01/05/2025 13:50
01/05/2025 13:50
01/05/2025 13:44
01/05/2025 13:44
01/05/2025 13:43
01/05/2025 13:43
01/05/2025 13:42
01/05/2025 13:42
01/05/2025 13:42
01/05/2025 13:42
Parana » AIM Digital
Fecha: 01/05/2025 10:20
La Agenda Ambiental Legislativa 2025, autoría del Círculo de Políticas Ambientales, constituye un documento en el que especialistas de diversas disciplinas analizan los proyectos de ley en materia ambiental y energética con estado parlamentario. La iniciativa, a la que tuvo acceso AIM, se presentó con el fin de aportar su perspectiva al debate en el Congreso de la Nación El año 2024 fue un año de baja actividad en cuanto al tratamiento legislativo de cuestiones ambientales, lo que estuvo en consonancia con la avanzada desregulatoria del Poder Ejecutivo y la desarticulación de la política ambiental a nivel nacional. Ninguna norma relevante fue puesta en debate, ni en comisiones ni en el recinto, salvo el capítulo ambiental de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que finalmente fue retirado por el gobierno debido al rechazo de los legisladores a su tratamiento. Las comisiones de ambas cámaras convocaron a reuniones ya avanzado el año, lo que resultó en la realización de algunas pocas sesiones, mayormente destinadas a encuentros informativos que no lograron progresar en el debate ni en el dictamen de los proyectos de ley específicos. Sin embargo, continúa en agenda un número importante de iniciativas que permanecen pendientes desde hace años y que, en muchos casos, vuelven a ser de interés debido a los condicionamientos del comercio internacional, los requerimientos del proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) reiniciado por el país en 2024, la inserción de Argentina en una economía global en redefinición, o el cumplimiento de acuerdos internacionales, entre otros factores. Temas como la trazabilidad de productos de la pesca (entre otros), la actualización del régimen de promoción de las energías renovables, el impulso al hidrógeno verde, la implementación de mecanismos de fijación del precio del carbono, la conservación de la biodiversidad, la gestión de sustancias químicas y la aplicación de la responsabilidad extendida del productor para materiales y residuos siguen siendo absolutamente relevantes. Soslayar el tratamiento de estos ejes no sólo implica una pérdida de oportunidades en el campo social, económico y ambiental hacia adentro del país sino también en la competitividad de la Argentina frente al mundo. Por otro lado, la coyuntura política nacional ha generado nuevos debates inmediatos: cómo dotar a las provincias de marcos institucionales federales en materia ambiental que sean uniformes y sólidos, cómo evaluar el impacto de las regulaciones y cómo lograr que el Congreso, haciendo uso de sus competencias, realice el seguimiento y control de la implementación de las leyes que sanciona. En este sentido, es claro que el mayor involucramiento del Parlamento en la política ambiental, tanto en su formulación como en su control, constituye un ejercicio sano y esperable en el marco de la Constitución Nacional que, además, debiera producir un resultado positivo en la interacción con el Poder Ejecutivo y las provincias. Frente a un escenario complejo e incierto, el Congreso de la Nación tiene la posibilidad de establecer (y defender) el marco normativo en materia ambiental que garantice el derecho constitucional a un ambiente sano, el cumplimiento de los acuerdos internacionales ratificados por el país y la certeza jurídica que necesitan los sectores productivos. Para acceder al informe completo, ingresar al siguiente link.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por