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La Paz » Politica con vos
Fecha: 05/05/2025 10:55
Trabajadores de los organismos manifestaron que los funcionarios políticos de La Libertad Avanza piden un porcentaje de su salario para la actividad partidaria. Ni las auditorías internas que informó el Gobierno pueden parar la tormenta. Misiones y Santa Cruz, las puntas de lanza de una maniobra nacional que afecta a jugadores clave del armado federal “libertario”. Por Pablo Esquivel Se cae una de las principales cartas con las que Javier Milei y sus funcionarios se presentaban ante la sociedad argentina y que tanto redito electoral le significaron: la del combate contra la corrupción y la “casta” política que hace negociados espurios para asegurarse su “caja negra”. Esto se puede leer por el recibo que acusó el Poder Ejecutivo, luego del comunicado del PAMI en el que la obra social de los jubilados y pensionados reveló la apertura de una investigación puertas adentro. En la entidad a cargo de Esteban Leguízamo apuntan a “ordenar el Instituto” y cuidar el dinero de los afiliados para “garantizar que sus recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan”. Lejos de la inocencia de este comunicado, la pesquisa se produjo en medio de las graves denuncias de las últimas semanas a raíz de publicaciones en los que se mostraban pedidos de «diezmos» en delegaciones del PAMI y de la ANSES por parte de funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) en distintas provincias. Hay dos provincias, una al noroeste y otra en el sur de nuestro país, en las que tanto la hermana del Presidente, Karina Milei, como sus armadores nacionales, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, prestan especial atención, tras el primer antecedente que prendió las alarmas del espacio de la Secretaria General de la Presidencia: la reciente destitución de Alberto Pascual como coordinador del PAMI en la localidad de Junín, por cuarta sección electoral bonaerense. Este hecho expuso abiertamente la interna entre Karina, los Menem y Sebastián Pareja contra el sector de Las Fuerzas del Cielo, la tropa digital que conduce Santiago Caputo, pero además dio visibilidad al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en un contexto de escándalos que se multiplican en varios distritos nacionales. La deriva judicial de las presentaciones tanto en Misiones como en Santa Cruz pueden ser el puntapié de graves antecedentes que sacudirían a los armados distritales de LLA de cara al año electoral. En el caso de “Lule”, es más marcada su ascendencia sobre PAMI y ANSES, y al mismo tiempo es el encargado de reclutar dirigentes para conformar los armados provinciales, involucrándose de lleno en la cuestión legal. MISIONES TURBIAS En la provincia del noroeste todo explotó cuando se conoció el chat entre el presidente de LLA en Misiones Adrián Núñez y su mano derecha Mario Pérez Miranda. Allí mencionan que hay “funcionarios que depositaron”. La denuncia fue radicada por el productor agrícola de Wanda y referente libertario en el norte provincial Samuel Doichele en la Justicia Federal de Posadas. Y, al mismo tiempo, se presentó un pedido de impugnación de la lista de candidatos a diputados provinciales ante el Tribunal Electoral de Misiones. Para Doichele, Núñez encabezó un esquema de recaudación compulsiva de fondos que afectó a funcionarios de ANSES y PAMI en la provincia. En esta denuncia también figuran los dirigentes Mario Pérez Miranda y Cristian Sanabria Brítez, y las funcionarias Samantha Stekler, titular del PAMI en Misiones, y Beatriz Guerrero, jefa de ANSES en Eldorado. Tanto Stekler como Guerrero figuran en la lista electoral que ahora se intenta impugnar. En el caso de Sanabria Britez, pesa sobre él la difusión de una captura de pantalla donde se le habría enviado una transferencia a su cuenta. La presentación judicial penal de Doichele, que además es presidente de la Cooperativa Integral del Norte, se basa en documentos internos del partido que comenzaron a circular hace tres meses. Desde febrero comenzó el malestar por parte de un grupo de afiliados y funcionarios que denunciaba presiones para entregar el 10% de sus sueldos a una cuenta particular, que supuestamente llegaba por orden de Núñez. Así se ratificaba en una nota firmada por el titular de la ANSES Oberá Guillermo Orsat y la referente de LLA en la capital misionera Silvina Flores, se acusaba a Mario Pérez Miranda de operar como recaudador de confianza de Nuñez. En el mes de marzo, durante una reunión en la localidad de Dos de Mayo entre dirigentes y referentes de distintas zonas de la provincia, se pidió formalmente la renuncia de Núñez y de sus principales colaboradores. “Solicitamos la renuncia inmediata de Carlos Adrián Núñez, Mario Pérez Miranda y Cristian Sanabria Brítez”, señala el acta del cónclave del 14 de marzo, donde también se propuso la conformación de un Tribunal de Disciplina, amparándose en la Carta Orgánica partidaria. SE CLAVARON LA SANTA CRUZ En la provincia patagónica, el escándalo tuvo una tremenda repercusión cuando se conoció el chat del presidente de LLA santacruceño Jairo Guzmán con su exmano derecha y extitular de la delegación del PAMI Caleta Olivia Sergio Torres, que es ahora su denunciante. En esa charla, Guzmán pide que una médica contratada en PAMI aporte “para el alquiler”. Se trata de la doctora de zona norte Verónica Sedán. Torres denunció que Guzmán le exigía que Sedán hiciera un “Aporte partidario” para LLA. De esta manera se obligaba al exdelegado de Caleta Olivia de realizar un “Soborno en grado de tentativa”, como destaca el ahora denunciante. La profesional renunció en ese mismo momento en el que se solicitaba el “diezmo”. Así dejó expuesto Sedán el pedido de Torres en un chat de WhastApp. También circuló un audio en el que Guzmán le recuerda a su ahora exladero que “todos tienen que poner”. Torres hizo la denuncia formal el 8 de noviembre de 2024, en la que acusa a Guzmán de haberlo hostigado sin miramiento. También incluyó en esa presentación ante la Justicia al Jefe de políticas Sociales del PAMI Lucas Oyarzo y el referente “libertario” en esa provincia Maximiliano Kruger. Además, se remarca que tanto las autorizaciones médicas, como medicamentos y las derivaciones que Torres solicitó le fueron negadas, con una dilatación de los tiempos, y rechazando la asistencia a los afiliados de la tercera edad. Karina toma nota de todo. La Pampa y Chaco son otros dos distritos en los que el modus operandi “libertario” puede seguir este sendero de destape de la “caja negra”.
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