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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 11/05/2025 10:53
La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos anunció la habilitación de la temporada de caza deportiva menor 2025, que se extenderá desde el 10 de mayo hasta el 15 de agosto. La presente edición llega con novedades significativas: una reducción en el número de especies permitidas, cupos más estrictos por cazador y la implementación de herramientas de control con un fuerte respaldo técnico y legal. La oficialización de la temporada se concretó mediante una resolución provincial, culminando un proceso exhaustivo que incluyó estudios científicos detallados, análisis de riesgo poblacional, la realización de audiencias públicas y la activa participación de universidades, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos técnicos nacionales. El objetivo primordial de estas medidas es asegurar un aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre, garantizando la preservación de la biodiversidad y el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la provincia. MENOS ESPECIES EN LA MIRA Y CONTROLES REFORZADOS Una de las modificaciones más notables para esta temporada es la disminución de las especies de patos habilitadas, que se redujeron de seis a cuatro. Los cazadores podrán extraer únicamente Pato Picazo, Sirirí Pampa, Pato Cutirí y Pato de Collar. Además, se establecieron límites de extracción más rigurosos por cazador: si bien el cupo para anátidos se mantiene en 15 piezas, se aplicó una reducción en perdiz chica (de 8 a 6 ejemplares) y liebre europea (de 6 a 4). Asimismo, se mantiene la prohibición total de caza en ocho departamentos de la provincia y en zonas consideradas sensibles, como sitios Ramsar, áreas protegidas, monumentos naturales y la zona de Salto Grande. Como una herramienta clave para fortalecer la fiscalización, se introduce la obligatoriedad de portar la Hoja de Ruta Cinegética por parte de cada cazador. Este instrumento será indispensable para su presentación en los controles y se espera que contribuya a una mejor gestión y recopilación de información territorial sobre la presión de caza. DECISIONES BASADAS EN CIENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA La resolución que habilita la temporada se fundamenta en los relevamientos exhaustivos realizados por el Equipo de Monitoreo Adaptativo de Fauna Silvestre (EMAFA), en colaboración con el INTA y la Universidad de La Pampa. El informe correspondiente a 2024 arrojó datos alentadores sobre la población de patos en Entre Ríos, que supera los 3,2 millones de individuos, con una presencia dominante de las cuatro especies autorizadas para la caza. El estudio concluyó que la tasa de extracción registrada en la temporada anterior no representó una amenaza para el estado poblacional de estas especies. Un aspecto destacable del proceso de toma de decisiones fue la consideración de los aportes surgidos de la audiencia pública celebrada el 25 de abril en Rosario del Tala. Este espacio de participación ciudadana contó con la presencia de representantes de fuerzas de seguridad, ONG, operadores turísticos, funcionarios y vecinos, en cumplimiento de los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú. CAZA REGULADA, NO EXPLOTACIÓN INDISCRIMINADA Desde la Dirección de Recursos Naturales se enfatizó que la habilitación de la temporada de caza menor no debe interpretarse como una licencia para la caza furtiva o masiva, sino como una actividad estrictamente regulada y sujeta a una rigurosa fiscalización. Se recordó la prohibición del uso de municiones contaminantes, siendo obligatorio el empleo de proyectiles de acero u otras alternativas no tóxicas. Las autoridades también resaltaron el impacto económico positivo del turismo cinegético en la provincia, señalando que «solo en 2024, se estima que movió cerca de 1.000 millones de pesos en la provincia, beneficiando a más de 200 trabajadores directos y a decenas de prestadores de servicios en numerosas localidades del interior». Finalmente, se reafirmó que todas las decisiones adoptadas se realizaron en pleno respeto de la legislación nacional, los convenios internacionales sobre biodiversidad y los marcos constitucionales que consagran el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
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