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Parana » Ahora
Fecha: 06/05/2025 16:34
En el marco de la remisión de la causa Contratos Legislativos a juicio, el abogado defensor Tomás Vírgala, defensor del contador público Ariel Faure, realizó una presentación ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata solicitando la nulidad de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal. El abogado argumentó que la acusación carece de precisión en la descripción de los hechos imputados, lo que vulneraría principios fundamentales del derecho penal. La jueza Barbagelata resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta este martes. En este caso se investiga la sustracción a través de contratos legislativos de 53 millones de dólares entre los años 2008 y 2018. Al principio eran 32 los acusados, pero antes del inicio de la remisión a juicio 12 accedieron a la suspensión de juicio a prueba. De los 20 que quedaban uno fue sobreseído. En la actualidad hay 19 imputados, pero quedarán 18, ya que uno de los acusados firmará un juicio abreviado. El defensor destacó que Faure ha sido imputado como partícipe necesario en 11 hechos de peculado y como autor en una presunta asociación ilícita. Sin embargo, señaló que la figura de la participación requiere una descripción fáctica contundente, que en este caso considera ausente. Para sustentar su postura, hizo referencia a jurisprudencia que exige verificar si el aporte del acusado era esencial para la comisión del delito, lo cual, según Virgala, no ha sido demostrado con claridad en el requerimiento fiscal. En su presentación, el defensor enfatizó que la acusación contra su representado presenta inconsistencias y contradicciones, dificultando su derecho a una defensa adecuada. Según el alegato, Faure es mencionado en distintos roles dentro de la presunta organización, primero como cobrador de cheques, luego como receptor del dinero obtenido y finalmente como parte de un estudio contable que gestionaba la situación impositiva de los falsos contratistas. Ante esta falta de claridad, Virgala solicitó que la jueza declare la nulidad de la acusación o, en su defecto, ordene al Ministerio Público Fiscal que precise con exactitud los hechos atribuidos a su defendido. “No se puede sostener una acusación seria cuando el propio requerimiento fiscal parece contradecirse en distintos pasajes”, sostuvo el abogado. Además, sostuvo que muchas de las actividades mencionadas en la acusación corresponden al ejercicio de su profesión como empleado del Estudio Contable Integral, donde estaba registrado ante los organismos tributarios como trabajador en relación de dependencia del contador Guido Krapp, quien obtuvo una probation. El abogado enfatizó que si Faure desempeñó tareas en el estudio contable, fue en calidad de empleado, sin que esto implicara conocimiento o participación en un esquema ilícito. Virgala señaló que el trabajo de Faure como contador se ha sostenido en el tiempo y que, desde 2015, dirige un estudio contable junto a su esposa. En este mismo lugar, según indicó, se secuestraron elementos como su sello profesional, lo que confirma que su rol dentro de la actividad contable no está en discusión. El abogado también aclaró que Faure comenzó a trabajar dentro de un estudio contable antes de recibir su título profesional, ejerciendo tareas en relación de dependencia para otros contadores. La magistrada Barbagelata deberá evaluar los argumentos expuestos y resolver si da lugar al pedido de nulidad o solicita una reformulación de la acusación fiscal. La resolución podría marcar un punto de inflexión en el proceso judicial y definir el rumbo de la defensa de Faure. Cullen pidió la nulidad y la readecuación de la acusación El abogado defensor Miguel Cullen habló tras la exposición de Vírgala. El letrado cuestionó enérgicamente la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, señalando una “absoluta pérdida de objetividad en la investigación”. Afirmó que la acusación está llena de generalidades. Pidió ver los contratos, que según afirmó son legítimos, para poder ejercer la defensa. Representando a varios imputados, Cullen sostuvo que la formulación de la acusación no respeta el procedimiento adecuado y advirtió que, cuando el Ministerio Público Fiscal pierde la objetividad, se está al borde de la persecución judicial. Entre sus principales objeciones, el letrado destacó la falta de precisión en la identificación de los contratos mencionados en la imputación. “No se han determinado cuáles son los 100 contratos que, según la acusación, iniciaron la actividad. No se muestran los documentos específicos ni se citan números de decreto o expediente, lo que impide ejercer el derecho a defensa de manera concreta”, señaló. El defensor también resaltó que esta falta de claridad afecta a los imputados Hernán Javier Díaz, Maximiliano Degani y Marta Aurora Pérez, argumentando que la indeterminación de las conductas atribuidas hace imposible una defensa efectiva. En este contexto, solicitó la nulidad de la imputación. En el caso de Alejandro Almada, Cullen objetó que se lo haya señalado como partícipe de la gestión de contratos y recaudación, cuando la acusación se basa en correos electrónicos que mencionan “faltantes” sin especificar de qué se trata. Además, defendió a Almada frente a la imputación de ser “recaudador”, recordando que había sido sobreseído en una causa previa tras tres años de investigación. Por último, refirió a la imputación de Pedro Opromolla, cuestionando que su presunta participación en la gestión de los contratos se base en actividades que, según Cullen, son completamente lícitas y forman parte de las tareas habituales de un contador. Con estos señalamientos, el defensor planteó que la falta de precisión en la acusación afecta gravemente el derecho de defensa y que la investigación debe ajustarse a los principios de objetividad y procedimiento legal.
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