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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 06/05/2025 14:13
De ANÁLISIS Miguel Ángel Cullen, defensor en la causa de los “Contratos truchos” de la Legislatura provincial, pidió a la jueza de Garantías Marina Barbagelata que declare la “nulidad del requerimiento de elevación a juicio”. Lo hizo por los imputados Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez. A su solicitud se sumó el abogado Pablo Hawlena Gianotti, codefensor junto a Cullen del imputado Jorge De Breuil. La audiencia de este martes pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9, cuando está previsto que declare De Breuil. Será la única actividad este miércoles, tras lo cual cerrarán los cuestionamientos defensivos contra las imputaciones, una de las instancias de la remisión a juicio de la causa, es decir la etapa intermedia en el proceso que se encamina a un juicio oral. La actividad judicial en la causa seguirá el lunes, según lo acordado entre las partes. Para ese día está previsto que el Ministerio Público Fiscal (MPF) conteste los planteos de los abogados contra las acusaciones formales. La imputación contra Aguilera “no está clara y afecta el derecho de defensa” Cullen continuó este martes la intervención que comenzó ayer. Se centró en cuestionar las imputaciones que achaca el Ministerio Público fiscal (MPF). Específicamente sobre Aguilera, manifestó: “Dicen que asumió el rol de recaudar, que intervino en la gestión de contratos falsos, todo valiéndose de cargo de coordinador del Senado y empleado de planta permanente de esa Cámara. Pero no explican cómo se valió de su cargo”, cuestionó el abogado y continuó: “No sabemos quién o quiénes son los jefes de la organización criminal. Aguilera recaudaba para alguien que no sabemos quién es, no está explicado en ninguna parte de la imputación y esto tiene importancia para la organización de la defensa”. Cullen remarcó que, según un estatuto de empleados legislativos, “los presidentes de los bloques son jefes inmediatos”. “Aguilera no tenía voluntad de un rol de organizador, su función era ser empleado de presidente del bloque, quien le decía qué podía y qué no podía hacer, y tenía una estabilidad absolutamente precaria -añadió sobre el empleo en planta permanente de Aguilera-”. El defensor subrayó que “la remisión es nula por falta concreta del hecho”. “A Aguilera no le explican por qué, sólo le adjudican el hecho. En la intimación, el sujeto investigado debe poder defenderse con la sola imputación. Si no, estamos en El Proceso de Franz Kafka que nunca nadie entendió por qué estaba imputado el protagonista”, comparó. “Aguilera no podía definir los contratos, no podía decir ‘hoy se contrata a tal o cual’. Es mínimamente nulo. Quieren posicionar a un sujeto empleado del Senado con rango menor como organizador de una asociación ilícita en la Legislatura, destinada a saquear los fondos”. Agregó que la Fiscalía basa la acusación en “determinados mails cuestionados, que deberían ser excluidos porque tienen todos los vicios que mencionamos a los efectos de la exclusión probatoria”. “No cabe ninguna duda que debe anularse la imputación realizada a Aguilera. Se incumplió claramente con los requisitos del Código Procesal Penal. No sabemos de qué debemos defendernos. Ningún elemento surge del hecho imputado y tampoco surge de la escasa y breve fundamentación que se dio respecto de Aguilera en los fundamentos de la remisión, por lo que solicito que se declare la nulidad de la remisión a juicio, al igual que para el resto de mis defendidos”, reclamó. La defensa de Pérez Cullen también se explayó sobre la imputación que pesa sobre Gustavo Pérez, que fue encargado de área de Contrataciones entre 2008 y 2011. “Hasta 2008, Pérez tuvo el cargo de subdirector de Administración del Servicio Contable. Fue degradado en 2008. Él fue a la nueva área de Contrataciones. Según la imputación irracional, ahí comienza esta asociación ilícita. ¿Qué podía hacer Pérez como jefe de Contrataciones? Lo único que hacía era cargar datos, listados, lo que mandaban los senadores, autoridades de Cámara. La única facultad que tenía era requerir a la persona a contratar los antecedentes personales y laborales y verificar si presenta incompatibilidades. Los listados no los generaba él, se lo daban las personas que podían contratar: autoridades de Cámara y senadores”, resaltó. El abogado criticó la imputación a Pérez en los mismos términos que cuestionó la imputación a Aguilera. Sostuvo que en la acusación formal de Fiscalía “faltan definiciones” y eso les impide defenderse correctamente. Manifestó que su representado no tuvo la potestad de tomar decisiones que pertenecieron a otros rangos, a otras personas que no son mencionadas. Señaló en ese aspecto a “senadores y autoridades de Cámara” como los responsables de decidir a quiénes, cuándo y cómo se contrataba. “A Pérez se lo acusa porque era empleado, no firmó un contrato pero estaba encargado con otros funcionarios de firmar cartulares. Se hacía el pedido del legislador o autoridad de Cámara, pasaba por controles de tesorería, Contaduría, seguía el trámite y se dictaba el decreto, se emitían cartulares y esa era la participación que tenía Pérez”. “El alcance y gravedad de lo planteado por esta defensa y las otras en esta audiencia, hace que esto sea de imposible reparación ulterior. Si se sigue con un proceso donde no están definidas las conductas, se consagra la indefensión. Si se ingresa prueba ingresada contra las garantías constitucionales, lo que sigue es la indefensión”, cerró. “Este es un proceso corrupto”, dijo Hawlena Gianotti Cullen co-defiende a Jorge De Breuil junto al abogado Pablo Hawlena Gianotti. El abogado contó que su representado “salió hoy temprano de Córdoba y por un problema de salud, debe hacer paradas cada hora y media, así que no llegará al horario judicial, expondrá mañana”, anunció. Está previsto que con las palabras de Breuil, se agoten las intervenciones de las defensas en torno a las imputaciones. “Lo que viene diciendo el MPF hace años, no es así. Por ejemplo, no agotaron ni evacuaron las citas de mi defendido. Esto inserta una daga que mata el corazón de la acusación legal, la magistrada debe tutelar las garantías constitucionales en el proceso”, espetó el abogado a la jueza del proceso. “También digo públicamente que me honro ante la jueza y confío en su conocimiento”, acotó después. Y se centró en la “afectación de las garantías del proceso”. “El requerimiento de elevación a juicio fue nutrido de actos nulos y ahora estamos ante un cuadro de situación. No hubo objetividad en la actuación del MPF y su forma de actuación fue ilegal. Se nos impuso tomar como verdades presuntas los informes técnicos, se nos impuso aceptar esos informes técnicos como demostrativos de daños económicos a la administración pública”, apuntó. Hawlena Gianotti agregó que “De Breuil dejó de ser funcionario público en 2007, desde cuando pasó a ser empleado raso dependiente del despacho del senador Pedro Guastavino”. “Nunca tuvo manejo ni custodia de fondos públicos. En materia de peculado se lo califica como partícipe necesario. No se entiende por qué le endilgan la participación necesaria. Dicen que si no son autores, son partícipes necesarios. El MPF es incongruente porque también dice que si no son funcionarios, no pueden ser partícipes, el caso de particulares no funcionarios entre quienes reconocen a De Breuil”, marcó y definió: “El MPF no pudo demostrar conductas que De Breuil habría desarrollado para ser partícipe necesario pero tampoco por qué es autor. Es una espiral sin fin a un fondo que no se conoce y no se ve”. “Sostienen los fiscales que De Breuil habría sido destinatario de fondos que sustrajeron otros. Destinatario no es autor ni partícipe necesario, esté afuera del núcleo de conducta. Destinataria puede ser cualquier persona”. Dijo después que hubo inversiones y negociaciones “mal llamadas”. “De Breuil trabajó toda su vida. De ese producido de su trabajo, supo invertir muy bien ese dinero, tiene una vasta familia, un padre responsable, abuelo responsable, es pater familia responsable. De Breuil no le va a mentir señora jueza, no será como la señora Cecilia Goyeneche cuando se refirió a la vinculación con Pedro Opromolla -recordó el abogado-. Pasó esto, quedó registro y a De Breuil le adjudican inversiones inmobiliarias originados con fondos ilícitos, es llamativo”. “Se creó mucha hojarasca en los últimos años, levantando la bandera contra la corrupción pero este es un proceso penal corrupto. Pretendo conocer la verdadera motivación de Fiscalía. Esto es una trampa. La motivación no es legal”, calificó el defensor. “Es interesante que el MPF, incluso el doctor Gustavo Acosta que representa al actor civil, quiero saber por qué nunca hicieron esto que anunció el Gobierno de la provincia, de anular los contratos. Si esto fueron ‘contratos truchos’, por qué no pidieron antes la nulidad de esos contratos”, dijo el abogado. Detalles de la audiencia y la causa La audiencia se lleva adelante ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata. Los abogados que intervinienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani. De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, y 1 acordó ir a un juicio abreviado -Esteban Scialocomo- y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider. A mediados de abril, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. En la causa se investiga una estafa al Estado provincial calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
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