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» LaVozdeMisiones
Fecha: 11/05/2025 03:00
Este sábado se cumplen 38 años de la irrupción en la escena política argentina de los denominados “carapintada”, el alzamiento militar de la Semana Santa de 1987, que tuvo entre sus protagonistas a un coronel que ganaría peor fama en los años siguientes, y que estaba al mando del Regimiento de Infantería de San Javier, en Misiones: Aldo Rico. Con esta sublevación, que puso en jaque al gobierno del presidente Raúl Alfonsín y tuvo en vilo al país durante horas dramáticas, los militares consiguieron la Ley de Obediencia Debida, que les aseguró por muchos años la impunidad a oficiales, policías y agentes de los servicios penitenciarios que participaron de la represión ilegal de la dictadura, y que, junto a la Ley de Punto Final, fueron derogadas en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner, retomándose el hilo de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Chascomús El miércoles 15 de abril de 1987, Alfonsín se encontraba en Chascomús, donde pensaba pasar la Semana Santa que comenzaba al día siguiente, cuando el teléfono lo distrajo de sus planes para el fin de semana largo que se avecinaba. Era su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que lo llamaba con la urgencia de acontecimientos que empezaban a sucederse y que, con el correr de las horas, tomarían su curso definitivo. “Esto es más serio de lo que pensábamos”, le dijo el ministro al presidente y lo puso al corriente de la mecha que se había encendido en un cuartel de Córdoba, donde un mayor del Ejército, Ernesto Barreiro, se había acuartelado contra la orden judicial que lo procesaba como torturador de La Perla, el centro clandestino de detención más grande del país. Alfonsín interrumpió de inmediato su retiro en la ciudad bonaerense que lo vio crecer y convertirse en presidente, y volvió a Buenos Aires para ponerse al frente de la situación. Enseguida, el gobierno supo que Barreiro, conocido entre víctimas y verdugos por sus alias de “Nabo”, “Gringo”, “Hernández” y “Rubio”, no estaba solo en la asonada, que ya se había extendido a Campo de Mayo, con la toma de la Escuela de Infantería y la irrupción de Aldo Rico en la escena. Dos años antes La Pascua alfonsinista empezó a incubarse mucho antes de aquellos días santos de 1987. Diversos historiadores remontan su origen en la nulidad, declarada por Alfonsín, de la autoamnistía decretada por el último de los dictadores, el general Reinaldo Bignone, y la decisión de la Cámara Federal que juzgó a los ex comandantes, que estableció la existencia de un plan criminal y ordenó juzgar hacia abajo. “Fue el famoso punto 30 de la sentencia del 9 de diciembre de 1985, el que abrió la caja de Pandora para un gobierno que apostaba a darle un corte a los juicios en cuanto a la capacidad decisoria”, escribe el periodista Juan Pablo Csipka, autor entre otros libros de “Una batalla de todos los días”, donde repasa la década posterior a la dictadura y expone el malestar militar con los procesos judiciales. “El punto 30 borraba la frontera entre órdenes cumplidas y excesos: todos los militares implicados en la represión eran susceptibles de ser juzgados”, señala. Según Csipka, durante 1986, un año después de las históricas condenas a los jerarcas de la dictadura y con la Justicia resuelta a hallar hasta al último de los genocidas, el alfonsinismo trató de encontrar una salida a una crisis que veía venir. “En abril de 1986 se dieron a conocer las llamadas ‘instrucciones a los fiscales’”, reconstruye el periodista, en referencia a un documento del Poder Ejecutivo dirigido a los fiscales militares que “abría la puerta de la impunidad a los oficiales que alegaran el cumplimiento de órdenes”, y que provocó, instantáneamente, el repudio generalizado de los organismos de derechos humanos y los distintos espacios políticos, incluyendo el partido del presidente: la Unión Cívica Radical (UCR). Fracasado este intento, el gobierno consiguió, a fines de ese año, que el Congreso aprobara la Ley de Punto Final, que establecía un plazo de 60 días, a partir de su promulgación por el Ejecutivo, para accionar judicialmente contra militares implicados en los crímenes de la dictadura. Pero, poco después, en febrero de 1987, sucedió algo que puso en evidencia que el Punto Final tampoco era la solución para mantener el delicado equilibrio entre el poder civil y la casa militar: las citaciones judiciales a uniformados denunciados se aceleraron, en una carrera contrarreloj, y el malestar volvió a adueñarse de los cuarteles. Entre fines de ese mes y el siguiente, el gobierno buscó anticiparse a cualquier desenlace del estilo de lo que estaba por suceder. Por un lado, pergeñó un plan para contener cualquier insurrección militar; y, por otro, se apoyó en la promesa que el ministro de Defensa de Alfonsín le hizo al entonces jefe del Ejército, el general Héctor Ríos Ereñú, de que el Ejecutivo trabajaba en una alternativa superadora del Punto Final, según contó el mismo Jaunarena en su libro “La casa está en orden”, donde revivió aquellos días de abril de 1987. Complot Sin embargo, los tiempos se precipitaron y, a comienzos de abril, el gobierno radical no tenía, todavía, siquiera un borrador de lo que sería la Ley de Obediencia Debida, inspirada en el manual a los fiscales militares con que intentó contener el reguero de procesos contra los genocidas. Por esos días, el torturador Barreiro y quien se convertiría en figura de los militares carapintada, Aldo Rico, compartieron una cena en un restaurante porteño, donde terminaron de afinar el complot. Rico venía de cumplir 10 días de arresto por una carta en la que protestaba por lo mismo que le preocupaba a Barreiro: los juicios a los genocidas. Era el segundo encuentro entre ambos, luego de la reunión que mantuvieron en febrero, en la que participó Luis Polo, el jefe del Regimiento de Infantería Paracaidista 14, en el que, pocos días después, Barreiro se acuartelaría, mientras Alfonsín se disponía a pasar los días santos en Chascomús. La Semana Santa de 1987 encontró al país en un clima de recogimiento espiritual, estimulado por la visita, unos días antes, del Papa Juan Pablo II y la multitudinaria misa de Domingo de Ramos que ofició en la avenida 9 de Julio, la primera de un pontífice fuera del trono romano en las fechas que la Iglesia Católica conmemora la pasión y resurrección de Cristo. Miércoles El miércoles 15 de abril, cuando Alfonsín colgó la llamada con Jaunarena y se dispuso a volar a la Casa Rosada, Barreiro llevaba horas atrincherado en el regimiento cordobés de su amigo el coronel Polo, y la noticia ya había trascendido a los medios. Era el nacimiento de los “carapintada”, un movimiento impulsado por oficiales del Ejército, entre los que había veteranos de la guerra de Malvinas, como el mismo Aldo Rico y el teniente coronel Mohamed Alí Seineldín, que lideraría los dos alzamientos siguientes, en 1988 y 1990, este último ya durante el gobierno del peronista Carlos Saúl Menem. El nombre “carapintada” hacía referencia a la pintura que Rico y sus hombres lucían en el rostro, a la manera de un camuflaje propio de incursiones en la selva, y que, dado el escenario de la rebelión, podía interpretarse como un grito de guerra. Ese día de 1987, mientras el presidente volaba desde territorio bonaerense hacia la sede del gobierno, Rico dejaba la tierra colorada y se dirigía a Campo de Mayo, uno de los centros de tortura de la dictadura y de donde habían salido los “vuelos de la muerte” revelados por el capitán de la Armada, Adolfo Scilingo, condenado en España en 2007 a 1.084 años de prisión. Rico concibió la toma de la Escuela de Infantería como una operación militar, aunque las crónicas periodísticas le restan lustre y hablan de una fácil capitulación del jefe de la guarnición, Luis Pedrazzini, que entregó el cuartel sin oponer más resistencia que alegatos de tipo burocrático. Alfonsín no había terminado de instalarse en la sede del gobierno, cuando llegaron a la Casa Rosada las primeras noticias de Campo de Mayo y ese otro militar amotinado del que nunca había oído hablar. Para entonces, el presidente trataba, infructuosamente, de que los jefes del Ejército cumplieran con la orden de aplastar la rebelión y proceder al arresto de los sublevados. Pero, entre los uniformados prevalecía una camaradería trasuntada en complicidad, forjada en los años de plomo, y nadie acudió a tiempo al llamado presidencial. Mientras tanto, Rico y Barreiro se habían hecho fuertes y, desde las unidades tomadas, lanzaban amenazas y exigencias: pedían el fin de los juicios, la salida de Ríos Ereñú de la jefatura del Ejército y mayor presupuesto militar. “Este es el Ejército que combatió a la subversión y estuvo en Malvinas”, proclamaba un Rico exultante y la televisión lo mostraba rodeado de soldados con los rostros embetunados y armados hasta los dientes. Jueves La reacción popular no se hizo esperar y se cristalizó en movilizaciones multitudinarias en defensa de la democracia en calles, plazas y pueblos de todo el país. Miles de personas se congregaron frente a Campo de Mayo, como una muralla civil a Rico y sus hombres. El jueves santo a la noche, el presidente se dirigió a la Asamblea Legislativa, que había sido convocada de urgencia y abonó al respaldo al orden constitucional, que a esas horas se expresaba, masivamente, en la oleada de manifestaciones. “Este no es un exabrupto temperamental de un hombre, sino una meditada maniobra de un conjunto de hombres, cuyo objetivo es crear un hecho consumado que obligue al gobierno a convertir en materia de negociación su política”, dijo Alfonsín a senadores y diputados. Según analiza Csipka, era claro que los carapintada no buscaban un quiebre institucional, sino imponer al gobierno los términos del alzamiento, que el mismo Alfonsín clarificó esa noche en el Congreso. “Se pretende por esta vía imponer al Poder Constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hallan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura”, dijo el presidente. Enseguida, desescaló el tono y habló de “reconciliación”, un término que, no por casualidad, despuntó como nunca en la jerga de la Iglesia Católica de aquellos años, y que esa noche sonó a metáfora de lo que estaba por venir. “Reafirmaremos en hechos concretos los criterios de responsabilidad que permitan la definitiva reconciliación de los argentinos”, lanzó Alfonsín. Viernes Los eventos del 17 de abril, Viernes Santo, día en que la feligresía católica conmemora la muerte de su máximo profeta y piedra basal de toda su fe, fueron el anticipo del desenlace revelado entre líneas por el mismo presidente la noche antes. El gobierno anunció el pase a retiro de Ríos Ereñú de la jefatura del Ejército, como pedían los carapintada y convino con el general que permanecería en la jefatura del Ejército hasta la resolución de la crisis. A la par, consiguió desplazar fuerzas leales hacia las guarniciones en manos de los rebeldes. La televisión se cansó de mostrar convoyes de blindados y tropas que no llegaban nunca. Así, el coronel Polo entregó el regimiento cordobés donde protegía a su amigo el genocida Barreiro, no sin antes ayudarlo a escapar. La fuga del torturador de La Perla, dejó a Rico, solo y cercado, en su bastión de Campo de Mayo. A esas horas, la crisis parecía próxima a su final. En medio de la repulsa general y con la noticia de que tropas al mando del general Ernesto Alais, que se decía “alfonsinista”, se movilizaban desde Rosario a Campo de Mayo, Rico parecía encontrarse en un callejón sin salida. Pero, Alais nunca llegó y, según contó Csipka, justificó su demora con una excusa banal que ilustraba la renuencia del Ejército a intervenir: “El hecho de tener que juntar tropas en 24 horas y en medio de un feriado”. Sábado El sábado 18 de abril, antes de las 8 de la mañana, en la sede del Ejército del Edificio Libertador, Rico desconoció la autoridad de Ríos Ereñú, cuya cabeza figuraba entre las reivindicaciones del motín, y exigió otro interlocutor. La tarea recayó, naturalmente, en el ministro de Defensa. Jaunarena fue a Campo de Mayo a hablar con el militar rebelde. Le prometió otra ley de impunidad para los genocidas y un nuevo jefe del Ejército. Las crónicas señalan que Jaunarena se retiró de la reunión con el compromiso de regresar al día siguiente y el optimismo propio de quienes creen haber hecho una oferta imposible de rechazar. Domingo El Domingo de Pascua, 19 de abril, cuando Jaunarena regresó a Campo de Mayo, se encontró con un Rico distinto al del día anterior: reticente y de tono marcial. Cuentan los diarios de la época, que el ministro no pudo convencerlo de deponer las armas y se fue de la unidad militar convencido de que el único interlocutor válido para descomprimir la situación era el mismo presidente. “Pasado el mediodía, una muchedumbre llenó la Plaza de Mayo. Era una convocatoria transversal, de todos los partidos. Alfonsín decidió ir a Campo de Mayo y así lo anunció, acompañado en el balcón por Antonio Cafiero, en lo que fue la prueba del compromiso democrático del peronismo ante el alzamiento”, relata Csipka. “Un día antes, el PJ había decidido acompañar al presidente en la Rosada. Y uno de sus gobernadores, el de Salta, Roberto Romero, amenazó con separar a la provincia del resto del país si se rompía el orden constitucional”, escribe. Alfonsín partió al encuentro de Rico en helicóptero, con una escolta de dos edecanes: Julio Hang, del Ejército, y Héctor Panzardi, de la Fuerza Aérea. Allí, Rico rindió el cuartel y obtuvo de boca del presidente la promesa de la Obediencia Debida, que el Congreso convirtió en ley poco después y le significó a los genocidas una larga primavera; y que, a la sazón de los datos históricos, terminó allanando el terreno de los indultos presidenciales de Carlos Menem, de fines de diciembre de 1990, que liberó a los jerarcas condenados en 1985. De vuelta en Casa Rosada, Alfonsín fue directo al balcón que otro miembro del Ejército, el general Juan Domingo Perón, había convertido en símbolo medio siglo antes. “Compatriotas, compatriotas, compatriotas”, repitió varias veces, flanqueado por el vicepresidente Víctor Martínez y los peronistas Antonio Cafiero, Ítalo Argentino Luder y José Luis Manzano, y un abanico de figuras que barrían todo el arco político de entonces. “Felices Pascuas”, saludó Alfonsín y estallaron los aplausos y las ovaciones de una Plaza de Mayo repleta. “Los hombres amotinados han depuesto su actitud”, anunció el presidente y la plaza volvió a estallar. “Como corresponde, serán sometidos a la Justicia”, informó y se repitió la ovación. “¡Alfonsín, Alfonsín!”, vivaba la multitud. “Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta decisión equivocada y han reiterado que su intención no era provocar un golpe, pero han llevado al país a esta conmoción”, señaló. El presidente celebró la resolución pacífica de la crisis. “No hubo derramamiento de sangre”, destacó y, antes de pedir a la multitud que se desconcentrara y que cada uno volviera a su casa, pronunció la frase que quedó propuesta para la historia. “Hoy podemos todos dar gracias a Dios”, dijo y sentenció: “La casa está en orden y no hay sangre”.
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