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Parana » Ahora
Fecha: 20/05/2025 03:03
Durante la audiencia de elevación a juicio en la causa conocida mediáticamente como la de los “Contratos truchos”, las defensas de los 19 imputados plantearon fuertes críticas a la acusación formulada por la fiscalía, centrándose en la supuesta falta de claridad y precisión de los hechos imputados, lo que, argumentan, vuelve “materialmente imposible” ejercer el derecho constitucional a la defensa. Según los abogados defensores, para poder defenderse eficazmente en un juicio, es indispensable conocer “en forma clara y precisa de qué no tenemos que ir a defender al juicio”. Señalaron que no basta con que los documentos o contratos estén incluidos en la prueba; la acusación debe especificar, por ejemplo, si un contrato en particular está “integrado o no” a la hipótesis fiscal. La defensa no puede verse obligada a presumir o inferir hechos, ya que esto podría llevar a defenderse de algo de lo que realmente no se le acusa. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, escuchó a los defensores de los implicados de la sustracción de unos 53 millones de dólares durante una década a través de contratos legislativos a personas que no realizaban ningún tipo de contraprestación. Luego la magistrada dispuso que este martes exponga la Fiscalía de Estado representada por Gustavo Acosta. Antes de Acosta expondrá Pablo Hawlena Gianotti, defensor de Jorge De Breuil, quien pidió otra vez declarar, pero la jueza sostuvo que esta no es la instancia. El abogado de la Fiscalía de Estado dará a conocer el reclamo civil que realiza el Estado entrerriano. El miércoles van a responder los abogados. Tanto Damián Petenatti como José Velázquez, Tomás Vírgala, Leopoldo Lambruschini y Miguel Ángel Cullen reclamaron la nulidad del requerimiento de elevación a juicio. De esta forma los abogados buscan frenar que la causa llegue a juicio. La defensa sostiene que la acusación se limita a los contratos “firmados por la autoridad de la cámara”. Argumentan que, en materia de contratos de obra en la legislatura, el vínculo contractual solo puede darse mediante un contrato firmado, no pudiendo haber uno consensual no firmado. Sin embargo, mencionan que la fiscalía ha hecho referencia a contratos no firmados para justificar la imposibilidad de determinar a las autoridades de las cámaras, algo que la defensa considera una forma de “evadir esta cuestión” de la precisión. Además cuestionan severamente la falta de descripción precisa del “aporte necesario” para la realización del delito imputado a cada partícipe. Acusaciones vagas como “llevó contrato, facturó” sin especificar cuáles contratos o cuántas facturas, no constituyen, según la defensa, una “participación seria” ni una “acusación seria de participación”. Se requiere que la relevancia del aporte del partícipe esté debidamente “demostrada y fundada”. La falta de esta precisión “afecta fundamentalmente el principio de defensa en juicio”. Para los defensores se tilda a contratos de “apócrifos” sin especificar el fundamento de esa supuesta falsedad (falta de causa, firma falsificada, etc.). Sin esta aclaración, la defensa no puede saber cómo refutar la acusación sobre esos documentos. Los letrados critican la atribución de múltiples roles a una misma persona de manera poco clara, como si fuera un “comodín”. En el caso de un imputado, se alegó que se le atribuye haberse “valido de su cargo” de director administrativo para la sustracción, pero la defensa argumenta que su intervención en el proceso de contratación es “puramente formal” y carece de la capacidad de decisión o influencia sugerida por la fiscalía. Se insistió en que la acusación no especifica cómo el cargo facilitó concretamente el supuesto delito. Por otra parte, la defensa señaló la “selectividad” y “falta de objetividad” en la investigación y la acusación. Se mencionó que la fiscalía hizo referencia a personas que supuestamente actuaron por “estado de necesidad” o fueron “engañados”, o cuya firma fue “falsificada”, pero sin especificar quiénes son ni fundamentar la exclusión de algunos de la imputación. Las listas de personas involucradas o contratos cuestionados no coinciden a lo largo de la investigación, y no se explica el motivo para cuestionar cada contrato individualmente. La defensa enfatizó que esta situación imposibilita una defensa material efectiva. No pueden “saber de qué dar explicaciones” ni “contrastar la información”. Además de la falta de precisión, se abordó el tema de la suspensión del pago a contratados. La defensa confirmó que la Presidencia de la Cámara de Senadores dispuso la “suspensión preventiva en el pago de los honorarios de los contratado bajo la modalidad de la locación de obra que se le ha involucrado en el acaecimiento de los hechos”. Esta medida se basó en una solicitud de la procuración adjunta y se tomó en el marco de una investigación sumaria. Sin embargo, la defensa contrapuso que, si la suspensión hubiera sido efectiva, la ejecución de la partida presupuestaria correspondiente (3.4.9, contratos de locación de obra) debería haber sido menor (ejecutada a un 60% o 70%), pero apareció “ejecutada al 100%”. Esto sugiere, según la defensa, que el pago pudo haberse “sustituido por otro” o que los fondos se trasladaron a otra partida. Otro punto relevante mencionado por la defensa fue la existencia de resoluciones de ambas Cámaras (Senadores y Diputados) donde, en respuesta a pedidos de informe de la fiscalía, los plenarios de los cuerpos colegiados afirmaron que las contrataciones y documentos solicitados no encuadraban en la norma citada por la fiscalía y que todo lo actuado estaba bien y era legítimo, sin “observación ni reproche alguna”. La defensa interpretó esto como una decisión institucional de los poderes del Estado que no debería cargar en los imputados la supuesta reticencia a enviar información. Se mencionó también la existencia de una ley provincial (Ley 9621) que establece que los sujetos adheridos al régimen simplificado no son objeto de retenciones, explicando así la falta de constancias de retención en algunos casos. Como consecuencia de esta imposibilidad de ejercer el derecho de defensa de manera efectiva, las defensas solicitaron la nulidad de la remisión de la causa a juicio por considerar que la imputación es inexacta, incompleta, con vacíos y lagunas, y abiertamente arbitraria e infundada. Subsidiariamente, pidieron el sobreseimiento de sus defendidos, argumentando que el hecho no encuadra en una figura legal o que la investigación está agotada sin posibilidad de fundar la acusación de manera razonable. También se objetó la calificación legal de asociación ilícita y la forma de concurrencia con el delito de peculado. Las defensas hicieron reserva del caso federal y manifestaron la “irreparabilidad” de una resolución contraria a la nulidad solicitada, ya que ir a debate en estas condiciones implicaría un “debate que arrancaría nulo”.
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