituales en los años noventa y en la primera década de este siglo, pero desde 2005, cuando más de medio millón de personas obtuvieron documentación bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, no se habían vuelto a aprobar. Ahora la Moncloa propone algo muy similar. Se trata de conceder permisos a casi 500.000 migrantes llegados a España antes de 2025, según los cálculos de las organizaciones, a través del desarrollo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuyo borrador ya ha sido enviado a los grupos parlamentarios. La idea pasa por su entrada en vigor lo antes posible. Tanto los requisitos para la regularización (la ausencia de antecedentes penales por parte del migrante, la demostración de que reside en España desde antes del pasado 31 de diciembre y la certificación de la situación de vulnerabilidad) como el procedimiento en sí mismo quedarán regulados en un real decreto que deberá aprobarse en un plazo de seis meses desde que el Congreso dé el visto bueno a la iniciativa legislativa, algo que se espera para antes del verano. Los apoyos en la Cámara baja Pero los socialistas, como casi siempre en un Parlamento tan heterogéneo y fragmentado como el actual, no las tienen todas consigo. El PSOE cuenta con el apoyo de su socio de coalición, Sumar, y sus aliados de izquierda en la Cámara baja, que llevan meses presionando para dar el paso. Pero el PNV ha mostrado reticencias y Junts mantiene un discurso duro con la migración que va en la dirección contraria a lo impulsado desde la Moncloa. El PP, por último, no da muestras de querer apoyar la regularización, aunque la Iglesia Católica y organismos como Cáritas intentan mover a los conservadores. De momento, el envío de la propuesta ha provocado que los socios de izquierdas pidan a los socialistas ir más allá. Para Sumar, la regularización no debería tener como límite temporal la llegada de los inmigrantes antes del pasado 31 de diciembre. Su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero,también ha reclamado que el texto se apruebe en dos meses, en lugar de seis. Desde Podemos, Ione Belarra, ha pedido al Ejecutivo que apruebe ya la regularización por real decreto. “Mañana mismo podría hacerlo”, ha señalado la exministra. El PSOE no había tenido hasta ahora mucho interés en sacar adelante la medida. La ILP, que cosechó 600.000 firmas y el respaldo de 900 organizaciones, fue admitida a trámite en abril del año pasado con el voto a favor de todos los grupos salvo Vox, algo bastante inaudito en este tipo de iniciativas. Pero desde entonces había quedado varada en la tramitación parlamentaria, dentro del trámite de enmiendas, con la negociación avanzando a pasos muy lentos. Los motivos Ahora la Moncloa acelera en su aprobación. En parte, para corregir los fallos en el reglamento de extranjería, que entrará en vigor este mismo martes. “Existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo. Como, por ejemplo, personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad”, señala el borrador enviado a los grupos parlamentarios, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Pero el giro en la política migratoria también tiene que ver con el discurso que enarbola en esta compleja materia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, muy distinto a la tónica en el resto de países de la UE. “Los españoles somos hijos de la inmigración, no vamos a ser padres de la xenofobia. Hagamos una política migratoria de la que nuestros mayores puedan sentirse orgullosos. Y hagamos una política migratoria que garantice el futuro de sus nietos (...) España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o cerrado y pobre”, dijo el jefe del Ejecutivo el pasado octubre, durante su comparecencia en la Cámara baja para dar cuenta de su política migratoria, en la que también defendió la necesidad de la apertura también por motivos económicos. Los empresarios, en este sentido, suelen quejarse de la falta de mano de obra en determinados sectores, como el de la construcción. Aun así, el borrador, adelantado por EL PAÍS, evita hablar de “regularización extraordinaria”. En su lugar, opta por la expresión “régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo”. El borrador que el Ejecutivo ha enviado a los grupos parlamentarios, en forma de proposición de ley, solo cuenta con un artículo. “El Gobierno, mediante Real Decreto regulará el procedimiento y los requisitos, en el plazo máximo de 6 meses, para la obtención de una nueva autorización por circunstancias excepcionales única, que habilita a residir y trabajar en todo el territorio nacional, para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2024 y que cumplan dichos requisitos”, señala el precepto.
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