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» El Ciudadano
Fecha: 30/04/2025 22:25
Las plantas de Vicentin volvieron a trabajar en los últimos días, tras algunas semanas paralizadas. Durante los tres años en default, la empresa se mantuvo operativa y con los sueldos de los empleados al día, pero este año hay retrasos salariales. Pero desde la firma advierten que la incertidumbre en la homologación del acuerdo que entretejió con parte de sus acreedores –y que implica el traspaso de activos que están inhibidos por la Justicia penal de Rosario– provoca, según la cerealera, potenciales clientes no avancen en los contratos de fasón lo que deja a la firma al borde de fundirse del todo. Este miércoles Vicentin acudió ante la Corte Suprema de la Nación, en un último intento judicial para que se homologue un acuerdo con acreedores que, acusan lo que quedaron afuera, consolidaría un pagadiós monumental, descuartizando al conglomerado para cumplir con los pagos con el rédito obtenido con la venta de activos a terceros. El máximo tribunal santafesino bloqueó la maniobra a partir de los reclamos de un grupo de acreedores encabezados por Commodities SA, controlado por el Grupo Grassi. Pero tampoco el principal acreedor de la firma de Avellaneda, el Banco Nación, dio su aval al acuerdo. El principal argumento del reclamo es que la doble mayoría de acreedores exigida por la ley de Concursos y Quiebras fue alcanzada hace más de dos años y que la Cámara de Apelaciones de Reconquista ordenó la homologación del acuerdo preventino en un sentencia de meses atrás. La presentación legal se hizo con el patrocinio del estudio de abogados Alegría, especializado en temas concursales, y con un rol destacado del jurista Ricardo Gil Lavedra. Grassi es un mediano acopiador de granos que opera en el Gran Rosario, que meses atrás anunció la compra de la deuda a los bancos internacionales, y apuesta a tomar el control de la operatoria de Vicentin. Pero no prosperó. Este 22 de abril el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini desplazó al directdorio de la empresa –cuatro miembros están presos– por 120 días y dispuso la intervención judicial, con administradores temporarios cuya principal misión es sostener la actividad productiva y comercial, y los puestos laborales y salarios, además de cumplir con los contratos ya firmados. La crisis de Vicentin eclosionó el 4 de diciembre de 2019, en la transición de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y tuvo momentos de alto voltaje político. En junio de 2020, el gobierno nacional decretó la intervención de la empresa por decreto y envió un proyecto de ley al Congreso para proceder a su expropiación. El juez Lorenzini rechazó la intervención estatal y mantuvo la gestión judicial en sus manos durante más de dos años, mientras la empresa negociaba con los acreedores y buscaba socios estratégicos. El período de exclusividad –en el cual la empresa puede buscar una negociación con facultad prioritaria– finalizó el 30 de junio de 2022, luego de tres prórrogas. Desde entonces, una porción de acreedores empuja una salida de salvataje –cramdown– manteniendo íntegro como está ahora al conglomerado.
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