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» El Sur Diario
Fecha: 14/05/2025 15:12
El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira; la fiscal Analía Saravalli; y el jefe de la Unidad Regional VI, Sebastián Igonet, encabezaron el mediodía del martes la supervisión del derribo de un punto de venta de estupefacientes en el barrio Luján, como parte de un operativo enmarcado en la implementación de la Ley de Microtráfico. La legislación, sancionada a fines de 2023, permite que fiscales provinciales actúen directamente sobre delitos de narcomenudeo, competencias antes reservadas a la Justicia Federal. Desde comienzos de 2024, operativos como este se ejecutan en toda la provincia en articulación entre el Gobierno santafesino, la Justicia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía y gobiernos locales. “Este es el camino” El jefe de la UR VI, Sebastián Igonet, detalló que el punto de venta funcionaba específicamente en barrio Luján, zona norte de Villa Constitución, y que el inmueble fue allanado por la Policía de Investigaciones (PDI) días atrás. “Hoy se procedió al derrumbe con personal del Ministerio de Seguridad y colaboración del municipio. Estas herramientas que nos da la provincia son bienvenidas para dar respuesta al vecino. Aunque falta mucho, este es el camino”, afirmó Igonet. Consultado por la procedencia de los imputados, indicó que “en este caso son oriundos de Villa Constitución, aunque el narcomenudeo atraviesa todo el territorio”. También advirtió que se trabaja intensamente en sectores como el asentamiento Las Chapitas, donde ya se realizaron múltiples allanamientos junto con la Policía de Acción Táctica. “En seguridad pública nunca alcanza. Siempre queda la sensación de que falta algo. Por eso hay que estar atentos todos los días, para y por el vecino”, concluyó. Detalles del caso La intervención judicial derivó en la imputación de tres personas por comercialización de drogas. La jueza Marisol Usandizaga dictó prisión preventiva para César B., mientras que Silvina O. y Jorge C. fueron liberados bajo condiciones, sin quedar desvinculados de la causa. Los allanamientos se realizaron el 5 de mayo en Santa Teresita, Luján y 9 de Julio. Allí se secuestraron 376 g de marihuana, más de 500 g de cocaína fraccionada, 70 municiones calibre 9 mm y teléfonos celulares. César B. también está acusado de un hecho violento ocurrido el 29 de abril, en el que golpeó a un vecino y amenazó con un arma a su hijo menor. Demolición del búnker La fiscal Saravalli solicitó formalmente el cese del estado antijurídico del inmueble utilizado como búnker, lo que permitió ejecutar su demolición. Durante la rueda de prensa posterior, el secretario Omar Pereira explicó el alcance de la Ley de Microtráfico: “La justicia federal priorizaba grandes bandas, pero el narcomenudeo afecta directamente a nuestros barrios. Esta ley nos da una herramienta clave para intervenir donde más duele”. La causa judicial La fiscal Saravalli precisó que el derribo fue consecuencia de una causa por amenazas con armas que derivó en la detención de tres personas: “Solo uno permanece detenido. Las otras dos personas siguen bajo investigación. El material secuestrado permitió solicitar el derribo del lugar usado como punto de venta”. Consultada sobre nuevos operativos en la zona, la fiscal respondió que por el momento no hay más intervenciones previstas, aunque la causa sigue abierta. Necesidad de mayor infraestructura judicial Uno de los puntos más destacados de la conferencia de prensa fue el planteo de Diario SUR sobre la falta de infraestructura judicial específica para abordar el microtráfico en Villa Constitución. Actualmente, solo dos fiscales deben atender todo el Departamento Constitución, lo que genera una importante sobrecarga. El secretario Omar Pereira reconoció la situación y aseguró que se están tomando medidas: “Se acaba de finalizar el concurso para incorporar nuevos fiscales, y la idea es fortalecer las unidades específicas de microtráfico. Hoy contamos con el compromiso de los fiscales locales, pero vamos hacia una estructura más robusta y especializada”, afirmó. Pereira también subrayó la necesidad de seguir ampliando capacidades institucionales para sostener esta política a largo plazo: “La Ley de Microtráfico es una herramienta fundamental, pero debe ir acompañada de recursos humanos y logísticos que nos permitan actuar con rapidez y eficacia en todo el territorio”. EL DATO Este fue el búnker número 60 derribado en la provincia desde el inicio de la actual gestión provincial y mediante la nueva norma vigente que permite esta acción.
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