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» SL24
Fecha: 30/04/2025 18:30
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp El escándalo sacude a la Justicia Federal de Rosario. El juez Marcelo Bailaque, considerado uno de los magistrados con mayor poder en la región, podría caer en desgracia: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) solicitó su prisión preventiva, pero para que pueda ser detenido primero debe ser destituido por el Consejo de la Magistratura. El fiscal Diego Velasco —junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez— también pidió su apartamiento inmediato de todas las causas bajo su órbita y el embargo de sus bienes personales, que incluyen propiedades, una embarcación y un vehículo. Bailaque está acusado de un entramado de corrupción judicial, encubrimiento de redes narco, liberación irregular de fondos millonarios y fallos a medida de empresarios y financistas cercanos. La lista de causas que lo comprometen es extensa y gravísima. Una de las investigaciones más explosivas revela que el juez no se excusó en una causa de 2013 contra el narco Esteban Alvarado —condenado por instigar un asesinato—, a pesar de que su propio asesor contable también trabajaba para empresas ligadas al capo narco y su ex pareja, con vínculos directos hasta 2014. Otro frente judicial apunta a su actuación en el caso de dos cooperativas y una financiera vinculada a Fernando Whpei, señalado como amigo íntimo del juez. Cuando el expediente aterrizó en su juzgado tras un conflicto de competencia territorial, Bailaque liberó fondos por 150 millones de pesos, permitiendo que esas entidades volvieran a operar en el circuito financiero. Por si fuera poco, también enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y prevaricato, tras sobreseer a un empresario y a un agente de bolsa en un expediente plagado de irregularidades procesales. Velasco alertó que mantener a Bailaque en su cargo pone en riesgo la integridad de las investigaciones: por su posición de poder, puede influir, interferir y entorpecer las pesquisas. El futuro del magistrado parece pendiendo de un hilo, y con él, una parte clave del sistema judicial rosarino.
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