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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 15/05/2025 22:51
El Gobierno nacional intensifica una ofensiva que va más allá de la cuestión de los celulares y avanza en el cumplimiento de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El vocero presidencial volvió a cargar contra Tierra del Fuego tras las críticas por la baja de aranceles a la importación de tecnología. El ataque dejó al descubierto que la eliminación de impuestos a los celulares fue apenas un primer paso en una avanzada más amplia que busca desmontar el régimen de promoción vigente desde 1972. El Gobierno nacional dejó entrever que la baja de aranceles a la importación de celulares no fue una medida aislada, sino el inicio de una ofensiva mayor contra el régimen de promoción industrial y aduanera de Tierra del Fuego. Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien calificó de “mamarracho” al sistema vigente en la provincia desde el año 1972 y sostuvo que “no tiene ninguna razón de ser que los argentinos subsidiemos una zona del país con cuestiones que se discutieron hace 50 años”. Adorni, que además es precandidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, volvió a referirse a la decisión del Ejecutivo de reducir los aranceles del 16% al 8% en una primera etapa –con entrada en vigencia este viernes– y eliminarlos por completo a partir de enero de 2026. La medida impacta de lleno en la industria tecnológica fueguina, que produce celulares, televisores y aires acondicionados bajo el paraguas del régimen de la Ley 19.640 y sus modificaciones. Lejos de moderar el tono tras las críticas que recibió desde distintos sectores políticos, gremiales y empresariales de Tierra del Fuego, Adorni redobló la apuesta. “Queremos simplificar este ‘mamarracho’ tributario argentino, porque es eso, un mamarracho. Y lo de Tierra del Fuego no es más ni menos que eso”, afirmó en declaraciones públicas. Sus dichos confirman lo que en la provincia ya se percibía: que el decreto con rebajas impositivas fue apenas el primer movimiento de una avanzada ideológica contra el régimen diferencial que rige desde cuando el territorio aún no era provincia, y que fue ratificado por todas las gestiones desde entonces, independientemente del color político. La prórroga de este esquema hasta el año 2053 fue firmada en 2021. Como se recordará, el martes último, apenas conocidos los anuncios, el gobernador Gustavo Melella había advertido que no descartaba una judicialización de la medida por su impacto en el empleo y la producción. Adorni respondió con burla: “Estimado gobernador: lo entendemos perfectamente. Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer. Señores, la libertad avanza”. Para el Ejecutivo nacional, Tierra del Fuego significa un gasto y cuantifica en “1.000 millones anuales el costo fiscal de sostener el régimen fueguino”. Esa cifra se menciona reiteradamente en los discursos oficiales como símbolo del “gasto improductivo” que se busca eliminar. Al igual que durante el gobierno de Mauricio Macri, que ya había intentado sin éxito modificar los beneficios de Tierra del Fuego, el actual ideólogo detrás de la embestida es Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central y hoy ministro de Desregulación y Transformación del Estado, de Javier Milei. A este cuadro se suma otro elemento de peso: el compromiso del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional de avanzar en una reforma estructural del sistema tributario y reducir exenciones fiscales. El organismo multilateral ha sido insistente en la necesidad de revisar regímenes impositivos considerados regresivos o distorsivos, y el fueguino ha estado reiteradamente bajo observación. De hecho, en informes técnicos recientes, el FMI recomendó la eliminación lisa y llana de beneficios impositivos “ineficientes”, sin hacer ninguna distinción regional, social o geopolítica. El contexto político agrega tensión a la disputa: la intención manifiesta del Gobierno nacional de desmontar regímenes de promoción como el fueguino no encuentra hasta ahora respaldo en el Congreso, donde las provincias patagónicas y del norte argentino resisten cualquier intento de eliminar herramientas diferenciales que apuntan al desarrollo territorial. El mensaje del vocero presidencial dejó en claro que la polémica no terminó con el decreto del martes. Por el contrario, fue apenas el punto de partida. Qué está en juego: claves del régimen fueguino Año de creación: 1972 (Decreto Ley 19.640) — durante el gobierno de facto del militar Alejandro Agustín Lanusse y ratificado por ley al momento de la provincialización en 1991. Ámbito de aplicación: Toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Beneficios fiscales: • Exención del IVA y de impuestos internos para actividades industriales. • Exención de derechos de importación para insumos. • Reducción de cargas patronales. • Facilidades logísticas aduaneras. • Impuesto a las Ganancias con tratamiento preferencial. Sectores beneficiados: • Ensamblado y fabricación de electrónica (celulares, televisores, aires acondicionados, microondas, etc.). • Producción plástica, metalmecánica, textil y autopartista. Empleo directo: Unos 7.000 trabajadores industriales en forma directa. Miles más en empleos indirectos (logística, servicios, comercio). Participación en la economía provincial: El régimen industrial representa entre el 20% y el 35% del PBG (Producto Bruto Geográfico) de la provincia. Prórroga vigente: Extensión firmada en 2021 hasta el año 2053 por decreto presidencial, durante la gestión deAlberto Fernández.
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