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Concordia » Diario Junio
Fecha: 06/05/2025 16:22
La investigación, dirigida por el Juzgado Federal de Concordia entre 2022 y 2024, permitió descubrir una estructura organizada de fraude que involucraba a múltiples individuos en la gestión ilegal de pensiones. De acuerdo a la información de policiales Concordia, en el marco de este operativo se realizaron 22 allanamientos simultáneos que fueron claves para recabar pruebas y demostrar el modus operandi de las organizaciones. Los hechos investigados comenzaron con una denuncia presentada el 1º de diciembre de 2022 ante el Juzgado Federal de Concordia. Se les imputó a Cabrera y Repetto, así como a sus respectivas organizaciones, el delito de defraudar a la Administración Pública Nacional. Ambas redes gestionaban pensiones no contributivas por invalidez, entregando documentación falsificada que indicaba diagnósticos de discapacidades que en muchos casos no existían o no cumplían con los requisitos legales establecidos por el sistema de ANSES y ANDIS. A cambio de este servicio ilegal, los miembros de las organizaciones cobraban sumas que iban desde los $30.000 hasta los $60.000 por cada tramitación fraudulenta. Además, a Cabrera se le atribuyó la gestión ilegal de Carnets Únicos de Discapacidad (CUD) falsificados, utilizando su propio documento como modelo, que luego se entregaba a otras personas por un precio que variaba entre los $10.000 y los $30.000, permitiendo el acceso al transporte público gratuito con la sola exhibición del CUD. Ambas organizaciones operaban con estructuras bien definidas, con encargados específicos para recolectar y cargar la documentación necesaria para los trámites fraudulentos, y otros responsables de atender consultas y recibir los pagos de los “clientes”. En la organización liderada por Cabrera, el rol de encargado logístico y de atención lo cumplía Pedro Alejandro Altamirano, empleado administrativo técnico del Hospital Felipe Heras. También se destacaba la participación de Hilaria Isabel Méndez, empleada en el comedor “Ojitos Tristes”, quien se encargaba de captar nuevos beneficiarios falsos. Por su parte, en la estructura de Cristina Repetto, la gestión documental y la atención a los solicitantes estaba a cargo de Yanina Esperanza Meyer, empleada pública de la provincia de Entre Ríos, junto a Maximiliano Monzón. La búsqueda de nuevos “clientes” en esa asociación era responsabilidad de Graciela Soledad González y Sara Magdalena Cheruzzo. A lo largo del expediente judicial, también se destacó que cada uno de los involucrados cobraba una suma fija por cada tramitación, y que las funciones estaban repartidas de manera coordinada y jerárquica. Cabrera y Repetto fijaban los montos a cobrar y dirigían las acciones del resto de los miembros, cumpliendo un rol de liderazgo claro dentro de sus respectivas organizaciones. Finalmente, el Tribunal Oral Federal de Paraná declaró a Hugo Doroteo Cabrera, Cristina Repetto, Sara Magdalena Cheruzzo, Pedro Altamirano, Maximiliano Monzón, Yanina Meyer, Isabel Méndez y Graciela González coautores del delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal). Cabrera y Repetto fueron condenados a cuatro (4) años de prisión de cumplimiento efectivo, bajo modalidad de prisión domiciliaria. Los restantes seis integrantes fueron condenados a tres (3) años de prisión condicional.
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