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Federal » El Federaense
Fecha: 04/05/2025 04:09
La situación del expresidente boliviano Evo Morales ha tomado un giro inesperado en los últimos días, generando una creciente incertidumbre legal en torno a su futuro. En un lapso de tan solo tres días, se han emitido dos resoluciones judiciales que parecen ir en dirección opuesta, causando confusión tanto en el ámbito político como en el judicial. El miércoles, la jueza Lilian Moreno, del Tribunal Departamental de Santa Cruz, emitió una resolución que anulaba la orden de captura contra Morales, la cual había sido dictada en Tarija en octubre del año anterior. Según explicó su abogado, Nelson Cox, esta medida se adoptó tras la presentación de un trámite de queja por parte de la defensa, que solicitó que el caso fuera tenido por un “juez natural” en Villa Tunari, región clave para el exmandatario. Las acusaciones que pesan sobre Evo Morales se centran en una relación con una menor de edad, cuestión que la Fiscalía ha calificado como grave. Las consecuencias fueron inmediatas: un juez en Tarija emitió una declaratoria de rebeldía, dado que el expresidente no se presentó a declarar en dos ocasiones. El fallo de la jueza Moreno fue recibido con entusiasmo por parte de Morales, quien declaró que era un paso hacia la justicia. Su abogado afirmó que este fallo supuso una “libertad irrestricta” y que no existía margen para apelar la decisión. Reacciones de la alta magistratura Sin embargo, la decisión de la jueza fue fuertemente criticada. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, cuestionó que se permita que individuos procesados por delitos de tal gravedad burlen la justicia y se limitado la protección de los menores, expresando su postura en redes sociales. En fecha reciente, se produjo un nuevo giro cuando el juez Franz Zabaleta, de La Paz, dictó una resolución que restablecía la orden de aprehensión contra Morales, indicando que la medida cautelar es válida hasta que se dicte una resolución final respecto a la queja presentada. La defensa responde La reacción de los abogados de Morales fue inmediata. Wilfredo Chávez, uno de sus letrados, calificó la determinación de Zabaleta como un acto injustificable y producto de presiones políticas. Chávez argumentó que la decisión carece de base legal, afirmando que la resolución anterior de Moreno debe prevalecer por el momento. A pesar de los problemas legales que enfrenta, Evo Morales se ha manifestado seguro sobre su situación y ha dejado claro que tiene la intención de inscribirse como candidato presidencial el 16 de mayo, señalando que su libertad está asegurada y criticando al actual gobierno bajo el liderazgo de Luis Arce. La tensión sigue en aumento en el ámbito judicial y político de Bolivia, donde el nombre de Evo Morales continúa siendo un tema candente que podría influir en el panorama electoral venidero.
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