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Colon » El Entre Rios
Fecha: 12/05/2025 11:30
Josefina Etienot, exviceintendenta de Paraná y actual jueza de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, presentó un escrito ante el Jurado de Enjuiciamiento solicitando la declaración de caducidad del proceso de enjuiciamiento en su contra por presunta violencia laboral, en virtud del artículo 43º de la Ley Provincial Nº 9283 y del artículo 224º de la Constitución de Entre Ríos.La presentación, patrocinada por los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, sostiene que el plazo máximo de seis meses desde la decisión de formar causa -establecido por la ley y la Constitución- ha expirado sin que se dictara sentencia definitiva, “lo que opera de pleno derecho como causal de extinción del juicio y conlleva la absolución automática de la magistrada”.Entre las claves del planteo, figuran que el proceso de enjuiciamiento fue formalizado el 12 de noviembre de 2024 y el plazo de seis meses venció el 12 de mayo de 2025, sin haberse dictado sentencia. “La Constitución provincial establece que, vencido dicho plazo, ‘no podrán oponerse al magistrado los efectos de una condena dictada con posterioridad’, presumiéndose su inocencia”, hacen notar.En línea con ello, la defensa citó que se impugnó la supuesta suspensión de plazos decidida por el vicepresidente del jurado, Gonzalo García Garro, señalando que “ninguna autoridad administrativa puede alterar los plazos perentorios de orden público establecidos por ley”.En el escrito se subrayó que la garantía de caducidad tiene por finalidad “proteger la independencia judicial frente a eventuales usos abusivos del procedimiento de remoción, evitando que un juez permanezca indefinidamente sometido a proceso sin sentencia”. Textualmente, alegan: “No se trata de un beneficio personal, sino de una garantía institucional de todos los ciudadanos frente a injerencias indebidas en la función judicial”.Asimismo, se criticó y recurrió la suspensión de funciones considerada por ellos como ilegítima, a la que se la sometió desde hace ya 17 meses, “en virtud de que fue dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia, órgano que carece de competencia para suspender a una magistrada en funciones, ya que dicha potestad es exclusiva del Jurado de Enjuiciamiento”.La suspensión dictada por el Tribunal de Superintendencia fue calificada como “una medida ilegítima, sin sustento legal ni atribución constitucional, que compromete la responsabilidad de los magistrados que la dispusieron”.Por último, la misiva hace alusión a que las acusaciones por “violencia laboral” contra Etienot se basaron en “desacuerdos funcionales con integrantes de equipos técnicos, debidamente documentadas por informes oficiales”. En esa línea, se remarcó que ninguna de las críticas o requerimientos efectuados por la jueza excedieron el marco de sus atribuciones jurisdiccionales.
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