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» Comercio y Justicia
Fecha: 12/05/2025 08:24
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) elaboró su primer informe estadístico sobre sentencias condenatorias en materia de lavado de activos. El documento recopila 91 fallos dictados por Tribunales Orales en lo Criminal Federal de todo el país y Tribunales Orales en lo Penal Económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), entre 2019 y marzo de 2024. Releva los datos respecto a los delitos precedentes detectados; los sujetos activos del blanqueo (casos autolavado y lavado de terceros); las penas aplicadas a las personas físicas y jurídicas y las penas de prisión y multas impuestas, entre otras. Según precisó la Fiscalía especializada, pretende hacer un aporte que permita una mayor comprensión en la materia y se puedan vislumbrar patrones comunes y divergencias respecto de las condenas para que eventualmente, sirva de apoyo a los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el diseño de la estrategia de persecución penal. Cifras De todas las sentencias analizadas, 11 fueron dictadas en 2019; 3 en 2020; 20 en 2021; 28 en 2022; 25 en 2023 y cuatro en el primer trimestre de 2024. De las 91 condenas dictadas por los diversos TOCF de todo el país y TOPE entre enero 2019 y marzo de 2024, la mayor parte se concentra en la CABA (20). Luego se ubican las provincias de Buenos Aires (15), Santa Fe (10), Corrientes (9), Mendoza (9), Chaco (8), Entre Ríos (7), Córdoba (6), Salta (4), Río Negro (2) y Tierra del Fuego (1). Respecto a los delitos precedentes -aquellos que originan los activos que se intentan ocultar o dotarlos de apariencia lícita-, la mayor cantidad de casos con sentencia tienen como actividad ilícita generadora al narcotráfico (60), seguido por delitos aduaneros (10), infracciones al régimen penal cambiario (8), delitos contra la propiedad -como estafas y defraudaciones, robo, usura- (7) y hechos de corrupción (7). El documento también consignó algunos casos provenientes de actividades de intermediación financiera no autorizada (4), delitos tributarios (3) y trata de personas y migrantes (2). Sistema El sistema legal argentino prevé la investigación del lavado de activos cuyos fondos provengan de ilícitos precedentes cometidos en el país como en el extranjero. En ese marco, el relevamiento consigna nueve sentencias en las que los fondos a lavar fueron generados fuera de la Argentina. En tanto, entre los fallos analizados hay seis condenas por lavado de activos por delitos autónomos; es decir, aquellos en los que se pudo establecer el origen ilícito de las ganancias sin que hubiese una investigación judicial en curso sobre el delito precedente. Por otra parte, hubo 14 sentencias sobre casos en los que se detectaron e investigaron maniobras de lavado de activos de carácter transnacional. Según el informe, ello evidencia que la mayoría de las operaciones de blanqueo ilegal de capitales en Argentina se circunscriben a despliegues de carácter doméstico, aunque en algunos casos se evidenciaron conexiones no sólo con países limítrofes, sino también con jurisdicciones del Caribe, Norteamérica, Europa y Asia. Responsabilidad y sanción La modificación al Código Penal (Ley 26.683), introdujo la figura de “autolavado”, que persigue y sanciona la comisión de hechos de lavado de activos a personas físicas también involucradas en la comisión del delito precedente. Se registraron 183 individuos condenados por aquel ilícito, mientras que otros 128 lo fueron por lavar activos de terceros. En otro tramo, el informe revela que en los cinco años analizados se condenaron a 310 personas físicas y a 26 jurídicas. De las 26 sentencias relevadas que involucran a sociedades, se verificó la imposición de cancelaciones de personería jurídica (22), seguida de la pérdida de beneficios estatales (17) y la publicación de extracto de la sentencia (17) y, por último, se registran penas de multas (5). Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, se impusieron estas sanciones de forma conjunta. En su trabajo, la PROCELAC también señaló que 58 sentencias se dictaron en el marco de juicios abreviados y 34 lo fueron a través de la celebración de debates orales y públicos (una sentencia condenatoria se computa para ambas categorías, ya que en esa misma pieza procesal se homologó un acuerdo de juicio abreviado respecto de tres personas y también se brindaron los fundamentos y condena respecto de una sobre la cual se llevó adelante un debate oral). Finalmente, de las 91 sentencias analizadas en el documento, en 4 se impusieron condenas de ejecución condicional. Así, de las 310 personas físicas condenadas, 111 fueron beneficiadas con la imposición de penas de ejecución condicional, mientras que 199 recibieron condenas de cumplimiento efectivo. GAFI La recopilación, sistematización y análisis de las sentencias se intensificó durante 2024, a raíz de la Evaluación Mutua de Argentina, 4ta. Ronda, desarrollada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), respecto al cumplimiento de los estándares en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y de las armas de destrucción masiva (sistema ALA/CFT/CFP). Así, la labor de la PROCELAC resultó de importancia para el proceso de evaluación y constituyó un aspecto clave para responder los requerimientos del GAFI. Organizaciones La evaluación de las organizaciones reveló que, desde 2010, la Argentina mejoró su marco de prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que ello fue posible gracias a la cooperación y coordinación entre las agencias especializadas. El GAFI concluyó que no existían deficiencias estratégicas en materia de lucha contra los delitos que representen un riesgo para el sistema financiero internacional, por lo que no incluyó a la Argentina en el conjunto de países que requieren de la supervisión intensificada del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido como “lista gris”.
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