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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 29/04/2025 00:11
El Ministerio Público Fiscal continuó la tarde de este lunes su exposición en la audiencia de remisión a juicio de la causa de los Contratos Truchos de la Legislatura, que tiene a 18 personas imputadas por provocar un desfalco estimado en 53 millones de dólares en un período de diez años: de 2008 y 2018. La audiencia ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata se retomó a las 15 y culminó a las 19. Este martes se reanudará la actividad por la mañana con otro capítulo relevante: las inversiones que realizaron los imputados. Según registró ANÁLISIS, el fiscal Ignacio Aramberry sostuvo que los acusados se movían como enjambres organizados, cumpliendo su rol con precisión casi natural. Recolectaban el dinero —”como si fuera miel”, dijo—, lo transportaban cuidadosamente a la “colmena central”, que era el estudio contable Integral Asesoría -que encabezaba Pedro Opromolla-, y lo reservaban para “nutrir” a quienes ocupaban la cúspide del panal: los verdaderos beneficiarios del esquema. Aramberry profundizó en la definición de roles dentro de esta compleja maquinaria ilícita. Señaló que el matrimonio compuesto por Hugo Mena y Flavia Beckman actuaban como obreros del fraude, auxiliados por familiares y allegados que cobraban cheques, reclutaban falsos contratistas y mantenían aceitado el sistema que garantizaba el flujo constante de fondos públicos desviados. Detrás de ellos, un entramado contable y político consolidaba una red donde todo estaba anotado, controlado y justificado, incluso ante las irregularidades más burdas. En ese punto, dio cuenta que Mena llevaba anotaciones sobre pagos y contratos en diferentes cuadernos. También dedicó varios minutos a los destinatarios finales del producto ilícito y el mantenimiento económico del grupo con contrataciones en el Senado de la Nación: varios imputados tenían contratos con los senadores nacionales por Entre Ríos, del PJ, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath. “Un grupo de personas constituían la mano de obra que ejecutaba las directivas de quienes estaban por encima. Este grupo reclutaba falsos contratistas y percibía el dinero que iba liberando la Legislatura. El Señor Hugo Mena se encargaba de registrar todo y lo hacía de manera prolija dando cuenta día a día de la actividad de la empresa delictiva a los efectos de rendir cuentas a los eslabones superiores de la cadena”, comenzó. Enseguida, ilustró la actividad con una colonia de abejas: “Recolectan la miel, es decir el dinero, y lo llevaban a la colmena. Después están las abejas bodegueras que lo reservaban para nutrir a la abeja reina, que eran los destinatarios finales del dinero. En los trabajo de campo se destacan Mena y Beckman, quienes fueron auxiliados por familiares directos realizando cobranza de cheques, reclutamiento y pago de gastos”. En ese marco, explicó que “en la necesidad de ir incorporando contratistas falsos y de mantener constante un número de contratos, acudieron a parientes, amigos o conocidos de los contratistas originales. Lo que importaba era sumar nombres”. El fiscal citó varios mensajes de correos electrónicos que, a su criterio, dejan en claro el manejo que tenía la organización. A modo de ejemplo, citó un mensaje que le envió Alfredo Bilbao a Hugo Mena el 10 de octubre de 2013, en el que le decía: “Gustavo (NR: Pérez, director contable del Senado) me pregunta por el listado de 45 personas”. En cuanto a la función del estudio contable Integral Asesoría, explicó: “El estudio permitía mantener regularizada la situación fiscal permitiendo la continuidad de los vínculos falsos. El estudio contable era muy importante porque no solo gestionaba el uso de las claves fiscales, sino que también cuando las facturas eran físicas mandaba a imprimir los talonarios y no pasaban de manera alguna por los contratistas, sino que eran entregados al matrimonio Mena- Beckman. Allí se concentraba la firma de todo tipo de instrumento”. Los cajeros del Bersa y los cuadernos de Mena También refirió que la organización contó con la colaboración de cajeros del Banco Bersa: “El sistema de cobro de cheques no podía funcionar sin la cooperación de agentes del Bersa cuyas comisiones aparecen anotadas en todas las planillas de cálculos. Aparecen referenciadas en los cuadernos de Mena como pago a banco o a cajero. En el cuaderno 1 a fojas 48, 76, 78; en el cuaderno 4, a fojas 18, 31, 50, 56, 66, 75, 77, 11, 21, 22, 26, 36, 45, 53, 62, 66, 57, 76, 79; en el cuaderno 5 en fojas 18, 31, 39, 53; en el 6, en fojas 2, 41, 45, 49, 57, 58, 61, 66. También en fojas 70, 78, 79, 81, 82, 87, 91, 97”, detalló. “El dinero, una vez colectado, se le hacían los descuentos correspondientes: los cobradores, la cochera donde iba el vehículo que llevaba a los cobradores, gastos en general y los cajeros del banco, además de los porcentajes correspondientes a Beckman y Mena y el neto era rendido a Gustavo Pérez o Alfredo Bilbao, quienes lo distribuían o lo aplicaban en beneficios propios en inversiones”, ahondó más adelante, según registró ANÁLISIS. Aramberry mencionó que en la teoría del caso de Fiscalía “aparecen como receptores del dinero Jorge De Breuil, Alejandro Almanda y Juan Pablo Aguilera”. Este último es el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, con quien fue condenado en el megajuicio en 2022. También añadió que “en algunas ocasiones también era distribuido de manera final a Juan Domingo Orabona, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez y Sergio Cardoso”. Auditores que no controlaban En otro momento, el fiscal señaló que la maniobra se concretó ya que no funcionaron los responsables de controlar los gastos. Por esa razón, se imputa por incumplimiento de deberes de funcionario público a Hernán Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Mariano Speroni y Diego Pagnoni, a quienes se les atribuye el haber omitido efectuar los controles que legal y funcionalmente debían haber realizado. “Si hubiese existido un control, otra hubiese sido la suerte. Tenemos evidencia para afirmar que los funcionarios del Tribunal de Cuentas efectuaban el contralor meramente de aquellos contratos que les eran aportados por los funcionarios implicados en la maniobra: Párez, Schneider y Cardoso”, dijo. Enseguida, mencionó mensajes “amistoso” entre el exdirector contable del Senado, Gustavo Pérez y el revisor de cuentas Hernan Javier Díaz durante 2017. Los contratados de Guastavino y Kunath Sobre el final de la externa audiencia, el fiscal Aramberry detalló una serie de contrataciones en los despachos de los entonces senadores nacionales por Entre Ríos, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath. Enumeró a varios contratados bajo la órbita de Guastavino, entre ellos Gustavo Hernán Pérez (designado el 11 de diciembre de 2013), Renato Mansilla (en el cuerpo de asesores), Roberto Faure (planta temporaria desde el 2 de enero de 2013), Héctor Gustavo Falco (ingresado el 3 de diciembre de 2013), Flavia Beckman (desde el 20 de abril de 2012), Alfredo Bilbao (desde el 2 de enero de 2012) y Andrea Demartin (con contrato de locación de servicios entre 2015 y 2018). También tenía un contrato Tomás De Breuil, hijo de Jorge, quien está imputado. Respecto a Kunath, se mencionó a María Macarena Álvarez (contratada entre 2014 y 2017), Balladares, Alejandro Ferreyra, Mena Giovani, Fernando Sernaglia y Rocío Scialocomo, todos cumpliendo funciones en el cuerpo de asesores en períodos similares. «Estas contrataciones fueron centralizadas por los integrantes de la asociación ilícita, destacándose Juan Pablo Aguilera, pero también este gerenciamiento de contratos es orquestado por Gustavo Pérez. Aguilera tuvo ingerencia directa en las contrataciones y, a nuestro juicio, sería uno de los destinatarios finales de los porcentajes abonados por el Senado de la Nación», agregó Aramberry. La investigación reveló que muchos de los contratados tenían un mismo domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que para la fiscalía sería otro indicio de la maniobra irregular: «Las contrataciones eran automáticas: se aportaba un domicilio, y el resto de los datos eran suministrados por Hugo Mena», afirmó el fiscal. Este martes continuará la audiencia con la exposición de evidencias sobre las inversiones que se concretaron para ocultar el origen ilícito del dinero.
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