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Parana » AIM Digital
Fecha: 29/04/2025 12:33
La delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Salud y dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (ATE) en el FITU, expresó su enérgico repudio al proyecto de Ley que remitió el Poder Ejecutivo a la Legislatura para reemplazar el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) por la denominada Obra Social de Entre Ríos (Oser), Nadia Burgos. El gobierno provincial “vuelve a atacar a los trabajadores y nuestro derecho a la salud”, indicó Burgos a esta Agencia, quien precisó: “Este proyecto no es una solución a los problemas reales que enfrentamos los afiliados. Por el contrario, profundiza el vaciamiento institucional”, afirmó Burgos, quien subrayó que la propuesta elimina la participación democrática de los trabajadores y concentra el poder en el Ejecutivo provincial. “Esto solo puede abrir las puertas a más manejos discrecionales y opacos de nuestros recursos”, advirtió. Burgos destacó que la nueva Ley impulsa la eliminación del Directorio elegido por los trabajadores, siendo reemplazado por autoridades designadas a dedo por el gobierno: “Esto representa un retroceso autoritario y antidemocrático”. Reconoció que el Iosper enfrentó problemas de gestión, pero enfatizó que “no es con más poder para los de arriba y menos control popular como vamos a resolver la crisis sanitaria que vivimos los entrerrianos”. La dirigente insistió en que “para defender la salud hay que denunciar estos negociados y avanzar en transformar el sistema de salud fragmentado y mercantilizado que tenemos actualmente”. En su análisis, Burgos afirmó que “en Entre Ríos, como en todo el país, la salud está bajo un modelo tripartito que divide la atención en tres compartimentos: público, privado y obras sociales. Este esquema es excluyente, desigual y reproduce la lógica de que la calidad de la atención depende del bolsillo o del convenio que tengas”. Además, criticó la situación actual: “Mientras tanto, los hospitales públicos están desfinanciados, los sanatorios privados lucran con la enfermedad, y las obras sociales —como Iosper— son gestionadas como botines políticos antes que como herramientas de cuidado de nuestra salud”. Finalmente, Burgos propuso una solución a largo plazo: “Desde la izquierda creemos que la única salida real y de fondo a esta crisis es avanzar con decisión hacia un sistema único de salud, que sea público, gratuito, universal, de calidad y bajo control social”. Afirmó que esto implica integrar todos los recursos del sistema actual en una sola red pública, bien financiada, con condiciones laborales dignas para sus trabajadores y gestionada de forma democrática por usuarios y trabajadores. “La salud no puede ser un negocio, ni una prebenda del poder político de turno; la salud es un derecho”, concluyó, quien hizo un llamado a los gremios, a los trabajadores estatales y a toda la comunidad entrerriana a rechazar esta reforma y a defender el derecho a una salud digna, levantando un programa alternativo basado en la salud como un derecho y la democracia desde abajo para protegerla.
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