29/04/2025 12:52
29/04/2025 12:51
29/04/2025 12:51
29/04/2025 12:50
29/04/2025 12:50
29/04/2025 12:50
29/04/2025 12:50
29/04/2025 12:49
29/04/2025 12:49
29/04/2025 12:49
Colon » El Entre Rios
Fecha: 29/04/2025 06:31
Atención Esta imágen puede herir su sensibilidad Ver foto Compartir imágen La creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia reabre el debate sobre los límites constitucionales a la delegación de poderes, la falta de controles administrativos y sobre el rol de la Legislatura como garante del interés general en Entre Ríos.Como ciudadano entrerriano, no puedo permanecer indiferente ante la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, del proyecto que crea lahttps://www.senadoer.gob.ar/descargas/55164.Bajo el argumento de modernizar la gestión, se promueve un retroceso grave en los mecanismos de control y transparencia sobre el patrimonio público.La Agencia Administradora absorberá funciones esenciales que hasta hoy cumplen la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles, ambas bajo la órbita de la Fiscalía de Estado, aunque el problema no es solo administrativo, pues la nueva agencia dependerá directamente de la Secretaría General de la Gobernación, tendrá autarquía económica y plena capacidad de actuar en el derecho público y privado.En otras palabras, las decisiones sobre la venta, cesión o utilización de los bienes públicos quedarán concentradas en manos del Poder Ejecutivo, sin la necesaria intervención legislativa que establece nuestra Constitución.El artículo 81 de nuestra Carta Magna es categórico:y delegar esa atribución en un organismo administrativo no solo desconoce esta norma, sino que rompe el equilibrio de poderes que garantiza la transparencia y la defensa del interés público.El análisis técnico del proyecto sancionado refuerza estas preocupaciones, pues la ley otorga a la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia (AABIPER) facultades para:• Proponer y ejecutar políticas inmobiliarias del Estado (artículo 5, incisos nº 1 y nº 2)• Celebrar contratos civiles o comerciales sobre inmuebles estatales (artículo 5, inciso nº 13);• Gestionar ventas mediante subasta o licitación (artículo 5, inciso nº 14);• Adquirir, ceder, otorgar en uso y administrar bienes (artículo 5, incisos nº 11 y nº 15).Estas competencias incluyen operaciones de enajenación y disposición de bienes inmuebles de dominio privado estatal, sin necesidad de aprobación legislativa individualizada, como lo exige el diseño constitucional.Además, el artículo 16, señala que la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia (AABIPER) quedará exceptuada del control previsto en el artículo nº 55 de la Ley de Contabilidad Pública (Ley nº 5.140) https://www.entrerios.gov.ar/presupuesto/downloads/norm/ley5140.pdf, debilitando aún más los controles financieros y patrimoniales.Así, el proyecto no solo transfiere facultades de naturaleza legislativa al Ejecutivo vía una agencia descentralizada, sino que también reduce los mecanismos tradicionales de control interno y externo, permitiendo un manejo discrecional de bienes públicos.Lejos de modernizar el Estado, esta iniciativa erosiona los controles, favorece la opacidad y debilita la división de poderes, pilares básicos de un sistema republicano.La insistencia del Gobierno en aprobar esta ley, contradice sus discursos sobre transparencia e institucionalidad, pues la democracia no se fortalece concentrando el poder: se sostiene asegurando el control ciudadano sobre los actos de gobierno.Veo con preocupación cómo, bajo el pretexto de, se buscan atajos institucionales para manejar el patrimonio público sin debates, sin transparencia y sin rendición de cuentas, estando convencido que este proyecto no moderniza el Estado, sino que lo vacía de controles y abre la puerta a la discrecionalidad, un terreno fértil para el abuso de poder.El Senado de Entre Ríos tendrá el próximo 29 de abril la oportunidad —y la responsabilidad histórica— de frenar este avance. No se trata de una cuestión de mera gestión administrativa: está en juego el respeto a nuestra Constitución y la protección del patrimonio público de las generaciones futuras.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por