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CABA » Plazademayo
Fecha: 01/05/2025 14:23
La Justicia ratificó la sentencia que obliga al Ministerio de Capital Humano a restablecer la asistencia alimentaria, asestando un nuevo golpe a la política social del gobierno. En un fallo contundente, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia de primera instancia que ordena al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, a restituir de manera inmediata el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios. La decisión judicial responde al amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del abogado y dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois. Los jueces Sergio Gustavo Fernández, Jorge Eduardo Morán y Susana María Mellid, integrantes de la Cámara, fueron unánimes al ratificar que la suspensión de la asistencia alimentaria por parte del Estado vulnera gravemente derechos constitucionales fundamentales. Con esta nueva resolución, suman ya doce los magistrados que se han pronunciado en contra de las políticas implementadas por la administración de Javier Milei y la ministra Pettovello en materia de asistencia social. Este revés para el Ministerio de Capital Humano se produce en paralelo a una nueva intimación judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 volvió a exigir a la cartera dirigida por Pettovello el abastecimiento de alimentos a otros 53 comedores comunitarios. Esta medida se suma a una orden previa que ya obligaba al Ministerio a incorporar a sus programas alimentarios a 66 comedores, elevando significativamente el número de espacios que deben recibir asistencia de manera urgente. La reciente decisión judicial subraya el tiempo transcurrido desde la presentación del amparo, la flagrante vulneración del derecho a la alimentación y la actitud dilatoria que ha evidenciado el Ministerio de Capital Humano en este caso. El fallo de la Cámara Federal refuerza la obligación del Estado de garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables de la sociedad, marcando un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el gobierno y las organizaciones sociales por la política de asistencia social implementada.
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