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Parana » Ahora
Fecha: 06/05/2025 15:56
La Unidad Regional II (URII) de la Policía de Rosario quedó en el centro de una investigación por corrupción tras detectarse un esquema de sobrefacturación en la compra de combustible para móviles policiales. La maniobra ilegal habría generado un perjuicio económico de aproximadamente 45 millones de pesos mensuales, afectando el presupuesto estatal destinado a la seguridad pública. La pesquisa, que comenzó hace diez meses a partir de una denuncia anónima enviada por correo postal al fiscal José Luis Caterina, reveló que responsables de logística policial concentraban varias tarjetas Visa Flota, realizando pagos en estaciones de servicio por montos superiores a lo efectivamente cargado en los vehículos. Se sospecha que la connivencia con empleados de estaciones de servicio permitió la instalación de dispositivos de posnet en domicilios particulares para encubrir las operaciones fraudulentas. Detenidos y allanamientos Hasta el momento han sido detenidas 17 personas, entre ellas 13 policías, algunos de alto rango dentro de la Jefatura, y cuatro civiles presuntamente vinculados a estaciones de servicio comprometidas con la red de fraude. Los detenidos serán formalmente imputados en los próximos días. El lunes se llevaron a cabo 36 allanamientos en distintas dependencias policiales y domicilios particulares de Rosario, Funes, Alvear, Pueblo Esther, Pérez, Álvarez y Villa Gobernador Gálvez. En los operativos se inspeccionaron oficinas de la División Logística, Sección Garaje, Grupo Táctico Multipropósito, Comando Radioeléctrico, Caballería y Perros, entre otras áreas clave. Se incautaron dispositivos electrónicos, celulares y material de interés para la investigación. Intervención y auditoría Como respuesta a la crisis, el gobierno provincial ordenó la intervención de la URII y la remoción de altos funcionarios de áreas estratégicas. Aunque Daniel Acosta, jefe de la unidad, no figura entre los sospechosos, se decidió apartarlo del cargo. En su lugar, asumirá Claudio Romano, exdirector general de la URII, quien tendrá plenas facultades inherentes a la jefatura y reporte directo al Ministerio de Justicia y Seguridad. Además, la secretaria de Coordinación Técnica del ministerio, Georgina Orciani, llevará a cabo una auditoría exhaustiva enfocada en el área de movilidad y el control de carga de combustible para detectar más irregularidades y evitar la repetición de este tipo de hechos. Declaraciones oficiales y futuro de la investigación En una conferencia de prensa conjunta, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el fiscal Caterina y el titular de la Fiscalía Regional Rosario, Matías Merlo, subrayaron el compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción dentro de la fuerza policial. “Siempre hemos respaldado a la policía, pero la inversión en seguridad debe ir de la mano de controles estrictos. No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”, aseguró Cococcioni. Mientras tanto, la Fiscalía de Violencia Institucional continúa analizando pruebas, escuchas telefónicas y registros de pagos. Se espera que en las próximas audiencias se revelen nombres clave dentro de la red de corrupción, lo que podría ampliar el alcance de la investigación y derivar en nuevas detenciones.
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