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» on24
Fecha: 12/05/2025 23:29
El concejal Agapito Blanco cuestionó con firmeza el proyecto presentado por su par Fernanda Gigliani, que propone obligar a todos los edificios de Rosario a contar con grupos electrógenos. A través de una extensa argumentación, Blanco expuso razones técnicas, económicas y de infraestructura que, según él, vuelven inviable la iniciativa. “Que un edificio se quede sin electricidad no es culpa del consorcio ni de la empresa constructora. Es el primer punto”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el problema de los cortes de luz tiene raíces estructurales: “Después de décadas de desinversión, seguimos teniendo el problema crónico de falta de energía o de cortes en determinados momentos del año. Entonces, ponerle la responsabilidad de resolver eso al privado, me parece por lo pronto un despropósito”. Blanco enfatizó que no corresponde trasladar al ámbito privado las falencias en la prestación de servicios públicos: “No tiene que ser el privado el que resuelva un problema del Estado”. Desde lo económico, el concejal planteó que “cuando un edificio tiene la posibilidad de pagar el grupo electrógeno, no tienen duda y lo ponen”. Pero advirtió que “aquellos consorcios o propietarios que no lo pueden pagar, no lo han podido hacer, y no se les puede obligar”. También señaló que imponer esta obligación impactaría directamente en el precio del metro cuadrado de construcción, lo cual afectaría el acceso a la vivienda: “Si le vas poniendo obligaciones de tener más infraestructura al edificio, lo que hacés es encarecer el metro cuadrado y eso deja afuera a un montón de personas que podrían acceder a una vivienda”. Además, Blanco enumeró una serie de obstáculos técnicos y normativos para la instalación de grupos electrógenos, tanto en edificios nuevos como existentes: “No tenés la infraestructura para ponerlos. Así como hay que pedir factibilidad eléctrica a la EPE para edificar, también hay que contar con factibilidad de gas si el grupo es a gas. Y en Rosario muchas veces ni siquiera tenés la presión o el caudal necesario en las cañerías para abastecer ese tipo de sistemas”. En el caso de los edificios ya construidos, agregó: “Muchos no tienen dónde ubicar un grupo electrógeno. Los que se alimentan a gas suelen ir en la terraza, pero muchas veces la estructura no soporta el peso. Además, Litoral Gas exige altos estándares de seguridad que algunos edificios no pueden cumplir”. También se refirió a las opciones con combustibles líquidos: “Imaginate el peligro que sería tener un generador a kerosene o gasoil en un edificio. No hay regulaciones claras del Estado al respecto, y aún así se requerirían tanques de reserva, medidas de seguridad, espacios adecuados. No se puede tratar este tema tan livianamente”. Para Blanco, el proyecto ignora múltiples variables: “Están metiendo un tema que no sólo requiere dinero, sino infraestructura pública y condiciones técnicas que muchos edificios no tienen. Hay millones de puntos a tener en cuenta. Y si me quedaba al mediodía, te sumo varios más”.
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