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» tn24
Fecha: 29/04/2025 06:46
El proceso arranca este miércoles en Corrientes. Investigan la responsabilidad de funcionarios por abandono de persona agravado, apremios ilegales e incumplimiento de deberes. Este miércoles 30 de abril, desde las 8 de la mañana, se dará inicio al juicio oral en la ciudad de Corrientes, donde se juzgará a seis policías acusados de graves delitos institucionales vinculados a la muerte de Lautaro Rosé, un joven de 18 años. El tribunal estará presidido por la jueza Ana del Carmen Figueredo, acompañada por Darío Alejandro Ortíz y Román Facundo Esquivel como vocales, mientras que la secretaria de juicio será Tamara Lorena Brescovich. Los imputados Carlos Alberto Prieto, Juan Daniel Aveiro, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero enfrentarán cargos por abandono de persona agravado por el resultado de muerte y apremios ilegales en concurso con incumplimiento de deberes de funcionario público. Por otra parte, Vicente Manuel Pruyas Suárez será juzgado solo por incumplimiento de deberes. Todos llegan en libertad al debate, que contará con la actuación del fiscal Carlos José Lértora. Los hechos que derivaron en esta causa ocurrieron en la madrugada del 7 de noviembre de 2021, cuando Lautaro Rosé y un grupo de amigos fueron perseguidos por móviles policiales en la zona de la costanera. Atrapado entre los uniformados y el río, el joven intentó escapar hacia el agua. Su hermano halló sus zapatillas en las rocas, en un sitio donde luego se secuestraron balas de goma y cartuchos de arma de fuego. Uno de los adolescentes que acompañaba a Lautaro logró salir del agua, pero denunció haber sido golpeado y esposado sin registro de detención, además de ser amenazado para que no relatara lo sucedido. Lautaro, en tanto, pidió ayuda en reiteradas ocasiones mientras luchaba por mantenerse a flote, sin recibir auxilio de los policías que se encontraban en la orilla. El juicio pondrá en foco no solo la actuación de los agentes durante la trágica noche, sino también su responsabilidad en el incumplimiento de los protocolos básicos de asistencia y protección ciudadana. Las penas previstas para los delitos que se juzgan van de uno a quince años de prisión.
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