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» Comercio y Justicia
Fecha: 10/05/2025 01:26
El candidato a legislador porteño por Unión Porteña Libertaria (UPL) y actual diputado por Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dos proyectos de ley que buscan combatir el problema de las viviendas usurpadas. Ambos apuntan a fortalecer los mecanismos legales para la restitución inmediata de inmuebles y crear un registro de bienes ocupados. Las iniciativas se direccionan a darles una solución legal a los propietarios más de tres mil inmuebles ocupados forma ilegal en el distrito capitalino. Procedimiento sumarísimo La primera propone crear un procedimiento sumarísimo para que los dueños puedan solicitar la restitución inmediata del inmueble ante la Justicia. Indica que el trámite judicial se impulsará con una presentación simple, sin necesidad de abogado, que bastará con demostrar la posesión legítima y que el juez podrá ordenar el desalojo en un plazo de cinco días, con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario. En tanto, la segunda contempla la creación de un registro de contratos de locación con cláusula de adhesión al proceso ejecutivo de desalojo por falta de pago. Esto no implica registrar inmuebles usurpados, sino facilitar soluciones en casos de incumplimiento de pago por dos meses consecutivos. Inquilinos Consigna que si el inquilino paga en tiempo y forma, el contrato sigue vigente sin consecuencias, pero que si no lo hace el propietario puede iniciar un proceso rápido de desalojo. “Estas herramientas permiten agilizar la intervención del Estado y devolverle tranquilidad a quienes hoy viven en la incertidumbre. Hay miles de personas que no pueden recuperar sus propiedades y sienten que nadie los defiende”, argumentó Yamil Santoro. Sur Luego de que a fines de 2021 la escalada de violencia en el sur del país llegó a un punto crítico, en julio de 2022 diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro presentaron un proyecto para modificar el Código Penal (CP) y dotar a los magistrados de más herramientas para sancionar a los usurpadores de inmuebles. El articulado puso el foco en la problemática mapuche. Citó los numerosos episodios protagonizados por las autodenominadas “comunidades de pueblos originarios”, por entender que hay organizaciones que “se escudan detrás de supuestas reivindicaciones ancestrales para apropiarse ilegalmente de espacios públicos y privados”. Plantea la necesidad de reformar el artículo 181 del CP y endurecer penas cuando las usurpaciones sean llevadas a cabo por grupos que invoquen injustificadamente “derechos tradicionales” sobre las tierras y procedan con violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad. En esos casos, la pena que propone el texto será de seis meses a tres años de prisión. En usurpaciones grupales, fija sanciones más estrictas para los impulsores y organizadores, con una escala de tres a seis años de prisión, y de uno a cuatro para el resto de los partícipes. Vandalismo “Cuando la reforma habla de derechos tradicionales injustificados, hablamos de aquellos grupos que se esconden bajo una supuesta legitimidad de derecho tradicional, contemplado en la Constitución Nacional, para justificar actos de vandalismo”, fundamentaron los promotores del cambio normativo. Cabe aclarar que el articulado precisó que si los autores pertenecen legítimamente a comunidades mapuches serán juzgados según la figura básica de la usurpación, sin agravantes. Herramientas Un mes antes, en junio de 2022, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para modificar el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) con el fin posibilitar el inmediato reintegro de propiedades ocupadas ilegalmente, así como poner límite a usurpaciones de inmuebles privados y públicos. Prevé la restitución del bien en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento o de remisión a juicio, con la salvedad de que el derecho invocado por el damnificado sea verosímil. “Proponemos herramientas concretas que coadyuven en el proceso judicial, pero también interpelamos a todos los niveles del Estado a trabajar para que esta situación no se siga replicando: Nación, provincias y sobre todo los municipios deben tener como eje evitar usurpaciones”, destacaron los autores. Se postuló que el accionar constante y deliberado contra la propiedad privada individual requiere la elaboración de instrumentos procesales ágiles para “garantizar una justicia temprana que repare el accionar de los usurpadores con el restablecimiento inmediato del derecho de posesión y tenencia del bien apropiado”. En tanto, expuso que “el déficit habitacional real y objetivo” no puede ser resuelto “a expensas de los derechos de otros habitantes”. En ese sentido, se indicó que la solución de esa carencia es competencia de áreas y organismos específicos del Estado; ello así, porque “la ausencia o ineficacia de políticas públicas para resolver el déficit habitacional no habilita a los particulares a que tomen por vías de hecho la propiedad inmueble estatal o de terceros. Bajo esa premisa, se manifestó que es “paradójico” que titulares registrales de inmuebles deban emprender un litigio de desalojo contra los ocupantes ilegales y someterse a acciones dilatorias y “a tiempos de un juicio ordinario para recuperar algo que les es propio y cuya titularidad surge de manera evidente de la documentación que acredita su propiedad”. En la iniciativa se recordó que el número de denuncias por ocupación de inmuebles en todo el país aumentó en los últimos años y que no hay respuestas eficientes de las autoridades. “La forma de exigir el cumplimiento del ejercicio del derecho a la vivienda no puede ser por mano propia”, sumó.
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