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» El Ciudadano
Fecha: 08/05/2025 16:32
Por Negui Delbianco. «Algo que compré con tanto sacrificio que te lo arrebaten… no es justo», repite Vanesa Odi, madre de cuatro hijos y vecina de Villa Gobernador Gálvez, quien se enfrenta a un desalojo el próximo 18 de junio junto a otras cuatro familias. La mujer, único sostén de su hogar gracias a trabajos de limpieza, ve cómo el sueño de tener un techo propio se desmorona por una estafa y una Justicia que, según denuncia, no la escucha. Desde hace más de una década, la modesta vivienda ubicada en la cuadra de San Diego al 200 es el hogar de Vanesa y sus cuatro hijos de 9, 10, 15 y 19 años. Sueño trunco: de un terreno baldío a un hogar En 2014, con 80 mil pesos ahorrados con mucho esfuerzo, compró el terreno a un joven del barrio que luego se esfumó. Un boleto de compraventa fue la única garantía de su inversión. «En el lugar sólo había una casilla, viví un tiempo hasta que se me incendió en 2015. Perdí todo, pero con mucho esfuerzo pude construir una habitación, la cocina comedor y el baño», describió Vanesa. La desesperación se intensificó cuando, tras el incendio, una persona se presentó con policías para desalojarla. Vanesa mostró los papeles de Bomberos, ya que el boleto de compraventa se había quemado, y frenó el intento. La tranquilidad duró poco. «Volvieron a presentarse diciendo que una señora mayor era la dueña del terreno donde vivimos cinco familias en esa misma cuadra y que nos teníamos que ir», explicó para sumar que el juicio por desalojo fue iniciado por esa mujer. Laberinto judicial y desamparo Fue entonces cuando Vanesa comenzó un derrotero judicial que denuncia está plagado de irregularidades, en relación al juicio por desalojo que se tramita en los Tribunales villagalvenses y está a cargo del juez de Primera Instancia de Circuito (N°33), Sebastián José Rupil. «Fui al Juzgado, mis vecinos que alquilaban también se presentaron. Todos tenemos hijos chiquitos y llevamos testigos. Puse una abogada y mis vecinos tenían defensores oficiales. La supuesta dueña nunca apareció en las audiencias, la abogada de ella siempre ponía excusas por su ausencia y luego apareció un hombre como apoderado. Después dijo que la señora había fallecido, pero todo es muy extraño», denunció Vanesa. La desesperación de la madre creció al punto de rogarle al juez que escuchara su situación. «Me mandó a Desarrollo Social, pero sólo me ofrecieron una ayuda por tres meses. ¿Y después qué? ¿A dónde voy con mis hijos?», se preguntó angustiada. Además, remarcó que el juez también omitió incluir en el caso al Defensor de Menores, ya que tanto ella como las otras cuatro familias tienen hijos chiquitos. El primer plazo de desalojo, fijado para el 26 de abril, se sintió como la forma más extrema de desamparo. En medio de este laberinto judicial, la abogada que inicialmente la representaba dejó de atenderla tras ser acusada de connivencia con la otra parte, quedándose con los comprobantes originales de los materiales de construcción. «Me quedé tranquila porque hay copias en el expediente, pero una nunca sabe…», deslizó con desconfianza. Acuerdos bajo presión El supuesto apoderado, un vecino llamado Carlos, llegó a pedirle 60 mil dólares por el terreno y la casa que ella construyó, o un alquiler de 200 mil pesos mensuales. «¡Me quieren cobrar lo que levanté, no el terreno!», señaló indignada. Incluso, en medio de las órdenes de desalojo, intentó recuperar algunas aberturas y chapas, instalándose precariamente cerca del río, donde una lluvia torrencial lo arrasó todo. «Tengo tres nenas y mi varón tiene problemas en los riñones, no podía tenerlo así», relató Vanesa, explicando su regreso a su hogar, donde el “apoderado”, al verla, la dejó quedarse momentáneamente. La situación se tornó aún más absurda cuando el mismo Carlos le ofreció las chapas, perfiles, ventanas, el inodoro y la puerta de su propia casa a cambio de que se fuera. El problema fue que Vanesa confió en el asesoramiento de su entonces abogada y firmó esa especie de acuerdo. «Nos trataron de ignorantes. ¡Pero si lo único que hice fue trabajar para mis hijos!”, dijo al recordar con dolor las humillaciones sufridas. Batalla legal: mejoras no reconocidas y recursos pendientes Finalmente, asesorada por su actual abogado, Marcelo Opete, logró una suspensión del desalojo hasta el 18 de junio. Opete, quien tomó el caso cuando la orden de desalojo ya estaba avanzada, presentó una demanda por mejoras de 20 millones de pesos, correspondientes a la construcción realizada por Vanesa. Demanda que se tramita de forma paralela al juicio de desalojo. “La señora Odi enfrenta un inminente desalojo del inmueble en el que reside junto a sus hijos, pese a que dicho bien fue adquirido en el año 2014 como un terreno baldío, sin cerco, sin servicios, ni condiciones mínimas de habitabilidad. Con su esfuerzo, y a lo largo de años, logró construir allí un hogar digno, con mejoras sustanciales que transformaron aquel baldío en una vivienda”, resaltó el abogado. Opete enumeró las otras presentaciones: «ingresé la nulidad del acuerdo que Vanesa firmó para irse, un acuerdo irrisorio por un par de tirantes y chapas, pero el juez lo rechazó y apelamos a la Cámara», explicó el letrado en diálogo con este diario, quien interpuso el derecho de retención, solicitando que la madre pueda permanecer en la propiedad hasta que se le pague por las mejoras realizadas, pero también fue rechazado. «La respuesta fue que ella firmó el desalojo y se tiene que ir», lamentó el letrado. También indicó que solicitó documentación para establecer si la demandante original, la supuesta dueña, falleció. “Estamos a la espera de una respuesta. Si murió antes de ciertas actuaciones del apoderado, estas quedarían sin ningún valor legal», explicó el abogado villagalvense. Además, Opete inició una demanda de reconocimiento y compensación de mejoras, con el fin de que Vanesa pueda recuperar al menos lo que invirtió en el inmueble. “Esa acción actualmente está siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que deberá resolver la cuestión de competencia”, dijo para agregar que analiza patrocinar a otra vecina, Ramona, quien enfrenta una situación similar. Violencia económica y de género «No quiero quedarme en la calle con mis hijos porque compré de buena fe», sostuvo Vanesa, en medio de la angustia ante lo que ve como una injusticia que amenaza con dejarla sin hogar. “Nos encontramos ante un caso paradigmático de violencia económica, institucional y de género, en el que una mujer trabajadora es despojada del único patrimonio que posee, en perjuicio también de sus hijos menores”, aportó Opete y concluyó con la exigencia de la inmediata suspensión del lanzamiento judicial hasta tanto se resuelvan los recursos pendientes y la acción de nulidad.
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