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» Comercio y Justicia
Fecha: 13/05/2025 23:38
La medida fue ratificada pero se fijó un plazo de cuatro meses. La medida se enmarca en la investigación iniciada tras el trágico accidente vial de 2022. El tribunal advirtió sobre riesgos de entorpecimiento de la investigación La Cámara Federal de Córdoba confirmó la prisión domiciliaria del exlegislador provincial Oscar González, quien se encuentra detenido desde el pasado 9 de febrero en su domicilio de la ciudad de Córdoba, bajo monitoreo mediante tobillera electrónica. La medida había sido dispuesta por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, iniciada a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en octubre de 2022, que dejó como saldo una mujer fallecida y dos adolescentes con secuelas graves. El fallo del tribunal federal, conformado por los jueces Abel Sánchez Torres, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos, analizó las pruebas acumuladas en el expediente y resolvió —por mayoría— mantener la medida de coerción, al considerar que subsisten riesgos procesales. “Al menos por ahora, se mantiene el riesgo procesal conformado por las circunstancias concretas del caso estudiado en su integralidad, por lo cual subsiste hasta este momento la posibilidad de obstrucción de la investigación y de elusión de la justicia, resultando necesario el mantenimiento de la medida de coerción impuesta”, sostuvo el tribunal en uno de los pasajes del fallo. Además de ratificar la detención domiciliaria, la Cámara estableció un límite temporal de cuatro meses para la medida, o las prórrogas que eventualmente se autoricen, contados desde la recepción de la causa por el juzgado de origen. En ese sentido, el Tribunal expresó: “Este temperamento obedece a estrictas razones de legalidad que se vinculan con la disminución del riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación a partir del avance sustancial y significativo de la instrucción. Pero también se relaciona con la garantía de juzgamiento en plazo razonable que se proyecta no sólo en interés de los imputados a que su situación procesal se resuelva en un tiempo oportuno y así verse liberados del estado de incertidumbre, sino también de las víctimas y de la sociedad en general a que la justicia investigue y sancione a los responsables de los hechos criminales en un tiempo adecuado, sin dilaciones injustificadas que podrían conducir a la impunidad y con ello a la frustración del derecho a la tutela judicial efectiva”. No obstante, el juez Eduardo Ávalos votó en disidencia respecto al límite de tiempo impuesto a la medida de prisión domiciliaria. Consideró que no hay fundamentos suficientes para fijar un plazo máximo en este momento procesal. La causa que involucra a González continúa su curso con medidas de prueba en curso y peritajes financieros que podrían resultar claves para determinar el origen del patrimonio del exlegislador, en un proceso que mantiene alta atención pública desde el siniestro vial ocurrido en las sierras de Córdoba, que marcó el inicio de la investigación.
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