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» Solochaco
Fecha: 14/05/2025 18:08
El fallo incluye a miembros del Ejército, la Policía del Chaco y el Servicio Penitenciario Federal, señalados como responsables de detenciones ilegales y torturas contra 23 víctimas. La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento de 11 oficiales y suboficiales del Ejército, la Policía del Chaco, la Alcaidía y la Cárcel Federal U7, acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de 23 víctimas durante el terrorismo de Estado. La decisión, firmada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, ratificó las imputaciones por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados cometidos entre 1974 y 1979 en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7. Entre los procesados se encuentran el exteniente coronel Aldo Martínez Segón, el exteniente coronel Tadeo Bettolli y el exteniente primero Alberto Patteta, del Ejército Argentino. También fueron confirmados los procesamientos del excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, el exsuboficial mayor Gabino Manader, el exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra, el exsargento José Marín y el exagente Emilio Zárate, todos integrantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Además, fueron procesados el oficial de la Alcaidía Policial Juan Ramón Rodríguez Valiente, el exalcaide y jefe de guardia de la Cárcel Federal U7 Pablo César Casco y el agente de Comunicaciones de la Policía del Chaco Ignacio López. La resolución también revocó las faltas de mérito que beneficiaban a los imputados Ignacio López y Humberto Maidana, ordenando dictar una nueva resolución en su contra, tras la apelación presentada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal y las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Provincia y la Nación. Las víctimas La causa Caballero IV incluye 23 víctimas, entre ellas un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, cuatro hermanas menores, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales con militancia social en colegios, facultades, parroquias y barrios, así como integrantes de las Ligas Agrarias y agrupaciones como la Juventud Peronista, el peronismo de base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Las víctimas fueron secuestradas en operativos conjuntos del Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco y trasladadas al Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones, para luego ser llevadas a la Alcaidía Policial y a la Cárcel Federal U7. Los fundamentos del fallo En los fundamentos del fallo, las magistradas señalaron que «adquieren singular importancia las declaraciones de los testigos directos y víctimas, quienes fueron protagonistas de los sucesos, sin perjuicio de su confrontación con otras declaraciones obrantes y con documentación que ilustra sobre la modalidad represiva imperante en la época». En otro tramo de la resolución, destacaron que «los dichos de las víctimas resultan contundentes y verosímiles en lo que respecta a las condiciones de detención en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía Provincial, la identificación y el estado físico de los detenidos, los tratos recibidos y, especialmente, la individualización de los presuntos responsables». Finalmente, las juezas analizaron que «de tales relatos puede colegirse el modus operandi de algunos funcionarios policiales y militares intervinientes, quienes ejecutaban procedimientos violentos como parte de un plan sistemático dirigido a la población civil para obtener información respecto de otros objetivos, lo que permite encuadrar jurídicamente sus conductas dentro de los tipos penales atribuidos, considerados como delitos de lesa humanidad».
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