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» El Ciudadano
Fecha: 28/04/2025 19:42
El 4 de abril Brisa Páez, marinero segundo de 21 años de la Armada Argentina, colapsó durante un ejercicio de entrenamiento antidisturbios en la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales en Vicente López. Golpeada en la cabeza por un instructor en una simulación de represión de conflictos civiles, estaría saliendo del estado de coma en terapia intensiva del Hospital Militar Central “Cosme Argerich”, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. Brisa habría llegado al simulacro con una preparación teórica y práctica previa de solo una o dos clases de instrucción, tal como declararon algunos compañeros de estudios, incluso algunos de ellos dijeron que no tuvieron ninguna preparación teórica antes de ser sometidos a ejercicios físicos de alta intensidad. El simulacro consistió en dividir las fuerzas: mientras los superiores actuaban como “manifestantes revoltosos”, los estudiantes debían repeler y poner orden. Según los relatos de los testigos, la andanada fue tal que no solo consistió en arrojarles objetos, sino que pasaron a la fuerza física: empujones, golpes y patadas. Los profesores tomaban carrera y embestían contra los escudos de los marineros nóveles que no tenían recursos de ningún tipo como para saber qué hacer ante tal alarde de violencia. En ese escenario, uno de los cabos pareció ensañarse con Brisa: repetidos golpes culminaron cuando el hombre tomó impulso y derribó a Páez con una patada voladora, que la hizo caer de espaldas y golpearse la cabeza contra el escudo y contra el piso. Ese cabo, cuyo nombre no se hizo público, habría tenido una relación sentimental con la mujer que terminó de mala manera y que motivó esta aparente saña contra ella; incluso habría instado a un superior a “darle con todo”. Terminada la clase, a Brisa le dolía todo el cuerpo y sus propios compañeros la llevaron al sector de sanidad de la Escuela. La atención se demoró más de la cuenta porque no había un médico de guardia y terminaron llevándola al Hospital Militar de Campo de Mayo primero, donde los médicos dudaron de la versión oficial, y derivada al lugar donde aún permanece internada en estado reservado. Siete militares, incluidos instructores y supervisores, enfrentan ahora un proceso judicial que los mantiene detenidos, mientras la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal N°1 de San Isidro, investiga acusaciones de abuso, negligencia y posible encubrimiento. En paralelo a la causa judicial la Armada Argentina inició un sumario interno de acuerdo al Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares (REAAM) para evaluar las sanciones correspondientes. Si bien la fuente directa de la Armada, consultada por Data Clave, no dio precisiones acerca del curso de esta investigación interna y sus consecuencias, integrantes de la fuerza hablan de que correspondería dar de baja a los responsables directos de la tragedia y el retiro obligatorio para el personal de mayor antigüedad. Fuerzas Armadas para el control interno Lejos de ser una tragedia aislada, el caso Brisa es parte de un cambio de paradigma de seguridad interior del gobierno de Javier Milei cuya administración, junto con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri, emprendió una campaña para expandir el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. En Salta, por ejemplo, está en marcha el «Plan Julio Argentino Roca», con un despliegue de 1300 soldados entre Salvador Mazza y Misión La Paz, que portan drones, radares y helicópteros y hasta un avión Damond con el fin de intensificar el control en las zonas rurales del norte y noreste del país en aire y tierra y operarán en áreas alejadas de los centros urbanos y fuera de los pasos fronterizos internacionales oficiales, con el objetivo de “conseguir información estratégica para la defensa nacional”. A mediados de abril y cuando Brisa era golpeada en el entrenamiento, Bullrich y Petri presentaron oficialmente en Salta el “Plan Güemes”, una estrategia de acción dispuesta a combatir el narcotráfico, el contrabando y otras actividades de “crimen organizado”, amparada en la recientemente aprobada “Ley Antimafias”. En Tartagal Bullrich dijo: “Muchos vecinos viven con miedo o conviven con criminales. Por eso venimos a decirles que tenemos identificadas a cada una de las bandas que operan en esta zona y vamos a desmantelarlas una por una”. Precisamente en el marco del «Plan Güemes», cinco gendarmes fueron imputados por el homicidio de Fernando Gómez, un bagayero asesinado en un procedimiento fronterizo. Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, el gobierno libertario impulsó una reestructuración radical del marco de seguridad de Argentina y desmanteló salvaguardas democráticas de décadas que confinaban a las Fuerzas Armadas a la defensa externa. En diciembre de 2024 dos decretos cruciales, firmados por Milei y respaldados por Bullrich y Petri, redefinieron el mandato militar. El Decreto 1107/2024 permite al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea custodiar “objetivos estratégicos” como puertos, centrales eléctricas o edificios gubernamentales, sin necesidad de declarar un estado de sitio, un poder antes reservado para circunstancias excepcionales. El decreto coloca estas operaciones bajo el Ministerio de Seguridad de Bullrich, subordinando efectivamente al Ejército a prioridades de policía interna. El Decreto 1112/2024 va más allá, amplía el marco de defensa nacional y permite la intervención militar en “amenazas internas” como el crimen organizado o el “terrorismo”, un término ominosamente vago. Estas medidas eluden la Ley de Seguridad Interior de 1991 (Nº 24.059), que prohíbe explícitamente a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad interna salvo con aprobación del Congreso y bajo un estado de sitio declarado. Bullrich es la arquitecta de este cambio. Desde 2023 su ministerio desplegó a la policía federal y la gendarmería para disolver manifestaciones con una fuerza sin precedentes, utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones masivas. La retórica de la ministra, que califica a la disidencia como “sedición”, impuso un tono de intolerancia con las Fuerzas Armadas ahora preparadas para amplificar su estrategia. “Estamos equipando a nuestras fuerzas para restaurar el orden”, declaró en enero de 2024, cuando preparaba las operaciones conjuntas con el Ministerio de Defensa para combatir el narcotráfico en Rosario, una ciudad azotada por la violencia narco. Petri, sin experiencia militar, fue igualmente agresivo en reorientar a las Fuerzas Armadas. En 2024 supervisó una purga de 22 generales del Ejército, reemplazándolos con leales como el general Alberto Presti y el brigadier general Xavier Julián Isaac de la Fuerza Aérea. Su ministerio incrementó el gasto en defensa, compró los aviones F-16 en un proceso cargado de irregularidades, y modernizó equipos para unidades de operaciones especiales, como el Comando Conjunto de Fuerzas de Operaciones Especiales (CCFOE), que incluye destacamentos de élite de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Los entrenamientos para el control de disturbios, vigilancia fronteriza y protección de “activos estratégicos”, preparando al ejército para roles internos, también son una iniciativa de Petri. En julio de 2024, un desfile militar masivo, con Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel montando un tanque del Ejército, señaló la intención del gobierno de elevar a las Fuerzas Armadas como pilar del orden nacional. Caso Brisa, síntoma de la ambición militarizada La tragedia de Brisa Páez está intrínsecamente ligada a esta nueva doctrina militar y si bien la Armada inició una investigación interna, ni la fuerza ni el Ministerio de Defensa de Petri han emitido declaraciones públicas hasta ahora. Sabina Frederic, exministra de Seguridad, calificó estos entrenamientos como “ilegales” bajo la Ley de Seguridad Interior, que reserva el manejo de protestas a las fuerzas de seguridad, no al ejército. “La Armada no tiene competencia para entrenar en represión de disturbios”, afirmó. Mariana Galvani, investigadora del Instituto Gino Germani, señaló un “solapamiento” entre los roles de Defensa y Seguridad, impulsado por el gobierno de Milei, que busca legitimar la intervención militar en conflictos internos bajo pretextos como la protección de infraestructura estratégica. El entrenamiento de Páez, realizado en una escuela naval, probablemente estaba diseñado para preparar a los cadetes para roles como la custodia de puertos o bases, funciones habilitadas por el Decreto 1107/2024. Sin embargo, la violencia del ejercicio, combinada con reportes de hostigamiento previo hacia Páez -posiblemente vinculado a una relación personal con un integrante de la fuerza-, sugiere una cultura de disciplina extrema exacerbada por la presión de adaptar a las Fuerzas Armadas a nuevos roles. La falta de protocolos claros y la demora en atender a Páez reflejan una implementación descuidada de estas políticas, que han priorizado la rapidez sobre la supervisión democrática. “Estamos viendo un Estado de sitio virtual permanente”, dijo Gastón Chillier, abogado especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. La reticencia de algunos sectores militares, incluida la vicepresidenta Villarruel, a involucrar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos por temor a repetir los errores de la dictadura, no frenó la ambición de Petri y Bullrich. El caso de Brisa Páez evoca un eco inquietante del de Omar Carrasco, el conscripto de 18 años cuyo asesinato en 1994 marcó un punto de inflexión en la historia militar argentina. Carrasco, obligado a realizar el servicio militar obligatorio, fue encontrado muerto en un cuartel del Ejército en Neuquén tras semanas de maltratos y torturas por parte de superiores y compañeros. Su caso, inicialmente encubierto como una “deserción”, desató una indignación nacional que llevó a la abolición del servicio militar obligatorio y a reformas para limitar el poder de las Fuerzas Armadas en la joven democracia argentina. Como Carrasco, Páez es una joven recluta atrapada en un sistema militar que prioriza la obediencia ciega sobre la humanidad quien, afortunadamente, salvó su vida. Ambos casos revelan una cultura de violencia institucional en la que los entrenamientos extremos y la falta de supervisión convierten a los subordinados en víctimas de un aparato represivo. Mientras que Carrasco fue un símbolo de los abusos de un ejército aún impregnado por el legado de la dictadura, Páez representa el peligro de un nuevo proyecto militarista que, bajo la fachada de la “modernización”, amenaza con resucitar prácticas autoritarias. Sin embargo, las diferencias son igualmente reveladoras. El caso de Carrasco ocurrió en un contexto de transición democrática, cuando Argentina buscaba desmantelar el poder militar heredado de la dictadura. En contraste, el caso de Páez surge en una democracia que, bajo Milei, parece retroceder hacia la militarización, con decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas roles que recuerdan los años más oscuros. Mientras que la muerte de Carrasco impulsó reformas, la tragedia de Páez podría ser un presagio de una escalada represiva, especialmente si las Fuerzas Armadas comienzan a intervenir directamente en protestas o conflictos sociales. Como dijo un manifestante anónimo tras los enfrentamientos de marzo de 2025: “Primero fueron los gases lacrimógenos, luego las detenciones. Ahora, ¿qué sigue? ¿Tanques?”. La respuesta, para Brisa Páez y para Argentina, sigue siendo una incógnita dolorosa.
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