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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 17/05/2025 18:32
La iniciativa del oficialismo para desregular las profesiones genera un amplio rechazo en sectores como la abogacía, la terapia ocupacional y otros colegios profesionales de Concordia. Argumentan que el proyecto es inconstitucional y pone en riesgo el control ético y la calidad del ejercicio profesional. Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación (Expediente 1677-D-2025) propone eliminar la obligatoriedad de matriculación y aportes económicos a los colegios profesionales en todo el país. El texto, que impulsa la creación de un Registro Nacional de Profesionales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, pretende suplantar la actual estructura de regulación ejercida por colegios, consejos y asociaciones. Las reacciones no se hicieron esperar, y en Concordia, distintas entidades comenzaron a manifestarse con preocupación y rechazo. La ley apunta a garantizar, según el proyecto, “la igualdad de oportunidades para todos los profesionales”, desregulando el ejercicio de profesiones tanto universitarias como no universitarias. Entre sus artículos, elimina tasas regulatorias y contribuciones obligatorias, establece un registro único nacional gratuito, e invita a las provincias a adherirse voluntariamente. Desde Concordia, Graciela Chappia, presidenta del Colegio de Abogados local, manifestó a Despertar Entrerriano su total rechazo al proyecto y compartió los fundamentos legales. “La regulación y el control de las profesiones liberales es competencia de las provincias, no del Congreso de la Nación”, remarcó. Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en esta línea en causas como Cavallo Álvarez c. Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta y Farmacity S.A. c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires. “El artículo 1 del proyecto carece de validez constitucional. Es el propio artículo 6 del proyecto el que reconoce, al invitar a las provincias a adherir, que no se trata de una ley de aplicación automática, sino de una ley convenio, y por tanto sin competencia nacional directa”, expresó Chappia. Además, advirtió que desfinanciar y desactivar a los colegios implicaría “diluir instituciones que garantizan la convivencia democrática mediante el control de la calidad del servicio profesional, la ética, la formación continua y la prevención del ejercicio ilegal de la profesión”. Desde el Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos (Co.T.O.E.R.), también se expresaron con firmeza: “Esta desregulación atenta contra el funcionamiento institucional y representa una amenaza para el control ético y legal de la profesión”, señalaron en comunicación con nuestro medio. Por su parte, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas mantiene una postura más cauta. Según pudo saber este medio en diálogo con integrantes, se encuentran evaluando el proyecto y discutiendo sus posibles implicancias, sin emitir aún una posición pública definitiva. En el ámbito de la salud, el médico Fernando Rivas, presidente de la Asociación Médica de Concordia, indicó que si bien el tema está en análisis, “no le están dando demasiada injerencia al proyecto porque saben que difícilmente avance algo que no tiene constitucionalidad”. Una “ley convenio” sin fuerza propia Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es su alcance. En su artículo 6, la norma invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir. “Eso mismo demuestra que el Congreso no tiene competencia directa”, afirmó Chappia. En la práctica, esto implicaría que el proyecto solo entraría en vigor si cada provincia lo adopta por su cuenta. La propuesta busca modificar el Decreto 2293/92 para reemplazar los actuales sistemas de matrícula por un único Registro Nacional de inscripción gratuita. Además, prohíbe expresamente la imposición de cuotas colegiales o contribuciones obligatorias, dejándolas como aportes voluntarios. ¿Qué está en juego? Para los colegios y consejos profesionales, la iniciativa no es menor. La obligatoriedad de la matriculación no solo garantiza que quienes ejercen lo hagan legalmente, sino que también permite sostener mecanismos de control ético, instancias de formación continua, y acciones disciplinarias frente a malas prácticas. “El proyecto diluye instituciones fundamentales para la democracia y la calidad del servicio profesional”, denunció Chappia. También remarcó que abriría la puerta al ejercicio ilegal de las profesiones, al eliminar instancias de fiscalización y habilitación. El proyecto de ley para desregular las profesiones ya comenzó a provocar grietas y posicionamientos firmes en todo el país. En Concordia, varios colegios y asociaciones se alinean con el rechazo institucional, mientras otros prefieren mantenerse cautelosos. El debate apenas comienza, pero todo indica que la resistencia será fuerte, especialmente en las provincias, donde el control de las profesiones está garantizado por la Constitución y por fallos judiciales. Fuente: Despertar Entrerriano
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