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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 13/05/2025 09:43
Por el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (*) El ministro de Economía anunció que en las próximas semanas presentará una propuesta para estimular el uso de los dólares que las y los argentinos tienen ahorrados por fuera del sistema financiero, buena parte de los cuales no están declarados. El funcionario dijo ante la prensa que “hoy muchos no gastan [sus dólares] por temor a que los busquen, que los investigue la AFIP o la UIF” y que el objetivo de las medidas será que “la gente pueda usar sus dólares sin miedo a que la persigan”. Si bien no se conoce el detalle de la iniciativa, una de las posibilidades es que se realice una nueva amnistía fiscal (o blanqueo) o que se extienda la que todavía esté abierta. Se trataría de una situación inédita, porque sería la primera vez que un gobierno anuncia una nueva amnistía antes de que termine una que ya implementó. Pero además, implicaría continuar por un camino que trae beneficios de corto plazo pero importantes perjuicios difíciles de revertir. La Argentina es el país que más amnistías fiscales realizó en los últimos 50 años. Estos perdones a la evasión se han transformado en una suerte de política de Estado, que implementaron casi todos los gobiernos. Según los especialistas —incluidos los del Fondo Monetario Internacional—, la multiplicación de los blanqueos termina alentando la evasión impositiva de los sectores de mayores ingresos y, en caso de implementarse, deben ser medidas excepcionales. España, por ejemplo, realizó su última amnistía en 2012, para luego sancionar una ley que prohibía la realización de nuevos perdones. La Argentina también incumple otra de las recomendaciones que figuran en los estudios sobre el tema: las amnistías deben hacerse como parte de un paquete de medidas, que hagan a la política fiscal más equitativa y eficaz, y que al mismo tiempo establezca mayores controles para reducir la evasión futura. Lejos de eso, en nuestro país la implementación de blanqueos tiene una lógica cortoplacista, transformándose en una herramienta a la que los gobiernos recurrieron para enfrentar coyunturas críticas. El último perdón, sancionado por el actual gobierno es un ejemplo, ya que la amnistía derivó en el ingreso de dólares, que permitió sostener —por un tiempo— un esquema de depreciación cambiaria. Pero a pesar de la alta adhesión los efectos positivos se hicieron sentir en el corto plazo —especialmente sobre las reservas—, diluyéndose en a medida que los problemas de fondo persistían. Este camino degrada todavía más la cultura fiscal, incentivando el incumplimiento: ¿Para qué pagar los impuestos en tiempo y forma si en poco tiempo habrá un nuevo perdón? Pero también tiene el efecto de agravar la injusticia fiscal, porque la evasión que se “perdona” con estas amnistías es la de los impuestos más progresivos, como por ejemplo Ganancias y Bienes Personales. Además, los datos muestran que quienes se benefician por estas medidas son los sectores más ricos de la población. Por ejemplo, en el blanqueo que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri participó sólo el 0,6% de la población y el monto promedio por persona fue de casi US$450.000. Los blanqueos no sólo agudizan la desigualdad del sistema sino que también aumentan el riesgo de impunidad frente a posibles maniobras y operaciones de lavado de activos, vinculados a la circularización de los flujos financieros ilícitos y las etapas del lavado de activos. Estos flujos se mueven por el mundo mediante diferentes mecanismos e instrumentos que garantizan la evasión de todo tipo de control gubernamental. La circulación recubierta de opacidad se “frena” cuando los fondos se reinsertan en los sistemas económicos con una cobertura de legalidad. Se vuelven lícitos y son conocidos como el fenómeno global lavado de activos. Esa es la forma con la que organizaciones criminales, dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la corrupción, la evasión (sólo para mencionar algunos ilícitos) hacen caminar su dinero mal habido. Es importante partir de la premisa de que todas las políticas tendientes a conocer el origen de los fondos trascienden los gobiernos de turno. En mayor o menor medida, son instrumentos que existen hace muchos años tendientes a contar con información sobre determinadas operaciones, poder seguir el recorrido del dinero o bien encontrar un punto de conexión entre el bien adquirido y un delito. Todas ellas en línea con las recomendaciones del GAFI, organismo internacional que establece normas para prevenir el lavado de activos, del que nuestro país es parte. Si bien desde el gobierno se intenta relativizar que “no se cometerá ningún acto ilícito”, resulta imprescindible advertir que, en la práctica, medidas de este tipo han funcionado como plataformas de legalización de fondos opacos, poniendo en cuestión los compromisos asumidos por la Argentina en ese tipo de foros (como el GAFI). Los países que redujeron significativamente la evasión y que lograron que la política fiscal contribuya a la estabilidad macroeconómica, no lo hicieron en base a perpetuar amnistías. En el plano fiscal, se trató más bien de aplicar reformas que hicieron más eficaz y equitativa la política impositiva, incrementando al mismo tiempo las capacidades de la administración tributaria. (*) Los autores de esta columna son Alejandro Gaggero, María Julia Elioso, María Eugenia Marano, Gustavo Zanotti y Verónica Grondona, de ETFE
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