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Parana » Paginajudicial
Fecha: 28/04/2025 16:17
El ex policía federal y ex personal civil de inteligencia durante la dictadura cumplía condena de prisión perpetua por el secuestro de Victorio Erbetta y el homicidio de Pedro Sobko, quienes permanecen desaparecidos. Cosme Ignacio Marino Demonte tenía 77 años y había sido un engranaje clave en el esquema represivo. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El represor Cosme Ignacio Marino Demonte, ex oficial de la Policía Federal y ex personal civil de inteligencia, condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, falleció el 25 de abril a los 77 años. Policía federal de carrera, Demonte había sido una pieza clave del esquema represivo: se comprobó su participación en los secuestros de Victorio Coco Erbetta y Pedro Miguel Sobko, a quien asesinó a balazos en la calle, a plena luz del día; y quién sabe de cuántos otros militantes en aquellos años. Durante la última dictadura, e incluso en los meses previos al golpe militar, la Policía Federal estaba subordinada al plan sistemático de represión ilegal, bajo las órdenes de sus autoridades. El jefe de la Delegación Paraná en esos años era el subcomisario José Faustino Fernández; pero al frente del grupo de tareas estaba Osvaldo Luis Conde, ambos subordinados al Ejército, que tenía el control operacional de la represión. En el edificio de calle Alameda de la Federación, donde aún hoy funciona la delegación, había en esos años un área específica de inteligencia, que se denominaba “oficina técnica” o “servicio de informaciones”. Era un área de acceso restringido en la planta alta, a pocos metros de la oficina del jefe, y desde allí se hacían tareas de análisis de diarios para extraer datos referidos a posibles escenarios de conflicto, se remitían informes a las autoridades militares y se coordinaban los operativos represivos con otras fuerzas. Ahí también estaba la radio-estación. Demonte secundaba a Fernández en el esquema represivo; era sus ojos en la calle y, junto con Conde, quienes comandaban los operativos de secuestro de personas, como ha quedado corroborado por testigos del secuestro de Erbetta y el homicidio de Sobko. Erbetta fue secuestrado el 13 de agosto de 1976. Cerca de las ocho de la noche, policías federales vestidos de civil se lo llevaron del edificio donde actualmente funciona la Facultad de Ciencias Económicas, en calle Urquiza, entre La Rioja y Ferré. Uno de ellos fue reconocido como Demonte, que vestía saco azul y pantalón gris; otro era un hombre de unos 45 años, que llevaba un ambo de color beige; y el otro llevaba saco y corbata. Paralelamente al procedimiento en la facultad, una patota del Ejército realizaba un allanamiento en la casa donde Coco vivía con su madre y sus hermanas. De acuerdo con la reconstrucción que se ha hecho en estos años, Erbetta pasó unas horas en la sede de la Policía Federal y al otro día fue trasladado al Escuadrón de Comunicaciones del Ejército, donde fue torturado hasta la muerte. Sobko, por su parte, fue secuestrado el 2 mayo de 1977 por una patota de policías provinciales y federales en el barrio San Agustín. Lo encapucharon, lo maniataron y lo subieron a un Ford Falcon rumbo a la Comisaría Quinta. Alrededor de las once de la mañana, volvieron a trasladarlo, esta vez en el baúl de otro auto no identificable. Cuando el vehículo marchaba por Avenida Ramírez, debió detenerse por un embotellamiento y Sobko logró abrir el baúl y, esposado, corrió hasta esconderse en un baldío, donde fue alcanzado por dos policías. Uno de ellos, Demonte, lo acribilló a balazos. Luego lo cargaron en el Ford Falcon y se dirigieron hasta el Hospital Militar. Ambos permanecen desaparecidos. En 1978 se incorporó como personal civil de inteligencia del Batallón 601, a partir de una recomendación del suicidado Paúl Alberto Navone, que también estuvo involucrado en el robo de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Ya retirado, en marzo de 2010, recibió una credencial que lo autorizaba para desempeñarse como agente de una empresa de seguridad privada en Paraná. Lo hizo brevemente, ya que el 17 de abril fue detenido y acusado por crímenes de lesa humanidad; fue condenado en 2015 y no volvió a vivir en libertad. Su condena se produjo después de un larguísimo proceso judicial, elongado precisamente por chicanas y maniobras dilatorias de toda laya por los abogados de Demonte y otros represores. En medio de ese proceso llegó incluso a denunciar al Estado argentino ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU argumentando que se había prolongado su prisión preventiva más allá de cualquier plazo razonable. Actualmente cumplía arresto domiciliario en la localidad de Las Rabonas, en la provincia de Córdoba, con un dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física, a raíz de que padecía una enfermedad terminal.
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