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» Diario Opinion
Fecha: 15/05/2025 05:21
Se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para actualizar la normativa sobre infracciones de tránsito en la ciudad, ya que data de 1986, con el objetivo de adecuarla a los estándares actuales de control, transparencia y uso de tecnología. Para conocer el destino de los fondos, propone que se abone a través de las bocas de pago habilitadas, transferencias bancarias o medios electrónicos. "Hace 39 años que está la misma ordenanza en la Ciudad de Formosa. Hay situaciones oscuras que se deben transparentar: conocer adónde va a parar la plata que se recauda cada semana; así como saber por qué es la Policía la encargada de cobrar el dinero de las multas", explicó el concejal Diego Herrera. Con la iniciativa de su autoría, se busca eliminar el cobro manual y en efectivo de las multas por parte de la Policía de la Provincia. Para ello, propone que se realicen en bocas de pago habilitadas, transferencias bancarias o medios electrónicos, como ya ocurre en las demás ciudades y provincias. El proyecto también prevé la digitalización de las actas de infracción, para que el infractor pueda hacer el seguimiento de su caso; la incorporación de medidas de seguridad como talonarios numerados, para evitar fraudes; y la obligación de informar detalladamente sobre las actas anuladas y su justificación. Todo ello, para fortalecer el control institucional. QUÉ SE HACE CON EL DINERO "El sistema actual de multas de tránsito en Formosa capital es anticuado e insostenible. No se cuenta con los controles adecuados, lo que abre la puerta a irregularidades", señaló el edil. Al mismo tiempo que pidió "garantizar el derecho de los ciudadanos de solicitar información sobre lo que se recauda y su destino, habilitando la vía judicial cuando no hay respuesta de las autoridades". El proyecto de Herrera establece una nueva distribución de los fondos recaudados por medio de las multas: 50% para la Municipalidad; 20% para la Policía; y 30% para un Programa de Educación y Prevención vial, que brindará informes mensuales obligatorios al Concejo Deliberante sobre la utilización de dichos fondos. Esto se debe a que actualmente "con el 30% de lo recaudado se queda la policía, el 50% el municipio y en menor medida solo un 20% va al programa de educación vial. Situación que plantea el interrogante de que existe "una caja" de recaudación que no tiene un fin de prevención vial, sino que más bien persigue la recaudación y se realizan multas a mansalva en determinadas fechas del año". Ante esta situación, Herrera fue tajante en la necesidad de "dar transparencia a los ingresos del Municipio cuando se trata de las multas de tránsito, no sólo en los pagos sino también en la información. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se recauda y en qué se gasta".
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