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» Corrienteshoy
Fecha: 29/04/2025 19:22
Trump vs. Harvard: ¿Quién le teme a las Universidades? Por Roberto Saba La democracia es un régimen político en el que los ciudadanos se autogobiernan. Para ello, la comunidad política debe tomar decisiones, que serán mejores cuando más robusta sea la deliberación que las precede. Ello requiere de abundante información y de la más amplia diversidad de puntos de vista. Si bien son muchas las fuentes de información e ideas que nutren la deliberación política, una de ellas es la generadora de conocimiento por excelencia: la universidad. En su seminal artículo titulado La misión democrática de la universidad, Owen Fiss, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, define a la universidad como “una institución autogobernada dedicada al descubrimiento y la diseminación del conocimiento”. Ese conocimiento vital para el debate democrático continúa este jurista, se construye gracias a la libertad académica que ejercen los estudiantes y profesores que gozan de protección constitucional a través del reconocimiento de la libertad de expresión. Esa libertad académica es a su vez asegurada por medio de la autonomía de la universidad respecto de la injerencia del Estado cuyas regulaciones no pueden nunca interferir con sus decisiones respecto de lo que se enseña, a quiénes se contrata para hacerlo y a quiénes se admiten en sus aulas como estudiantes. Por supuesto, esto no significa que las universidades pueden hacer lo que deseen sin ningún control, pero su autonomía limita la posible intervención del Estado, ya sea que se trate de universidades privadas o públicas. El presidente Trump ha arremetido contra las universidades más prestigiosas y antiguas de su país, como la de Harvard o la de Columbia. Con diferentes argumentos, como la lucha contra el antisemitismo o la supuesta discriminación asociada a las políticas de diversidad, equidad e inclusión, ha condicionado la entrega de fondos federales a que esas instituciones lleven a cabo reformas sustantivas respecto de lo que se enseña, quiénes son contratados como profesores o cuáles son los criterios para la admisión de alumnos. Columbia, cuyo presupuesto se conforma en un 20% por fondos públicos, aceptó esos condicionamientos. La Universidad de Harvard, en cambio, le comunicó al gobierno que no los consentiría pues ello implicaría renunciar a sus derechos constitucionales. Trump respondió con la decisión de no entregar 2.200 millones de dólares comprometidos de fondos federales y no continuar con contratos por otros 60 millones de dólares. También expresó que la agencia de impuestos (IRS), sobre la cual no tiene autoridad formal, debería cancelarle la exención impositiva de la que goza la institución por dedicarse a fines educativos. Harvard es la universidad más rica de los Estados Unidos con un patrimonio (endowment) de 53.200 millones de dólares en 2024 (equivalente aproximadamente al 8% del PBI de Argentina). Esta posición de fuerza derivada de su poderío económico la coloca en una situación más ventajosa que la que tiene la mayoría de las instituciones educativas de su país para hacer frente a las presiones del gobierno. La decisión de Trump de ir contra la autonomía universitaria y la libertad académica de los miembros de sus comunidades no es una novedad. Es larga la lista de los gobiernos que han tomado iniciativas similares. Todos ellos, algunos de izquierda y otros de derecha, elegidos legítimamente por el pueblo o no, comparten su temor o desprecio por el pensamiento crítico que surge de las universidades y que pone en riesgo su poder. Desde 2021, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha cerrado al menos 17 universidades (incluida la confiscación de la universidad administrada por los Jesuitas en 2023). En 2018, Viktor Orbán, muchas de cuyas políticas son una inspiración para el Presidente Trump, impulsó legislación que forzó a la prestigiosa Universidad de Europa Central a abandonar Budapest y establecerse en Viena. Chávez, en Venezuela, asfixió presupuestariamente a las Universidades autónomas y creó un sistema universitario paralelo a un costo de decenas de miles de millones de dólares. El vicepresidente de Trump, J.D. Vance, lo dijo sin disimulos: “Debemos atacar agresivamente a las universidades de este país (…) ellas no persiguen el conocimiento y la verdad, sino que buscan el engaño y la mentira (…)” y remató citando a Nixon: “Los profesores son el enemigo”. ¿Por qué gobernantes poderosos e incluso populares les temen a las universidades? Porque en ellas, aún con sus muchas imperfecciones, se “fabrica” el pensamiento crítico y se produce el conocimiento necesario para nutrir el debate público y desenmascarar las mentiras oficiales. Steve Levitsky, profesor de ciencia política de la Universidad de Harvard y autor del best-seller ¿Cómo mueren las democracias?, basado en sus estudios sobre gobiernos autoritarios en todo el mundo, ha afirmado que el ataque a las universidades hay que verlo en un contexto más amplio de avance sobre todas aquellas instituciones que en una democracia ejercen algún tipo de control sobre gobiernos que desprecian los límites constitucionales, como la prensa libre y profesional, las firmas de abogados que defienden a aquellos cuyos derechos se ven vulnerados, las ONGs que promueven la defensa del interés público y las fundaciones filantrópicas que las financian. Las universidades, sostiene Levitsky, son atacadas por gobiernos de derecha e izquierda porque son “influyentes centros de disidencia”. Estas verdaderas fábricas de pensamiento crítico y libertad de expresión son un temible obstáculo para quienes quieren gobernar sin control. De la supervivencia de su autonomía y libertad depende, en gran parte, el futuro de la democracia liberal. Roberto Saba Profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (UBA y Universidad de Palermo
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