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» TN corrientes
Fecha: 01/05/2025 11:39
Luna Park Demolerían todo el interior del Luna Park para construir un nuevo estadio contra la normativa vigente Jueves, 1 de mayo de 2025 La Iglesia, propietaria del estadio, se lo entregó al empresario Diego Finkelstein, quien impulsa un proyecto que viola las leyes, tanto nacionales como municipales, de protección de patrimonio histórico, que tiene el edificio. La enorme historia del mítico estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires está a punto de sumar un capítulo más. Pero a diferencia de aquella gloriosa trayectoria, esta vez se trata de una polémica en torno a la demolición de todo el interior del estadio ubicado en el bajo porteño, y la construcción de un nuevo edificio en su lugar, que aumenta el volumen en alrededor de 80% y duplica la altura actual, al agregarle más fachada y un nuevo techo más grande. Todo ello, a pesar de que está prohibido por las leyes de protección histórica tanto de la Nación como de la Ciudad. La controversia gira en torno a un proyecto y a una limitación que existe sobre el edificio. El punto es el siguiente: la considerable intervención que se pondría en marcha si avanza la iniciativa presentada por la empresa DF Entertainment, propiedad del empresario argentino Diego Finkelstein, violaría numerosas normas que prohíben expresamente ampliar su volumen, alterar la fachada y demoler todo el interior. La historia empezó cuando el Arzobispado y la comunidad salesiana, dueños del Luna, llamaron a un concurso privado a través de la auditora EY para remodelar y explotar el estadio por 20 años. Las dos entidades religiosas son las dueñas en partes iguales desde que, en 2013, Ernestina Lectoure legó a su fallecimiento el 95% de las acciones. En ese llamado a ofertas compitieron 10 interesados, entre ellos DF Entertainment, S.A. La Nación, Fenix Entertainment, el productor Marcelo González y ASM Global. La consigna del convocante fue trabajar sobre el espacio actual con modificaciones permitidas, siempre de acuerdo con la normativa vigente, es decir, respetando la doble protección de este Monumento Histórico. Sin embargo, el Arzobispado eligió la propuesta de DF Entertainment, porque le pagará un canon mayor por el hecho de construir un estadio mucho más grande -y por lo tanto con mayor público- a pesar de que está prohibido. Dicha empresa tiene como accionista controlante del 51% a la corporación norteamericana Live Nation Entertainment Inc. El estadio está catalogado con “Nivel de Protección Estructural” por la Ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, está incorporado al Anexo I del Código Urbanístico. Asimismo, fue declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto PEN Nº 123 de 2007, lo que le entrega la doble protección. El nivel de protección que le otorga la Ciudad busca preservar y proteger un patrimonio cultural, histórico o ambiental de gran relevancia. Específicamente, esta categoría suele aplicarse a inmuebles que presentan un valor significativo desde el punto de vista arquitectónico, histórico o paisajístico. Los inmuebles catalogados de esta manera tienen restricciones más estrictas respecto a su modificación, demolición o cualquier intervención que pueda afectar su integridad. El objetivo es asegurar que estos bienes se mantengan y conserven para las futuras generaciones, contribuyendo así a la identidad y a la historia de la ciudad. La protección abarca la totalidad del estadio, es decir, no se puede demoler la cubierta (fachadas y techo) ni los elementos significativos del interior (tribunas, galerías y piso). A pesar de estas claras limitaciones que imponen las normas, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del gobierno nacional, aprobó el proyecto de la Iglesia y Finkelstein en tiempo récord, el 6 de enero pasado. El proyecto fue presentado con la firma de los estudios de arquitectura Bodas-Miani-Anger y Enrique Lombardi y Asociados. De acuerdo con el acta de la Comisión Nacional, la aprobación fue en una reunión virtual que empezó aquel día a las 10 de la mañana. Estaban conectados la presidenta de la comisión, Mónica Capano; el vicepresidente, Alberto Petrina, y los vocales Gladys Pérez Ferrando, Juan Vacas, Andrés Mage, Silvina Pedreira, Selva Battistiol, Magalí Marazzo y Rosa Aboy. La conversación sobre el Luna Park no se detuvo en cuestiones técnicas y reglamentarias (no hay una sola mención al tipo de obras que se llevarían a cabo), sino que transitó sobre valoraciones subjetivas de la necesidad de modificarlo. Tampoco se mencionan en el Acta los necesarios estudios técnicos que se requieren para avalar la aprobación. “Esta Comisión afirma, tal el estado del arte actual del patrimonio, que el mismo es una construcción social, histórica que debe ser sustentable y habitable ya que, de otra forma, se lo condenaría a dejar de interpelar a su comunidad, convertido en una pieza sacralizada por fuera de la cotidianeidad. En síntesis, esta Comisión aprueba la documentación remitida, y aprueba el inicio de las obras a condición de constituir una mesa de trabajo como se señaló”, afirmó escuetamente el cuerpo colegiado en aquella reunión del 6 de enero. A pesar de que el Código Urbanístico de la Ciudad prohíbe la ampliación del volumen y la demolición de la cubierta y de todo el interior del Luna, el subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad, Juan Vacas, que responde políticamente al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en su calidad de integrante de la Comisión Nacional votó a favor del proyecto. Dicha Comisión justificó su decisión en la supuesta ausencia de alternativas para el Luna Park, al que describe en el Acta como “sin futuro”, omitiendo considerar que en realidad el estadio tuvo más de 80 espectáculos por año en 2023 y 2024 y que la Iglesia recibió otras 9 propuestas de modernización y operación del estadio, que dejó de lado, eligiendo la que viola la normativa de protección histórica. Para avanzar con las obras de demolición y de construcción del nuevo edificio, ahora deberá intervenir el gobierno de la Ciudad para aprobarlas o rechazarlas. A fines de marzo, el expediente ingresó en la Subsecretaría de Gestión Urbana, dependiente de la Jefatura de Gabinete del gobierno porteño, bajo la identificación IF-2025-13421526. Se trata de una consulta obligatoria. Una fuente de la administración de Jorge Macri confirmó que el expediente “es analizado en las áreas de urbanística del gobierno de la Ciudad”. No mucho más. Jueves, 1 de mayo de 2025
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