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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 16/05/2025 16:34
La nueva exposición se dio en el marco del proceso judicial colectivo impulsado desde la ONG contra la empresa agropecuaria Salentein Argentina, El Choli SA, SYS SA, Jorge Rodríguez y el Estado provincial, a raíz del supuesto daño ambiental registrado entre los distritos Mojones Norte y Mojones Sur. El informe pericial, firmado por el ingeniero Juan Carlos Cian, fue presentado el pasado lunes como parte del expediente que investiga la deforestación de más de 130 hectáreas en áreas rojas y amarillas de monte nativo, protegidas por la ley provincial Nº 10.284. Según CAUCE, el dictamen técnico del perito designado “incurre en múltiples deficiencias” que motivaron la solicitud de nulidad. El especialista discutido es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), casa de estudios donde también se desenvolvió como secretario técnico y docente. A la par de desempeñarse como consultor privado, especializado en conservación de suelos y bosques nativos, actualmente ocupa el cargo de director de Producción y Empleo de la Municipalidad de Hasenkamp (departamento Paraná). Uno de los principales planteos radica en la posible “falta de imparcialidad y objetividad”. Al respecto, se alega que “el perito adoptó, sin cuestionamientos, la versión sostenida por los empresarios Martín Beglinomini (El Choli SA), Cristian Sterz (SYS SA) y Jorge Rodríguez, omitiendo considerar elementos clave de la realidad”. “Esta parcialidad vulnera el principio de neutralidad exigido en toda intervención pericial y contradice el juramento prestado por el perito de desempeñarse de manera fiel”, argumentaron. En segundo término, cuestionan la presunta “ausencia de fundamentación técnica y científica”, planteando que las afirmaciones vertidas en el documento “carecen de sustento técnico verificable”. “No se detallan metodologías utilizadas, fuentes consultadas, parámetros objetivos ni análisis de campo, como tampoco se acompañan informes técnicos, cálculos ni evidencia empírica que justifique sus conclusiones, incumpliendo con la exigencia normativa de que todo dictamen debe ser debidamente fundado”, esgrimieron como fundamento. Asimismo, denunciaron “omisión de pruebas” y “extralimitación en sus funciones” en relación al profesional actuante. “Lejos de limitarse a un aporte técnico objetivo, el ingeniero Cian incurrió en juicios de valor impropios de su rol, emitiendo apreciaciones sobre la responsabilidad de las partes”, señalaron, tras lo cual afirmaron que una conducta de este tipo “afecta directamente la validez del dictamen y excede su competencia profesional”. Frente a esta situación, CAUCE requirió la inmediata remoción del perito actuante y el nombramiento de un nuevo profesional “con formación técnica adecuada, experiencia comprobada y verdadera independencia respecto de las partes involucradas”. Sin embargo, la jueza interviniente en la causa no hizo lugar a la petición y decidió tener en cuenta las observaciones realizadas por la fundación y valorar el peritaje al momento de decidir. En lo que parece ser una advertencia y tan solo un capítulo más dentro del conflicto, la ONG reafirmó su compromiso con la defensa del monte nativo: “El desmonte de áreas protegidas no puede ser legitimado por peritajes carentes de rigor técnico y transparencia”.
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